Juan Francisco Santana Armas | A fecha de enero de 2020, 20 de los 28 gobiernos de la Unión Europea son de coalición, aunque resulte excepcional que estén formados por fuerzas de izquierda.
Tras el fin del régimen del bipartidismo, un nuevo escenario de gobernabilidad compartida en España se adapta a la nueva realidad social, y lo que en nuestro país es aún un territorio sin explorar, en el resto de países europeos constituye una práctica común y ampliamente extendida.
Hasta hace relativamente poco tiempo, los politólogos han dedicado escasa atención al estudio de las coaliciones, y más específicamente a los gobiernos de coalición, y se han contentado intelectualmente con la afirmación de que los gobiernos de coalición son unos ejecutivos débiles, que llevan indefectiblemente a compromisos poco satisfactorios y a la inestabilidad política. El enfoque constitucionalista característico de la ciencia política tradicional tiende a enfatizar los conflictos entre el ejecutivo y el legislativo, así como entre los partidos políticos antes de centrarse en la mecánica y dinámica de la coalición.
Este primer gobierno de coalición de la reciente etapa democrática nace enfrentado al problema de Cataluña, la crisis territorial más compleja en la historia de España
Dado que la gran mayoría de los textos constitucionales no hacen ninguna distinción entre los diferentes tipos de procedimientos a seguir en el caso de un gobierno de coalición o monocolor, tampoco lo hacían los politólogos. Además, las habituales categorías empleados por los éstos -ejecutivo, legislativo, gabinete- tienden a pasar de largo en cuestiones sobre cómo el modus operandi de los gobiernos unipartidistas o de coalición es esencialmente desigual y diferente.
La consecución de la mayoría absoluta y del gobierno en solitario, aunque sea en minoría, son los objetivos más deseados de todos los partidos. Mientras, la coalición política representa la desdichada necesidad de establecer pactos de gobernabilidad, es decir, de cooperación para lograr la legitimidad, la estabilidad y la eficacia que toda gobernación desearía. Este eco rousseauniano resuena constantemente en nuestra cultura política.
Estos Gobiernos híbridos son generalmente la imagen de una sociedad dividida por idiomas, culturas, tradiciones y visiones políticas diferentes. Y la historia italiana demuestra que los ejecutivos de coalición no han dado buen resultado, a diferencia de las experiencias de países nórdicos y centroeuropeos.
La experiencia de las coaliciones entre partidos políticos y grupos parlamentarios durante los procesos de formación y ejercicio del gobierno, en sus diferentes ámbitos territoriales, despierta enormes críticas y recelos entre los españoles.
Desde los años sesenta del pasado siglo XX, un conjunto de teorías ha intentado dar explicación a estos procesos de formación de gobiernos de coalición. Estas teorías se han desarrollado siguiendo dos caminos claramente diferenciados.
Por un lado, encontramos la tradición generada a partir de la teoría de la elección racional y su derivada de la teoría de juegos, un enfoque formal que reduce el proceso de formación de gobiernos de coalición a un tipo específico de interacción social y que, de manera deductiva, deriva proposiciones teóricas fundamentadas en un conjunto finito de supuestos fundamentales.
Y, por otro lado, están aquellas formulaciones teóricas más conectadas con la tradición europea y que se conocen con la denominación de teorías multidimensionales, aproximaciones fundamentadas en un enfoque empírico, inductivo, que pretende inferir generalizaciones de análisis sistemáticos del mundo real, pretendiendo explicar el fenómeno de la coalición más allá de la simple descripción de las posibles soluciones al juego coalicional.
El núcleo común de ambas tradiciones se sitúa en la constatación de que en la mayoría de democracias occidentales, las elecciones no deciden verdaderamente quién gobernará. Pues, quién gobernará se decide, en cambio, por las negociaciones coalicionales entre los partidos políticos que han concurrido a las elecciones.
Los procesos de formación de gobiernos de coalición se estudian desde un conjunto de teorías para las cuales las motivaciones y los objetivos que persiguen los actores políticos determinan aquello que intentarán maximizar con su comportamiento. A pesar de que de cada modelo teórico se derivan explicaciones diferentes sobre cuál será el tipo de coalición que se tenderá a formar y por qué, hay un conjunto de proposiciones fundamentales que son la base comúnmente aceptada sobre la cual se han construido estas teorías.
Pese a todo esto, ello no quiere decir que un gobierno de un solo partido, apoyado por un grupo parlamentario mayoritario, sea menos democrático o menos legítimo. Lo que ocurre es que el proceso democrático sería, posiblemente, menos plural, es decir, que este partido gobernante podría no tener en cuenta opiniones de las otras minorías y organizaciones sociales y políticas, que representan a la pluralidad social, cultural, racial, lingüística en las sociedades postindustriales actuales. Y, en todo caso, el debate estaría condicionado por la riqueza de opiniones internas al partido que gobierna, en muchos casos bastante reducida.
Al comienzo de cada legislatura, en las democracias parlamentarias, el proceso político se inicia con una negociación múltiple entre las élites de los partidos. Los líderes encargados de tal negociación asumen la representatividad de los votantes y de los grupos parlamentarios. Este primer gobierno de coalición de la reciente etapa democrática nace enfrentado al problema de Cataluña, la crisis territorial más compleja en la historia de España. PSOE y Unidas Podemos suman 155 diputados en el Congreso y necesitarán el apoyo de otros 21 parlamentarios para aprobar las reformas prometidas en materia económica, judicial, social y medioambiental.
Asuntos como los presupuestos generales y fiscalidad, pensiones, reforma laboral, nuevas leyes orgánicas (eutanasia y justicia universal), lucha contra la impunidad de la corrupción, renovación del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, eliminación de aforamientos, ley de cambio climático y reforma educativa, esperan una verdadera respuesta progresista en las expectativas y esperanzas de más de 46 millones de españoles.