lunes 27/9/21

La ley Celaá en el punto de mira, pero no solo

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La CEDA nunca se marchó

La Confederación Española de Derechas Autónomas fue una coalición española de partidos católicos de derechas durante la Segunda República (1931-1939). Se constituyó en 1933 y, según su jefe José María Gil Robles, era “una organización defensiva para proteger la religión, la familia y la propiedad”. Defensiva y ofensiva, habría que añadir. Según este fascista, la CEDA apostaba por “la afirmación y defensa de los principios de la civilización cristiana”. Su programa se resumía en estos términos: “Religión, Patria, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad”. Excluía la monarquía, pues para la CEDA todas las formas de gobierno eran accidentales. En definitiva, la CEDA era un partido clerical, antiliberal y católico.

Gil Robles afirmaba que “la democracia no es un fin, sino un medio para la conquista del Nuevo Estado”, fascista, claro. “Cuando llegue el momento, ya sea a través del parlamento, la eliminaremos (la democracia)”. Mientras tanto, el trabajo inmediato consistió en dinamitar la constitución de 1931 y, al no conseguirlo por vías democráticas, se aliaría con los golpistas de 1936.

No sé por qué -en realidad lo sé muy bien-, pero, con ocasión de las manifestaciones organizadas por la plataforma Más plurales contra la Lomloe -Ley Orgánica para la Modificación de la LOE- o mal llamada Ley de Celaá, no he podido evitar el recuerdo avinagrado de la CEDA, porque, al repasar su ideario, en nada se diferencia de los presupuestos ideológicos que en estos momentos enarbola la derecha para, más que rechazar una ley, incriminar al gobierno y enlodazar el nombre de la ministra.

Descalificar una ley de educación apelando a falacias argumentativas tan infantiles y tan poco fundamentadas, revelaría la endeblez intelectual de quien las usas

Aún no se ha aplicado la ley y ya se la han cargado. No es la primera vez.

En 1910, antes de ser discutida, aprobada y puesta en marcha la famosa Ley del Candado, inspirada por el estadista José Canalejas, la derecha del país se echó a la calle para denostarla y demonizar al presidente del gobierno, tildándolo de “anticlerical, masón, súcubo y ateo”. Curiosamente, quien más leña echó al fuego de esta hoguera fue el abogado católico Ángel Herrera, en su periódico El Debate, convertido más tarde en órgano de expresión de la CEDA. La Ley del Candado prohibía durante dos años el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España. La Iglesia puso el grito en el cielo acusando a Canalejas de pretender descatolizar a España, cantinela que repetiría contra Azaña. Siempre es la misma historia triste de España

Las derechas de hoy son calcadas a las que apoyaron a la CEDA como las que se opusieron a la Ley del Candado. Bueno, han cambiado, pero no evolucionado. Y lo peor es que esas personas que se han manifestado contra la ley no tienen ni idea de su contenido y, probablemente, no lo tendrán en su vida. De hecho, en sus manifestaciones han abundado conceptos políticos, patrioteros e insultos, nunca términos pedagógicos o educativos. Ni siquiera se ha recalcado que se trata de una ley para modificar algunos aspectos de la LOE, una ley de educación que fue aprobada en 2006 por el gobierno de Zapatero.

Y no lo digo porque esa masa de manifestantes sea una masa indocumentada, sino porque los políticos de este país, en este caso las derechas, en cuanto se hagan con el poder -esperemos que por sufragio universal-, redactarán otra ley que modifique aspectos de la ley de Wert. Y, por tanto, no darán tiempo siquiera para comprobar si estas nuevas modificaciones de la ley funcionan para satisfacción de una mayoría.

Lamentablemente, nada o muy poco hemos aprendido desde que se implantó la transición y que de forma pertinente habría que llamar transacción. A pesar de las leyes educativas aprobadas seguimos discutiendo las mismas cuestiones ideológicas de siempre que para nada mejoran o empeoran el sistema educativo per se: “que si la religión debe contar o no para nota, que si es equitativo el reparto del currículum por autonomías, que si las repeticiones de curso son o no necesarias, que si el castellano o español es la lengua vehicular (que ya estaba en la ley de Wert(igo)… Hasta la RAE ha intervenido en el asunto a favor de su habitual centralismo político-lingüístico, demostrando así su despotismo ilustrado.

He dicho que se trata de cuestiones poco importantes, pero acepto que para muchos se trate de asuntos transcendentales. Lo demostraría la intervención del ultra Carlos Herrera en la Cope al advertir de que “la ley de la Celaá lo que pretende es que los niños sigan pensando que Franco sigue vivo y que ETA ha desaparecido”. Bueno, eso es lo que piensa Herrera, con o sin Ley, ¿no?

Escuela pública y privada

¿Y quién no está harto de las discusiones entre escuela pública y escuela privada, concertada y religiosa? La escuela pública es gratuita y la privada, sea concertada o religiosa, un negocio y hay que pagarla. Lo que, tratándose de un derecho del ser humano no se debería consentir. Pues los derechos humanos no se compran.

La enseñanza privada, no es solo negocio, sino una plataforma de adoctrinamiento político y religioso dirigido contra cualquier gobierno de izquierdas. Y ello con las excepciones existentes para poner a prueba la regla.

Aún se sigue defendiendo que la enseñanza privada -concertada y religiosa-, ofrece una educación y formación superior a la que se imparte en la pública. Desengañémonos. Andresa Schleicher, director de Educación en la OCDE y responsable de PISA, aseguraba que “la privada en España se ha convertido en un forma de segregar a los alumnos por su contexto social, pero no parece muy efectiva a la hora de elevar la educación, al menos de acuerdo con los resultados de PISA”.

En mis tiempos de profesional de la tiza, solíamos decir que los poderes públicos habían convertido la pública en el basurero de la privada. Todo lo que rechazaba la privada iba a parar a la pública. Ni siquiera acogían en sus aulas al alumnado que les correspondía por ley.

Y hoy no hay motivo para la esperanza. Aquel panorama, a todas luces injusto y sectario, sigue igual. En estos momentos, nueve de cada diez niños sin recursos y ocho de cada diez inmigrantes están escolarizados en la pública, pese a que esta instruye al 67,1% del alumnado. La concertada lo hace en el 25,5 y la privada el 7,4%. En Navarra el 63% del alumnado estudia en la red pública y el 37% en la concertada, la gran mayoría en manos de entidades relacionadas con la Iglesia Católica.

¡Libertad, pluralidad e igualdad!

Aunque las restricciones debidas a la pandemia prohíben concentraciones masivas, las derechas han salido a la calle en masa a atizar un poquito más si cabe su lucha endémica e infecciosa contra el gobierno de Sánchez. Y tiene traca que quienes dicen que se sienten ninguneados por la LOMLOE, ¡pobrecitos!, salen a la calle con pancartas gritando que quieren ser “Más libres, más plurales y más iguales”. Ya dijo el oráculo de Herrera que la ministra “ha puesto en marcha un ataque devastador contra la libertad, que ha iniciado una agresión revestida de ideología”. Ya. Me gustaría saber en qué aspectos concretos la libertad de insultar, habitual en este periodista, se ha visto mermada por “este ataque devastador liberticida de la peor ministra de educación que ha habido”.

Según la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos del Estado (CEAPA) de la enseñanza pública, y la patronal de la privada (CICAE), las llamadas clases complementarias que se imparten en centros concertados y privados -y que son clases ilegales-, el 10% de su alumnado tiene que abandonar estas aulas porque no pueden pagárselas. Bonita manera de practicar la igualdad de oportunidades y la libertad para poder elegir.

Lo más cínico de este espectáculo es que las derechas reivindiquen la igualdad. No calificaré cuál es el tratamiento que recibe en los colegios privados, concertados y religiosos, pues sería necesario un estudio riguroso de tal concepto, pero, si se tiene en cuenta la persecución que los representantes ideológicos de tales centros aplicaron al programa educativo llamado Skolae, poco más habría que añadir. Los mismos que atacan ahora la ley Celaá -entre ellos, UPN, ahora Suma+, PP y la CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos)-, son quienes atacaron al Gobierno Foral navarro al defender este Skolae, pues trataba de “adoctrinar a los alumnos con las asignaturas de igualdad, prevención de la violencia y sexualidad”.  

Como se recordará, el programa de Skolae promovía la educación en la igualdad y la educación afectivo sexual de los escolares de Navarra. Skolae encontró una agresiva oposición tanto en las asociaciones de familias católicas como en UPN, ahora Suma, pues “el programa quería secuestrar ideológicamente a los niños ignorando los derechos de los padres”.

Niños con necesidades educativas especiales

En cuanto a la escolarización  en el sistema educativo de niños con necesidades especiales, la LOMLOE propone que “en el plazo de 10 años las escuelas se adaptarán para acoger a niños con discapacidad y que asistan a centros de educación especial” (Disposición adicional cuarta. Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales).

Entiendo que se trata de un asunto muy delicado. Y hay que ser muy torpes para acusar al gobierno de falta de sensibilidad en este asunto o de desinterés por solucionar una situación compleja, que requiere mucho tacto y la sinergia de factores que intervienen en el proceso de facilitar la integración de estos niños.

Afirmar que con la nueva ley se discriminará y se terminará con lo que hay, es demagogia. Hasta la fecha, ningún gobierno, socialista o de derechas, ha encontrado una solución a este problema. Nadie debería, por tanto, acusar a nadie de dejación o de dinamitero. Y no debería hacerlo por respeto a esos niños, que en España alcanza la cifra de 35.000.

Pocas veces se ha ensayado en la práctica una combinación entre los servicios facilitados por los centros ordinarios y los centros especiales para conseguir que estos niños se sientan “integrados” allí donde se encuentren. La integración es un concepto enrevesado que no todas las personas entienden de igual modo. Ni los padres, ni los especialistas, ni la administración. Como dice la LOMLOE, optar por una enseñanza inclusiva es el reto. Solucionar esta situación complicada con insultos y agravios comparativos no es el camino. Rajoy, Pilar del Castillo, Wert y Méndez Vigo fueron ministros de educación de gobiernos de derechas. ¿Qué hicieron por los niños con educación especial? Su recuerdo debería llevar a las derechas a ser más prudentes en sus vesánicas acusaciones.

Aumentar la vagancia de la sociedad

Se quejaba Casado que la ley, al establecer la no repetición de curso por parte del alumnado aunque tenga dos asignaturas suspendidas que no sean troncales -es lo que se viene haciendo hasta la fecha-, y “excepcionalmente” obtener el título de bachillerato con una asignatura suspendida, provocará la creación de una sociedad de vagos y dinamitará “la cultura del esfuerzo”, un eslogan que, dicho de paso, encierra muchas trampas.

Parece mentira que Casado ignore su propia situación. ¿Acaso ha olvidado que él obtuvo un título universitario mediante la vía exprés de un master apañado y corrupto? Si alguien en este país se ha reído de la “cultura del esfuerzo”, ha sido él. Y hasta parece procaz que ignore lo que pensaba al respecto Méndez Vigo, ministro de educación que sustituyó a Wert, y que, después de darle vueltas al asunto, dijo que “había comprendido que repetir curso no es la solución”. Mentar la soga en casa del ahorcado es una mala táctica, porque, a fin de cuentas, ¿por qué Casado no arremetió en su día contra Méndez afeándole su pertenencia al club de la cultura sin esfuerzo?

Un aspecto de la ley muy positivo y del que no se habla, se refiere a la modificación de los itinerarios tempranos que, hasta la fecha, obligaban al alumnado de 14 años a inclinarse por la FP o bachillerato.

Se reconoce que es un grave error condicionar la evolución intelectual y laboral de una persona de 14 años, mayormente inmadura, obligándole a decidirse por un itinerario específico y excluyente a esa edad, cuando, en realidad, no hay razonamiento psicopedagógico ni capitalista convincente que lo aconseje.

Con la nueva ley, el alumnado tendrá abierta la puerta para seguir estudiando. Los itinerarios tempranos y excluyentes, así como el de las asignatura compartimentadas, han sido un tremendo error pedagógico, que la nueva ley propone corregir.

Religión a la deriva

No es posible que a estas alturas y en un estado aconfesional establecido por la Constitución se siga impartiendo religión en las aulas, sea como asignatura optativa u obligatoria. Es una vergüenza.

Todas las cuestiones relacionadas con esta asignatura -aspectos relacionados con su puntuación o si tendrá alternativa o si el profesorado -nombrado por el obispado y pagado por el Estado-, encontrará más dificultades laborales para ejercer como tales trabajadores que no como funcionarios-, son aspectos advenidos por culpa del Gobierno, al no defender en la práctica el carácter aconfesional del Estado.

Una situación que no debería darse si el Gobierno anulase de una vez por todas el Concordato con la Santa Sede, concordato que sigue siendo un botín de guerra franquista obtenido tras un golpe de Estado.

El Estado ha invertido 300 millones en el pago de los profesores de religión, alrededor de 13000, en el curso 2018-2019. Se dice pronto: trescientos millones que pagamos entre todos. Para colmo, el número de docentes se ha incrementado en un 36% en los últimos cuatro cursos, mientras que el alumnado se ha reducido en un 7,9%.

En cuanto a la cuestión qué harán los escolares que no cursen religión al no existir una asignatura, el cabreo de la derecha es monumental. La ley deja al abur de los centros y autonomías su desarrollo curricular.

Ciertamente, el Gobierno se complica la vida permitiendo esta chapuza de asignatura que no tiene valor académico -si no lo tiene la religión, ¿por qué lo tendrá su alternativa?-, y cuyo contenido curricular será necesario improvisar sobre la marcha. Y es problema que viene de antaño.

La solución lógica y racional sería suprimir la enseñanza de la religión en la escuela. Ganaría la música. Y a Dios seguro que no le importa. Al PP, sí, claro. De hecho, el PP, para variar, ya ha llevado la ley al Constitucional y a Celaá a la hoguera.

Argumentos ad hóminem

a) Es probable que muchas personas lamenten que esta ley modificadora no haya sido aprobada por todos los consumados estadistas que hay en el Parlamento. Pero esa falta de uniformidad no significa que la ley esté atravesada por una maldad intrínseca. Tendrá sus insuficiencias, como todas las leyes. Es inevitable. La cuestión es comprobar si su aplicación consigue avances en la mejora intelectual y cívica de quienes crezcan bajo su influencia. Si esto no es así, no le demos más vueltas. Habrá que volver a reformularla. Máxime si la sociedad lo reivindica.

b) Lo que no se puede permitir por decencia es evaluar la bondad o maldad intrínseca de una ley apelando a una deficiente incoherencia del presidente del gobierno, así como de la ministra de educación.

Decir que la ley no puede ser buena, porque quienes la defienden son unos hipócritas o unos incoherentes, que dicen una cosa y en su vida particular han hecho lo contrario, merecería un aplauso si realmente semejante conductismo fuese una vara ética de medir el comportamiento de las personas.

Las derechas se han relamido de gusto al desempolvar de las hemerotecas el hecho de que el presidente Sánchez estudió EGB en un colegio concertado y la ministra en el colegio católico del Sagrado Corazón de Bilbao, añadiendo, por si fuera poco, que sus hijas lo hicieron en un colegio de élite, religioso y segregado, las Irlandesas de Lejona. En tiempos pasados, ya aplicaron semejante acusación a Rodríguez Zapatero, del que supimos que estudio Primaria en el Colegio Discípulas de Jesús, de León, y bachillerato y Cou en el centro privado Colegio Leonés (1970-1977). Y, ya puestos, recordarán que Carmen Calvo estudió en las Madres Escolapias; Nadia Calviño en un colegio privado, en el Colegio Estudio en Aravaca, de Madrid; que Marlaska estudió en La Salle, en Bilbao; que Margarita Robles, en el colegio religioso santa Teresa de León y que Salvador Illa en la Escola Pía de Granollers, concertado y católico, dirigido por escolapios.

Ante semejante panorama, las derechas han montado en cólera pues lo menos que podían esperar es que estos socialistas que, han estudiado en la privada y en colegios religiosos, se mostraran más que agradecidos, benefactores. Lo ha dicho la plataforma Más plurales: “Todo aquello contra lo que ahora lucha la ministra de educación, se aprovechó ella y sus hijas”.

Menos mal que Pablo Iglesias, Teresa Ribera y María Jesús Montero cursaron sus estudios en la pública. Y, por tanto, siguiendo la lógica vengativa de la derecha, cabría afirmar que este triunvirato sí tiene derecho a dictar leyes contra la enseñanza concertada, religiosa o, simplemente, privada a secas, y defender a diestra y siniestra la enseñanza pública, caiga quien caiga. Porque, al parecer, ser coherente con los propios principios te da derecho a condenar todo aquello con lo que uno no comulga. Y menos mal que estas derecha reivindican más libertad, más igualdad y más pluralidad.

Muchas de las personas que asistieron a las manifestaciones convocadas por la plataforma Más plurales tienen escolarizados a sus hijos en la escuela pública. Por tanto, cabría también acusarlas de incoherencia, porque ¿qué pintan en una manifestación cuya finalidad era la defensa de la escuela privada, concertada y religiosa si llevan a su hijos a la escuela pública? Al hacerlo, y siguiendo la misma argumentación ad hóminem anterior, estarían tirado piedras contra su propio tejado.

c) Se piensa que ser coherente -comportarnos de tal forma que lo que hacemos es fiel reflejo de lo que pensamos-, es un valor importante. Desengáñense. Hitler y Franco fueron coherentes con lo que pensaban y, si lo que hicieron fue reflejo de ese pensamiento, saquen ustedes la cuenta.

Antes de criticar la conducta de alguien afeando su falta de coherencia, estaría bien pensar antes en qué principios se asienta dicha coherencia. Ser coherentes está muy bien siempre y cuando que lo sea con principios que no atenten contras los derechos humanos. Si no es así, ya pueden irse metiendo dicha coherencia por donde la espalda pierde su nombre.

Los políticos no están para ser coherentes con sus pensamientos -a saber lo que piensan interiormente de tantísimas cuestiones con las que tienen que enfrentarse-, sino para elaborar, respetar y cumplir las leyes que satisfagan los intereses de la ciudadanía plural, hayan ido aquellos a un colegio privado o religioso en su infancia, sean vegetarianos, les guste la ópera, vistan de negro, lleven coleta o les pirren los espárragos.

Descalificar una ley de educación apelando a falacias argumentativas tan infantiles y tan poco fundamentadas, revelaría la endeblez intelectual de quien las usas. Además, caso de que las derechas acertaran en sus críticas, tendrían que sentirse más que satisfechas al comprobar que la plana mayor del gobierno estudió en colegios religiosos y concertados.

Peor habría sido que lo hicieran en escuelas laicas de verdad. Entonces sí que sabrían lo que es un Estado aconfesional y una ley coherente con dicho Estado.

La ley Celaá en el punto de mira, pero no solo