Pocos entienden que un juez dicte prisión para unos titiriteros, en un país lleno de delincuentes confesos que campan a sus anchas gozando su libertad
Parecía que todo había quedado atrás, pero se producen acontecimientos que nos arrastran a la cruda realidad. En España ha vuelto la represión de la libertad de expresión. Ha sido por las reformas que el Partido Popular ha establecido. Tiene que constituirse un gobierno que derogue todo lo ejecutado por el PP, por decencia y dignidad de forma inmediata. Hemos retrocedido años en el ejercicio de los derechos y las libertades, que con tanto sufrimiento conseguimos. Han metido presos a dos titiriteros.
En esta semana de Carnavales, el viernes 5 de febrero se ha producido en Madrid la detención de dos artistas que representaban la función de teatro La Bruja y Don Cristóbal, programado erróneamente por el Ayuntamiento de Madrid para todos los públicos, cuando no es una obra infantil, como puede observarse en la Web de la compañía granadina Títeres desde Abajo. Entiendo que se ha hecho una interpretación equivocada del contenido de la obra, que llevó a algunos padres a malinterpretar y sacar de contexto algunas escenas. Tal fue la confusión creada, que algunos vieron apología y enaltecimiento del terrorismo, donde lo que se representaba, era una escena en la que se prepara un montaje policial para acusar de esos delitos a uno de los personajes de la obra. El escándalo estaba servido.
En La bruja y Don Cristóbal se revive a Don Cristóbal Polichinela, ese oscuro personaje de la tradición popular ibérica. En esta ocasión, Polichinela se presenta bajo diferentes formas para imponer su voluntad a base de cachiporra. También habita en estas tierras una bruja que tiene la firme decisión de amar su libertad por encima de todo y no dejarse pisotear por ningún Don Cristóbal, por mucho poder que éste se arrogue.
Un acto festivo de carnaval, organizado por el Ayuntamiento, ha terminado como si fuera un acto terrorista. Parece ser que desde el principio, los progenitores se sintieron molestos por algunas de las escenas del espectáculo. El carnaval es el carnaval y siempre ha sido reivindicativo y contra el poder establecido. Recuerdo en mi niñez los curritos en el Retiro, donde la trama consistía en porrazos para la bruja y los malos, por parte de los héroes defensores de la justicia, a trancas y bastonazos.
De lo que estoy seguro es que los treinta y tantos niños y niñas no han entendido nada de lo que vieron. Los padres enfadados llamaron a la policía, montando el verdadero espectáculo. La policía municipal detiene a los titiriteros. Llega la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y de Información, que se dedica a la lucha antiterrorista y contra los grupos antisistemas. La situación iba tomando cuerpo. Detienen a los artistas, les leen sus derechos y los trasladan a la Brigada, acusados de un delito de apología del terrorismo. Todo es un despropósito organizado por el Ayuntamiento que no tenía que haber programado la obra y los padres no haberse llevado a tiempo a sus hijos. Esperemos que no termine todo como un despropósito más policial y judicial.
Los artistas ya están en prisión «incondicional», mediante el auto dictado por del magistrado Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, por la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo, que según la última reforma del Código Penal, en el artículo 578, prevé unas penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. También se les acusa de un delito cometido «con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución», que encaja en el artículo 510 CP, que «serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses». El magistrado explica que fueron detenidos durante el desarrollo de la obra La bruja y don Cristóbal, donde «escenificaron numerosas acciones violentas», mostrando una pancarta con la leyenda «Gora Alka-ETA», como juego de palabras referido a Al-Qaeda, entendiendo que el enaltecimiento no iba sólo dirigido a la banda terrorista ETA sino también a Al-Qaeda.
Y todo esto ha ocurrido durante los Carnavales, una celebración pagana, manifestación de la libertad de expresión cultural del pueblo, oculto tras mascaras y disfraces, ante las persecuciones del poder establecido –no siempre legítimamente–, criticando o poniendo en evidencia la realidad –presente o histórica–, de acontecimientos marcados por las formas de gobernar o simplemente visualizando acontecimientos de la vida cotidiana. Los carnavales han sido una expresión contra el anticlericalismo religiosa imperante, que se celebra antes del inicio de la cuaresma cristiana. El pueblo, a través del carnaval, se convierte en antisistema, contra el poder y la religión. Franco no pudo con ellos, aunque quedaron tocados y controlados por la policía social a su servicio.
La concejal de Cultura, Celia Mayer, ha declarado la total «indignación» en la que se encuentran, tras lo sucedido en el espectáculo infantil (que no lo era), donde se exhibió la dichosa pancarta. El Ayuntamiento ha ordenado «con carácter inmediato el cese de la relación laboral con los programadores del Carnaval de Madrid» e interpuesto una denuncia contra los responsables de lo sucedido. Por su parte el ministro en funciones del Interior, Fernández Díaz, con su habitual antipatía, tono de enfado y regañina, ha calificado de «absolutamente repugnantes» los hechos que traspasan «todas las líneas rojas». Y casi todos contra la alcaldesa Carmena, a quien culpan de todos los males.
El contenido de la obra teatral por si mismo no viola la ley, las supuestas alusiones proetarras están sacadas de contexto y la detención de los artistas es una forma de hacer política vengativa, propia del PP, alejada de comportamientos democráticos. A su servicio, una maquinaria mediática sin escrúpulos, que no soporta la disidencia y que sigue recurriendo al «todo es ETA». Pero lo cierto es que el terrorismo de ETA ya no es, afortunadamente, un problema percibido socialmente como preocupante. Según el barómetro de opinión del Consejo de Investigaciones Sociales del mes de enero, el terrorismo de ETA es una preocupación solo para el 0,1%, frente al paro que lo es para el 77,9%, la corrupción y el fraude lo es para el 39,2%. Los políticos, los partidos y la política en general es una preocupación para el 23,4%. Mantenedla y no enmendarla y palo y tente tieso, es lo que el Gobierno en funciones continúa haciendo.
Malos tiempos corren para el ejercicio de los derechos y como hemos visto contra la libertad de expresión, que con el PP en el gobierno se ha visto limitada. Necesitamos un gobierno de cambio, progresista y por la izquierda, que entone el ambiente, nos lleve a otros momentos mejores y elimine las normas que la derecha reaccionaria y corrupta del PP ha establecido. Si los que pueden no lo hacen, pactan, acuerdan o convienen con la derecha, deberán dar explicaciones al ante el pueblo.
Dicen que no se puede gobernar a cualquier precio y tienen razón. La dignidad y la decencia política e ideológica no se pueden ceder a cualquier precio. El socialismo democrático por la igualdad, la justicia social y la solidaridad, tienen que quedar por encima de cualquier planteamiento. Con la derecha no se forma un gobierno ni de cambio ni de progreso; sino de derechas y muy de derechas, que no respeta y ataca los derechos y las libertades.
La CNT de Granada, sindicato al que pertenece uno de los detenidos, ha puntualizado, algunos aspectos sobre la obra, que fue expuesta en Granada hace una semana y nada ocurrió. Hace una referencia a la persecución de anarquistas, estilo Operación Piñata. El cartel de «Gora Alka-ETA» es una pancarta que, en la obra, un policía coloca a la protagonista, inconsciente tras ser golpeada, para sacar una foto y elaborar la acusación contra ella. Otros detalles de la obra han sufrido tergiversaciones semejantes. La ignorancia, la mala interpretación o la utilización perversa de todo, para zaherir al rival político, no pueden poner en jaque la libertad de expresión ni la libertad creativa. La obra de teatro nunca debió programarse como espectáculo infantil. Los padres nunca debieron llevar a sus hijos a ver una obra con el subtítulo «A cada cerdo le llega su San Martín». El Ayuntamiento debe dirimir las responsabilidades como parece que está haciendo. Todo, menos cargar contra los autores o intérpretes de la obra.
Una sátira no puede ser entendida como delito de enaltecimiento del terrorismo. Ahora Madrid, en un comunicado manifiesta que «la sátira es un elemento cultural útil y enriquecedor en muchos contextos, algo que resulta especialmente cierto en el del Carnaval». Defienden «la libertad de expresión y el derecho a la crítica social y política a través de la sátira» y consideran «importante respetar las garantías jurídicas de todas las personas». «En una democracia sana hay que proteger toda libertad de expresión, hasta la que no nos guste», dice en facebook la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Para Alberto Garzón es muy peligroso lo sucedido «Estamos instalados en un clima de autoritarismo terrible e inaceptable». Estoy de acuerdo: La sátira no es un delito y lo que ha ocurrido es un ataque a la libertad de expresión.
Pocos entienden que un juez dicte prisión para unos titiriteros, en un país lleno de delincuentes confesos que campan a sus anchas gozando su libertad. Estamos en carnaval y la hipocresía es fácil ocultar tras una máscara. Mañana con la cara descubierta, la realidad será la que es y la represión contra la libertad de expresión mostrará su cara más feroz. Terminemos con esta dictadura popular, ahora vestida de carnaval de forma indecente y contra las libertades. No hay democracia sin libertad de expresión. #LibertadTitiriteros.