No se confundan por el título del artículo. No es que el pueblo haya dado un golpe de estado, es el gobierno del Partido Popular quien lo da. Utiliza su mayoría absoluta legal, para subvertir la apropia Constitución de forma ilegítima. Elimina derechos sociales y recorta derechos fundamentales y libertades públicas. Como el Sistema se lo permite, tendremos que pensar en cambiarlo.
En la rueda de prensa del viernes tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, ha defendido la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, porque cree que defiende las libertades y los derechos de la ciudadanía. Nos toma por estúpidos, confundiendo conceptos. El gobierno atrasa por ajustes técnicos unas semanas el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, pero la suerte está echada. Para el presidente Rajoy no es una «mordaza», pero lo cierto es que volvemos a la ley de vagos y maleantes utilizada por el régimen fascista.
Esta reforma, si termina aprobándose, coarta la libertad de los ciudadanos, ejerce un mayor control sobre las protestas callejeras, intentando evitar la crítica al gobierno. Hay que oponerse con todas las fuerzas posibles a la criminalización de la protesta social. Si no teníamos bastante con el futuro Código Penal, que criminaliza la protesta social —derechos de manifestación, reunión, expresión y opinión—, mediante duras penas de cárcel, ahora nos llega la reforma de la ley seguridad ciudadana, que trata de arruinar a quienes protestan mediante grandes multas económicas.
La Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas, tiene razón al decir que «Interior y Justicia, Fernández y Gallardón, son el látigo de un gobierno del PP, dispuesto a acabar con el ejercicio de las libertades y derechos». La nueva ley, que tendrá 55 artículos, también regula las diligencias de cacheo e identificación, abriendo la posibilidad de que la policía retire el DNI a la persona identificada para posteriores comprobaciones. Con la reforma de la ley se pretende, no sólo la criminalización de la protesta social, sino su desmovilización mediante el chantaje, la amenaza y la represión.
La aprobación de la ley tiene por delante un largo recorrido, donde surgirán enmiendas, que conociendo al PP, no aceptará. Aprobado por el Consejo de Ministros, se remite al Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial para que emitan dictámenes; se tramita como ley orgánica —al regular derechos y libertades— y se aprueba por la mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
En cualquier caso, la voluntad del gobierno está clara; pretende «usar todo el rigor de la ley, contra quienes directa o indirectamente, perturben el orden, la paz y la unidad». Exactamente lo que pretendía el gobierno de Franco en 1956 —diario Arriba, edición del 11 de febrero—, suspendiendo la vigencia de los artículos 14 y 18 del Fuero de los Españoles, relativos a la detención y el confinamiento. Para conseguir lo mismo, el gobierno de hoy, introduce infracciones «graves» o «muy graves», éstas, con multas de entre 30.001 a 600.000 euros —hasta 100 millones de las antiguas pesetas—.
Son infracciones muy graves: La grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo, que atenten contra el derecho a su honor o su imagen; la perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos o deportivos; las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado: Congreso, Senado, parlamentos autonómicos o altos tribunales, aunque se encuentren sin actividad; las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas o aeropuertos, como centrales nucleares; los escraches o actos de acoso a cargos públicos.
Por su parte las infracciones consideradas como «graves», serán multadas con entre 1.001 a 30.000 euros: Alterar el orden público encapuchado que dificulte la identificación; amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, en manifestaciones o protestas; obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas; escalar, como acción de protesta, edificios públicos o precipitarse desde ellos. ¡Que tome nota Greenpeace!
Castigar con las mismas multas a participantes, organizadores y a quienes convoquen protestas ante el Congreso, el Senado y demás lugares, como ante centrales nucleares o aeropuertos, o hacer escraches contra cargos públicos, es un disparate jurídico, como la existencia de desproporción en la infracción, al meter en el mismo paquete sancionador, al asistente a un acto público, como al que lo convoca u organiza. Se desconoce como se ejecutarán las multas en caso de impago, pero nos tememos lo peor.
Asistimos a un «complemento represor» del Código Penal, vía Protección de la Seguridad Ciudadana. Se veía venir y lo tenemos encima. Ya en marzo de 2012, el ministro del interior, en comparecencia parlamentaria, anunciaba: «debemos impedir que la crisis que vivimos, derive en situaciones que ninguno de nosotros deseamos, evitando el incremento de actividades que generan alarma social entre nuestros conciudadanos y que afectan a la paz social, elemento esencial de todo país desarrollado». Le faltó decir que quienes han provocado la crisis, se van de rositas, con el beneplácito y la colaboración necesaria del gobierno.
Para la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, el anteproyecto parece una «ley de excepción que no va en consonancia con la democracia» que «recuerda a la ley de vagos y maleantes» —vigencia: 1933/1970—. La portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, subraya que «para garantizar la seguridad no se puede limitar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de manifestación o expresión». El portavoz de Jueces para la Democracia, considera «absolutamente desorbitadas» las multas y el objetivo «desalentar a la ciudadanía a ejercer derechos fundamentales». Censura el hecho de que algunas faltas del actual Código Penal, pasen a ser infracciones administrativas, convierten a la Administración en «juez y parte», y unido a las nuevas tasas judiciales, genera «situaciones muy cercanas a la indefensión».
El PSOE recurrirá ante el Tribunal Constitucional la futura ley, que nace del «miedo» provocado en el Gobierno y en el PP la movilización ciudadana. Por su parte Izquierda Unida, ha presentado una interpelación ante la Comisión Europea, en la que denuncia, que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el gobierno de Rajoy supone una «clara violación» de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
Para este gobierno, el bien público a proteger es una paz social y de seguridad propias de un régimen totalitario. Que sea por la jornada de «Desobediencia General» que propone la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o como quiera que sea, entre todos, tenemos que impedir que triunfe el golpe de estado del PP. No solo están recortando los derechos sociales, destruyendo el Estado de bienestar; sino que están atacando derechos fundamentales y libertades públicas, destruyendo el Estado democrático de Derecho.