La enseñanza pública en España, ha venido siendo un tema político ideológico de disputa entre la izquierda y la derecha, entre el laicismo y la confesionalidad. El gobierno actual pretende, desvirtuando lo público en general y la enseñanza en particular, desmantelar el sistema, apoyando lo privado frente a lo público y lo religioso frente a lo laico, propio del nacional-catolicismo que profesan.
Recordemos el caso que está ocurriendo estos días en el municipio de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, donde la Comunidad de Madrid, ha cancelado su compromiso para construir un instituto público de enseñanza secundaria —partida presupuestaria aprobada, proyecto hecho y a punto de empezar la obra—, con el único objeto de favorecer la enseñanza privada concertada en la zona, en detrimento de la pública. Concretamente, en Cerceda, se encuentra el centro concertado Montesclaros, de carácter confesional —que gestiona una empresa del presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) Arturo Fernández—, que con capacidad para 1.200 alumnos, no cubre ni el 40% de su capacidad, por lo que tiene problemas de viabilidad.
La historia de España es reiterativa. Ya en la época de Carlos III, se realizaron varias reformas, que serían el germen del actual sistema educativo. La enseñanza, tradicionalmente, venía siendo impartida en centros religiosos, hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. Entonces se fundaron los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, dedicados a la enseñanza secundaria, cuyos profesores eran elegidos por concurso, en lugar de ser elegidos por las órdenes religiosas. En España toda una novedad.
Los constituyentes de Cádiz, le dieron gran importancia a la educación, dentro de un Estado confesional y con religión oficial y única la católica, apostólica y romana. La Constitución de 1812, dedicaba el Título IX a la instrucción pública. Decía su artículo 366: «En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica y comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles». Establecía que se creara un «plan general de enseñanza» uniforme para todo el Reino, «debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía». Fernando VII se encargó de que la educación volviera a manos de la Iglesia, creando una Junta de Instrucción Pública elaborando un programa acorde con los principios del absolutismo.
Muchos planes se derogaron y otros tantos quedaron promulgados desde entonces, con una misma constante: enseñanza religiosa frente a una enseñanza laica más «liberal», entendiendo el término liberal, como entonces se entendía. La Segunda Republica estableció un sistema acorde con el pensamiento republicano, en el que la educación pública era una función esencial del Estado, aceptándose la existencia de la enseñanza privada siempre que no persiguiera fines políticos o partidistas. La educación pública debía ser laica, aunque en la escuela se diera información «sólo» sobre la historia de las religiones como otra materia más, con especial referencia a la católica. La enseñanza gratuita, especialmente en la primaria; la educación con un carácter activo, creador y social, integrando la escuela en la sociedad, con una mayor conexión entre los padres y la comunidad educativa. Defendía la educación mixta, donde los niños y niñas debían formarse juntos conforme a un mismo programa. Un auténtico proyecto progresista.
En el segundo bienio, tras el triunfo electoral de la CEDA, se produce un giro en la política republicana que influirá también en la educación. La «Contrarreforma» hace disminuir el número de alumnos y prohíbe la coeducación en la escuela primaria. Salvando la época de guerra, con el franquismo, como era de esperar y temer, la enseñanza recoge la ideología del régimen de Franco, que considera a la educación como un derecho de la familia, la Iglesia y el Estado, incorporando el pensamiento nacional-católico de orientación fascista. La educación tenía un carácter confesional y patriótico, buscando la unificación lingüística de todo el Estado, declarando a la Educación Primaria obligatoria y gratuita con separación de sexos.
La Constitución de 1978, enmarca a la educación en el artículo 27: «Todos tienen el derecho a la educación», reconociendo la libertad de enseñanza, siendo la básica obligatoria y gratuita. Establece que el objeto de la educación es lograr el pleno desarrollo de la personalidad humana «en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales», encomendando a los poderes públicos a que garanticen «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
A partir de aquí, todos los gobiernos que han accedido al poder, han aprobado leyes, decretos y planes, hasta llegar a la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013, que pone todo el sistema al servicio de la Iglesia. La ley Wert, se ha aprobado con la oposición parlamentaria y de espaldas a maestros, padres y alumnos. El gobierno está desmantelando el sistema educativo, como otros servicios públicos, creando su propio modelo, adaptándolo a su ideología, característico de la derecha más reaccionaria, como siempre ha hecho cuando ha ocupado el poder.
El gobierno está incumpliendo el espíritu de la Constitución. La libertad de enseñanza se aplica en beneficio de la enseñanza privada concertada, en perjuicio de la pública. Recorta el número de profesores, aumenta las ratios en escuelas infantiles, colegios e institutos; elimina centros de formación de profesores. Elimina becas de acceso, para comedores, transportes y libros; todo en perjuicio de la calidad y del acceso en igualdad al sistema público. Los recortes son un atentado de carácter ideológico, para acabar con la educación pública y los principios que la sustentan. Es un ataque contra el principio de igualdad en el acceso al conocimiento y a la cultura.
Lo que se precisa no es recortar, sino invertir en enseñanza pública de calidad, como una de las mayores riquezas y principal recurso de un país. Si además, como ocurre, se está impidiendo el acceso a la educación a una mayoría de la población, por razones económicas y sociales, se están incumpliendo los principios constitucionales de libertad, igualdad y no discriminación y por tanto contrariando un derecho fundamental.
El caso es flagrante en El Boalo, Cerceda y Mataelpino, con la cancelación del compromiso de construcción de un instituto de enseñanza secundaria, por la Comunidad de Madrid, todo para favorecer a un empresario amigo, primando lo privado a lo público. Lo que reclaman los vecinos y la corporación municipal «no es un lujo para el municipio, sino un derecho y una necesidad», una apuesta por la enseñanza pública.