El pasado mes de abril, escribía bajo el título Cristina Federica de Borbón y Grecia cómplice: El juez que investiga los negocios supuestamente corruptos de Iñaki Urdangarin, por fin, cita a la infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, como imputada en la trama de corrupción en el caso Nóos. Tras ser desimputada por la Audiencia de Palma y protegida por la fiscalía, hoy vuelve a estarlo por la posible comisión de delito fiscal y blanqueo de capitales; y ahora parece que sin recurso.
Después de la imputación, vino la desimputación por decisión de la Audiencia Provincial de Palma, tras el recurso del Fiscal de la causa y la congratulación del Fiscal General del Estado, que acataba «respetuosamente las decisiones» de los tribunales. Entonces y ahora la Casa Real ha presionado al juez José Castro, demostrando que la justicia no es igual para todos. Que no es igual lo dice el juez en su propio auto. Considera que es difícil entender, que las exigencias garantistas que se demandaron con ocasión de la imputación de la infanta de España, en el mes de abril, no se hicieran extensivas al resto de los imputados en el mismo caso.
Y aquí estamos otra vez. El juez Castro, en un auto de 227 folios, considera que hay indicios suficientes para imputar a la infanta Cristina ante la posible comisión de delito fiscal y blanqueo de capitales, que habría cometido a través de Aizoon, empresa cuya propiedad comparte al 50% con su marido Iñaqui Urdangarin. Ahora parece que no se va a presentar recurso alguno y todos están de acuerdo en que comparezca de forma «voluntaria», dicen. Incluso la Casa Real ha valorado «muy positivamente» la decisión de la infanta de no recurrir su imputación. El juez Castro lo tiene claro: los delitos contra la Hacienda Pública que se imputan a Iñaki Urdangarin difícilmente se podían haber cometido sin el conocimiento y acuerdo de su esposa, «por mucho que de cara a terceros, indiciariamente, mantuviera una actitud propia de quien mira a otro lado».
Con la decisión de no recurrir, la infanta, que por amor, supuestamente ha delinquido, junto con su real familia, verán acortar el tiempo del «martirio» judicial que padecen, mientras que algunos otros soportamos calamidades, injusticias y vergüenza ajena, ante tanta corrupción y tanto saqueo. «Cuando una persona está enamorada de otra, confía, ha confiado y seguirá confiando contra viento y marea: amor, matrimonio y desconfianza son absolutamente incompatibles». Lindezas como ésta declaraba uno de los abogados, para defender la inocencia de la hija del rey, que poco le valdrá ante el Tribunal, supongo.
Desde el mes de abril hasta hoy, el juez, en su investigación, ha encontrado nuevas pruebas: que la contabilidad de Aizoon, que preside la infanta «distaba mucho de ajustarse a la realidad»; que el reparto de dividendos entre los dos socios es opaco; que parece estar claro que doña Cristina Federica de Borbón y Grecia nunca ha declarado fiscalmente dividendo alguno procedente de su participación en Aizoon.
Dice el juez que ambos cónyuges cargaran a Aizoon sus gastos personales y familiares como la reforma del palacete, gastos de mobiliario y particulares de la infanta y su marido, como viajes al extranjero, un safari, regalos, sesiones de liderazgo, rehabilitación, decoración y suministros de la vivienda. Alquilaron parte de su vivienda familiar a Aizoon, facturándole mensualmente cada uno un alquiler ficticio, cuando esa entidad carecía de estructura para ocupar ese espacio; que esas sumas «debieron haber sido declaradas en el IRPF como rendimientos del capital inmobiliario, por lo que «consumaron reiteradas defraudaciones a la Hacienda Pública», considerando a la infanta cooperador necesario del delito fiscal.
Según el auto judicial, la infanta conocía que los fondos de Aizoon procedían de actividades ilícitas e intervino de manera directa en la contratación del personal del servicio doméstico, al que anunció que si superaban el periodo de prueba, les serían pagados sus salarios en «negro», para luego ser contratados por la entidad Aizoon, quien se hacía cargo de los gastos salariales y de seguridad social. El juez, haciendo mención a diferentes sentencias del Tribunal Supremo, dice que en lo que se denomina comisión imprudente del delito «no es exigible que el sujeto sepa la procedencia de los bienes, sino que por las circunstancias del caso esté en condiciones de conocerlas sólo con observar las cautelas propias de su actividad y, sin embargo, haya actuado al margen de tales cautelas o inobservando los deberes de cuidado que le eran exigibles».
El juez insiste en que es imprescindible escuchar a la infanta en sede judicial, puesto que «anticipar que doña Cristina Federica de Borbón y Grecia, desconocía las actividades de su marido y la trascendencia penal de su actuar propio, es tan precipitado como afirmar inexorablemente lo contrario, y en este momento procesal, lo único que se pretende es brindar a aquélla la posibilidad de que personalmente, facilite explicación sobre determinados indicios objetivos de criminalidad». Entiende que Urdangarín, difícilmente pudo haber defraudado a Hacienda «sin, cuando menos, el conocimiento y aquiescencia de su mujer, por mucho que de cara a terceros mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado» Nadie puede entender que la infanta no conociera el proceder de su marido. Ni es tonta, tiene formación suficiente y se supone que perfectamente informada por los debates parlamentarios o la información general publicada, y algún comentario le haría su padre.
Se efectuaron pagos de hipotecas con fondos de procedencia ilícita, produciéndose aprovechamiento propio y un delito de blanqueo de capitales. Cita el artículo 301 del Código Penal, que viene a decir «El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito» será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes». La hija del rey «ha intervenido, de una parte, lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50% del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en la mercantil Aizoon, procedentes de la Asociación Instituto Nóos, de las arcas públicas de las Comunidades Valenciana y Baleares».
La infanta Cristina se prestó desde su inicio y «durante todo su trayecto», a que Aizoon sirviera de andamiaje imprescindible para la comisión de los delitos fiscales que se están investigando, con independencia de que las distintas teorías que pudieran barajarse sobre si la imputación de los ingresos origen de la defraudación debe hacerse a Aizoon o a don Iñaki Urdangarin
«Doña Cristina de Borbón y Grecia ha intervenido, de una parte lucrándose en su propio beneficio y, de otra, facilitando los medios para que lo hiciera su marido, mediante la colaboración silenciosa de su 50 % del capital social, de los fondos ilícitamente ingresados en la entidad mercantil Aizoon SL procedentes de los lucrados por la Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada de las arcas públicas de las comunidades Valenciana y de las Islas Baleares».
En definitiva, la participación de Cristina de Borbón y Grecia en Aizoon, con una participación del 50% del capital, pretendía ser un escudo frente a la hacienda pública. Pagar menos impuesto, desvirtuar su patrimonio y sacar a la luz los fondos oscuros que procedían de los negocios que saqueaban arcas públicas. La infanta lo sabía y nadie se lo ocultó.
«Cuando finalice la instrucción de esta causa y se vuelva a la normalidad procesal, quizá pocas personas quieran recordar que para llamar a una persona a prestar declaración en calidad de imputada, trámite éste que por millares se viene llevando a cabo cada día en los juzgados de España, se haya precisado escribir poco menos que un tratado de derecho procesal», dice el juez.