martes 22/9/20

De lo que la recuperación social y económica no puede olvidarse

Una de las características del Estado español (tanto a nivel central y autonómico como municipal) es la gran escasez de recursos. Tanto el gasto como el empleo público son de los más bajos de la UE-15, el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español. Esta pobreza de recursos se hace visible en todas las dimensiones del Estado y, muy en especial, en los servicios del Estado del Bienestar, tales como la sanidad, la educación, los servicios de ayuda a las familias (escuelas de infancia y servicios a la dependencia, incluyendo los servicios domiciliarios y las residencias de ancianos), la vivienda y muchos otros.

Este bajo gasto y empleo públicos son consecuencia del enorme dominio que las fuerzas conservadoras tuvieron sobre el Estado español, instrumentalizándolo a favor de sus intereses económicos y financieros durante más de 40 años de dictadura, requiriendo una enorme represión para garantizar su superviviencia, lo cual explica que incluso hoy - y a pesar de los enormes avances que han habido en España durante la época democrática - todavía tiene uno de los mayores números de policías por cada 100.000 habitantes, y menos adultos que trabajan en su Estado del Bienestar (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias).

Los cambios que han tenido lugar en el Estado español durante la época democrática

Esta identificación del Estado con su carácter represivo ha ido reduciéndose (sin desaparecer) durante el periodo democrático y, muy en especial, durante los periodos de gobiernos socialistas en los años ochenta e inicios de los noventa, cuando se desarrollaron varias dimensiones del Estado del Bienestar, siendo la joya de la corona el establecimiento del Sistema Nacional de Salud. Como resultado de ello, se inició un cambio importante de la percepción que la ciudadanía tenía del sector público, el cual ha alcanzado su máximo exponente durante la pandemia, cuando tales servicios públicos (especialmente la sanidad y los servicios sociales) adquirieron un amplio reconocimiento y apoyo popular. La pandemia puso de manifiesto el enorme valor e importancia de la dimensión social del Estado, a la vez que mostró su escasez de recursos.

Pero el cambio de opinión popular sobre la naturaleza del Estado que ha tenido lugar durante el período democrático no ha alcanzado todavía a los establishments económicos y financieros de España, y tampoco a aquellos establishments políticos y mediáticos que están a su servicio. No existe plena consciencia en ellos de que el Estado ha desarrollado una dimensión social de enorme importancia y popularidad, que está ejerciendo un rol fundamental en el desarrollo económico y social del país. En realidad, tampoco hay plena consciencia de que el retraso económico de España, si lo comparamos con el promedio de la UE-15, se debe en gran medida al escaso desarrollo de su sector público. Persiste en tales establishments el pensamiento neoliberal que percibe a los servicios públicos como una carga asfixiante que dificulta el desarrollo de la economía.

Ya han aparecido voces neoliberales de nuevo, con gran resonancia mediática, diciendo que el gasto público tiene que reducirse para evitar el crecimiento del déficit público, el mismo mensaje que llevó al desastre – y no hay otra manera de definirlo - de las políticas de austeridad que hicieron tanto daño a la mayoría de la población española y, muy en particular, a la calidad de vida de las clases populares. Esas políticas se llevaron a cabo en contra de toda la evidencia que existía entonces y que señalaba que causarían el daño que han causado. Es más, todos los países que lideran los rankings de calidad de vida son los países escandinavos, que tienen la mayor tasa de gasto y empleo públicos de la Europa Occidental, a la vez que están entre los más eficientes y competitivos del mundo, tal como ha sido reconocido por el Vaticano del neoliberalismo: el Foro de Davos. Fíjense en Suecia, con un gasto público como porcentaje del PIB del 49,3%, en Dinamarca (49,6%), en Noruega (51,8%) o en Finlandia (53,3%). Recordemos que en España el gasto público es del 41,9% del PIB (Eurostat, 2019).

Continúa el enorme dominio del pensamiento neoliberal en la cultura económica del país

La bien conocida falta de diversidad de los medios de comunicación españoles determina que auténticas frivolidades se presenten como dogmas económicos. El gran dominio del capital financiero en configurar la cultura económica y sus medios explica la permanencia y promoción del neoliberalismo en España. El gran daño causado por su pensamiento e ideología neoliberal era fácilmente predecible, como algunos ya hicimos al inicio de la crisis, cuando presentamos alternativas que habrían podido evitar tanto daño y dolor (ver el libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, escrito por Juan Torres, Alberto Garzón y Vicenç Navarro). Hoy este pensamiento neoliberal está en total descredito. Incluso el Financial Times subraya “la necesidad de revertir las políticas económicas de las últimas cuatro décadas”. En España, sin embargo, todavía se continúa con la misma ideología en establishments políticos y mediáticos que, además de causar tanto daño (y un enorme aumento de las desigualdades) han promovido políticas enormemente ineficientes. El retraso económico de España se debe en gran parte a esa pobreza de su sector público, que es consecuencia y causa al mismo tiempo de su subdesarrollo.

Uno de los mayores problemas de España: la baja tasa de ocupación

En España, uno de los mayores problemas es el llamado desempleo. Sin embargo, se ha dado poca atención al bajo porcentaje de la población ocupada (la tasa de ocupación), resultado del escaso número de puestos de trabajo (incluso más acentuado en cuanto a “buenos” puestos de trabajo) en la economía española. El porcentaje de la población ocupada entre 20 y 64 años en España es del 68%, frente al 74,2% de promedio en la UE-15. Este diferencial es incluso más acentuado entre las mujeres: 61,2% en España versus 69,3% de promedio en la UE-15. Si lo comparamos con Suecia, país gobernado por coaliciones de izquierdas durante la mayor parte del período posterior a la Segunda Guerra Mundial, estos diferenciales son todavía mayores, con una tasa de ocupación del 82,1% y una tasa de ocupación femenina del 80% (Eurostat, 2019). Este déficit, así como el bajo nivel de los salarios, explican que la masa salarial sea baja y de que la demanda doméstica (el principal motor del desarrollo económico) lo sea también. Ello explica también, por cierto, el alto nivel de endeudamiento privado de la población. Estos son precisamente algunos de los puntos flacos de la economía española, los cuales se han acentuado todavía más durante la pandemia, y que más han dañado el bienestar de sus clases populares, que han vivido una etapa dura y difícil durante la Gran Recesión (crisis que sigue sin estar resuelta) y que ahora se agudiza todavía más por la enorme crisis causada por la pandemia.

La enorme urgencia de que el Estado cree ocupación

A la luz de estos hechos, es preocupante que no tenga mayor resonancia mediática y política la propuesta de crear empleo público por parte del gobierno actual, propuesta que adquiere incluso mayor influencia en la crisis económica y social actual debida al coronavirus. Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido, predominantemente, proveer de ayudas económicas y financieras para facilitar que las empresas retengan a sus trabajadores durante esta crisis económica. No obstante, existen otras dos maneras de crear empleo. Una es la de repartir el trabajo mediante la reducción de la jornada laboral (del tiempo de trabajo de cada empleado), revirtiendo la situación actual donde el trabajador español es el que trabaja, de promedio, más horas en la UE-15. Aunque pocos se han atrevido a proveer una cifra exacta, existe un amplio consenso entre los expertos sobre que la reducción de la jornada laboral, pasando de 40 a 35 horas semanales en cinco días, sería una política que crearía una cantidad considerable de puestos de trabajo, sin mencionar el impacto positivo en términos de conciliación laboral-familiar, un derecho que no es plenamente reconocido ni en la Constitución ni en el ordenamiento jurídico español.  

La segunda alternativa sería crear empleo público. Y de esto no se habla tanto como se debería por su urgencia, pues además de crear trabajo y riqueza, generando mayores ingresos para las arcas del Estado, la creación directa de empleo reduciría el enorme déficit de empleo público que ya he señalado al principio del artículo, mejorando así los servicios del Estado del Bienestar y, con ellos, la calidad de vida y bienestar de la población. No hay plena conciencia en los establishments financieros y económicos españoles, totalmente imbuidos por el dogma neoliberal de que la dimensión social del Estado es fundamental para garantizar el bienestar de la población y, a la vez, la eficiencia de su economía. Un ejemplo de esta falta de conciencia o ignorancia son las declaraciones del que fue el director de El País durante muchos años, el Sr. Juan Luis Cebrián, el cual en un artículo (Sobre cómo afrontar la crisis constituyente, El País, 15 de junio de 2020) ampliamente citado por el establishment conservador-liberal que tal rotativo representa, intentó infravalorar la medida propuesta por Unidas Podemos, aprobada por el gobierno de coalición y ratificada por el Congreso -el ingreso mínimo vital- minimizando la importancia de tal intervención, afirmando que era una medida que todos los países habían realizado, hasta el punto en que incluso el presidente Trump la había aplicado en EEUU. Juan Luís Cebrián ignora que la medida aprobada por el presidente Trump consistía en la distribución de cheques de dinero una sola vez y no cada mes, como en España. Sorprende que ningún economista haya denunciado tal ignorancia, agresividad y arrogancia que personajes como el señor Cebrián pontifican desde los fórums a su alcance. Yo lo hice enviando una carta a El País para que corrigieran tal afirmación la cual, como de costumbre, fue ignorada y no se publicó.

La urgente necesidad de establecer el 4º pilar del Estado del Bienestar

Entre todas las opciones a nuestro alcance, la que más ocupación crearía es la de desarrollar lo que se llama el 4º pilar del Estado del Bienestar, es decir, los servicios de ayuda a las familias, que incluyen los servicios de atención y educación de la primera infancia (0-3 años) y los servicios de atención a la dependencia. Según el reciente informe “El Cuarto Pilar del Estado del Bienestar: una propuesta para cubrir necesidades esenciales de cuidado, crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género”, los primeros (los servicios de atención y educación de la primera infancia), crearían 143.000 puestos de trabajo directos como profesionales del sistema educativo en la primera infancia (de 0 a 3 años); y, los segundos (los servicios de atención a la dependencia), entre 432.000 y 584.000 nuevos empleos, que corresponderían a (1) atención directa y cuidados, (2) funciones de hostelería en centros de día o residencias, (3) mantenimiento de centros y servicios, (4) personal especializado (médicos, trabajadores sociales, etc.), y (5) administración y gestión de los centros. Además de estos empleos directos, se generarían otros empleos indirectos consecuencia de la necesidad de ampliar y adaptar la red de infraestructuras necesarias para suministrar los servicios de forma adecuada y suficiente. De ahí que se generarían empleos indirectos en empresas proveedoras de productos y servicios relacionados con la actividad hotelera o de actividades relacionadas con la rehabilitación y cuidado de la salud. No debemos olvidar tampoco que tales servicios públicos contribuirían a la afloración de empleo sumergido y a la dignificación de miles de empleos, al convertirse el empleo privado precario en empleo público. Ni que decir tiene que tales cambios aumentarían las rentas disponibles de las familias empleadas, con el consiguiente aumento del consumo y de la demanda de empleo. Es todo un círculo virtuoso.

Los servicios del 4º pilar del Estado del Bienestar facilitan la integración de las mujeres en el mercado de trabajo

A la cantidad de empleo directo e indirecto creado en el sector de los cuidados, habría que añadir la incorporación al mercado de trabajo de las mujeres liberadas de parte de las tareas que realizan al percibir los servicios públicos de cuidados citados anteriormente. Si se aplicara el criterio de que por cada puesto de trabajo en los servicios de ayuda a las familias se facilita la integración de otras dos mujeres al mercado de trabajo, resulta que tal inversión puede llegar a facilitar un incremento de la ocupación de casi dos millones de personas más, además de la cantidad creada directamente, lo cual convierte esta inversión en la más eficaz que el Estado puede impulsar para facilitar la creación de empleo.

Qué nos ha enseñado la pandemia que no podemos olvidar

La pandemia ha mostrado claramente lo que ya había señalado la Gran Recesión. El Estado no puede continuar facilitando el liderazgo económico ofrecido por el mundo empresarial. Éste tiene sus objetivos legítimos dentro de un sistema democrático, pero no pueden confundirse tales objetivos -la acumulación de beneficios empresariales- con los objetivos del Estado, que deben regirse por la obtención del bien común. Y esto lo ha mostrado la pandemia de una forma muy clara. Aquellos países que no han protegido el bien común y han facilitado o cedido a los intereses empresariales han acabado en desastre. EEUU, el modelo neoliberal por excelencia, es un ejemplo de ello, mostrando claramente las consecuencias de anteponer el interés empresarial por encima de todo lo demás. Esta es la marca de la administración Trump.

Este compromiso con el bien común tiene que significar poner en el centro de la recuperación las inversiones sociales y, dentro de ellas, los servicios como la sanidad, la vivienda, la educación y otros servicios del Estado del Bienestar. Es más que preocupante ver que en las propuestas que se están haciendo para garantizar la recuperación de la economía española este tipo de inversiones se pongan casi al final de una larga lista, cuando deberían ser prioritarias y constituir el centro de tal reconstrucción. Se escribe, con razón, sobre la necesidad de priorizar la digitalización y la inversión verde en la reforma industrial, pero tales propuestas, aunque son necesarias, son también insuficientes. No es creíble pedir un mundo mejor que nos proteja del cambio climático cuando ya ahora se están muriendo miles y miles de personas por falta de servicios y atención. El New Deal Verde es insuficiente si no va acompañado y es parte de un New Deal Social, que incluya una inversión masiva sobre los servicios sanitarios y sociales, así como el establecimiento de la parte menos desarrollada del Estado del Bienestar español: el 4º pilar del Estado del Bienestar, es decir, de los servicios de ayuda a las familias. Éstos facilitan la liberación e igualdad de la mujer, así como el pleno desarrollo de cada miembro de la familia creando, con ello, una gran riqueza y demanda que nos permitirá salir de la crisis rápidamente y con notable incremento del bienestar. En este aspecto, es necesario ir más allá en las intervenciones del Estado, a fin de avanzar en el camino hacia una sociedad más justa y solidaria. No es suficiente ayudar a las empresas a que mantengan sus puestos de trabajo. Las ayudas deben condicionarse también a que se paguen buenos salarios y que se facilite la integración de las y los trabajadores en la dirección de las empresas. Y tampoco es suficiente que en la reconversión industrial se exija que haya inversiones verdes sin también exigir que haya inversiones sociales como, por ejemplo, construir aparatos de aire acondicionado que saneen los ambientes, eliminando la transmisión del virus o bacterias presentes en aerosoles, o que hagan mascarillas que aíslen al usuario transmitido por la misma vía. El muy necesario New Deal Verde necesita de un New Deal Social, pues el primero no conduce al segundo a no ser que esté diseñado para que así lo sea. Se tiene que utilizar el proceso de reconstrucción para mejorar la sociedad anterior a la pandemia en lugar de mantener la que teníamos pues ésta era enormemente insuficiente e injusta para millones de españoles. Así de claro.


Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra; Director del JHU-UPF Public Policy Center en Barcelona

De lo que la recuperación social y económica no puede olvidarse