Si analizamos cuáles son los temas que absorben la atención mediática y política en la mayoría de países a los dos lados del Atlántico Norte, podemos ver que la pandemia del coronavirus y la capacidad de los países para responder a ella es el tema más importante. Pero en esta discusión se ha prestado poca atención a los condicionantes que determinaron la gravedad de la situación, centrándose los análisis en las decisiones que los gobiernos están tomando para contener esta pandemia, ignorando con excesiva frecuencia el impacto que las decisiones que tomaron los gobiernos anteriores a la pandemia han tenido en dificultar enormemente la protección de la sociedad frente a tal evento. Esta situación es particularmente acentuada en España, donde la mayor parte de las responsabilidades de que la mortalidad haya sido tan elevada recaen precisamente en las políticas económicas de carácter neoliberal que aplicaron los gobiernos anteriores y, muy en especial, los gobiernos conservadores y socioliberales. En realidad, la situación presente es fruto de un largo pasado que se remonta incluso a la transición de la dictadura a la democracia. Veamos la evidencia de lo que digo.
¿Cuáles son los países más exitosos en controlar la pandemia?
Si agrupamos los países a los dos lados del Atlántico Norte (EEUU y los países de la Europa Occidental) según la tradición política que más tiempo los ha gobernado desde la II Guerra Mundial, podemos ver que los países gobernados por coaliciones de partidos progresistas (la mayoría, de izquierdas), como es el caso de los países escandinavos del norte de Europa, son los que tienen la mortalidad por coronavirus más baja por cada 100.000 habitantes (desde que se inició la pandemia) y son también los que tienen menos desigualdades de renta (por clase social) y menos desigualdades por género, así como mayor sensibilidad hacia los temas relacionados con la sostenibilidad y el cambio climático. Son también, por cierto, los países con mayor porcentaje de adultos trabajando en los servicios del Estado del Bienestar, incluyendo los servicios sanitarios y sociales.
Les siguen en esta liga de bienestar social los países del centro de Europa, que han sido gobernados, durante la mayor parte del mismo período, por partidos cristianodemócratas y conservadores. Y por debajo de ellos (y muy por detrás) están los países del sur de Europa, donde las izquierdas históricamente han sido más débiles. Centrándonos en España, nuestro país es el que tiene una de las mayores mortalidades por coronavirus (por cada 100.000 habitantes) desde que se inició la pandemia en los principales países de Europa. Es también el país con menor número de personas adultas trabajando en los servicios sanitarios (y demás servicios de su Estado del Bienestar), siendo también el país que tiene mayores desigualdades por clase social y de las más elevadas por género, así como menor conciencia y sensibilidad ecológica y ambiental. Los datos están ahí para quien quiera verlos (ver mi artículo “¿Cuál debería ser el objetivo de un proyecto emancipador? La relación entre las diferentes formas de explotación”).
¿Por qué somos el país con unas de las mayores desigualdades sociales (por clase social y por género), menor sensibilidad ecológica, con menor gasto público social, menos recursos sanitarios y con una de las mayores mortalidades por COVID-19?
Para responder a esta pregunta tenemos que preguntarnos por nuestro pasado, que ha sido tergiversado en la historia oficial del país. Lo que se llama “recuperación de la memoria histórica” debería haber servido para corregir la versión dominante que existe en España de nuestro pasado. Y una de las áreas que requiere mayor corrección es la visión de que la transición de la dictadura a la democracia fue modélica. Según esta visión, hubo un pacto en el que los dos bandos (el vencedor de la Guerra Civil y gestor de la dictadura, y los vencidos de tal conflicto -que habían liderado la oposición a la dictadura-) cedieron a partes iguales, consiguiendo con ello desarrollar una democracia homologable a cualquier democracia de la Europa Occidental. Tal espíritu de pactismo (a veces ensalzado como acto de “generosidad”) se exige ahora a los que gobiernan y a la oposición de derechas para salir adelante.
Tal visión, sin embargo, ignora que, aun cuando el movimiento obrero jugó un papel clave en forzar el establecimiento de la democracia, exigiendo el final de la dictadura, la realidad es que las ramas políticas de tal movimiento, esto es, los partidos políticos de izquierdas (PCE y PSOE), estaban poco desarrolladas y disponían de pocos recursos mediáticos y políticos a su alcance para enfrentarse al enorme poder de los gestores de la dictadura. Acababan de volver del exilio, o de salir de la cárcel y/o de la clandestinidad, y sentados alrededor de la mesa de negociación, las derechas tenían la gran mayoría de los recursos. De ahí el enorme desequilibrio de fuerzas, que quedó claramente plasmado en la Constitución, donde hay una distinción clara entre derechos y los principios rectores (como el acceso a la sanidad, entre otros servicios del Estado del Bienestar), que son orientativos, pero no obligatorios. La sacrosanta Constitución refleja claramente aquel desequilibrio de fuerzas.
Las consecuencias de la transición inmodélica: una democracia incompleta y un bienestar insuficiente
Hubo, en realidad, una gran continuidad de las instituciones del Estado, centradas en la monarquía, sin grandes cambios en los aparatos del Estado, siendo tal continuismo especialmente acentuado en el aparato judicial y en el de “seguridad”, lo que garantizaba “la ley y el orden” por encima de todo lo demás. España era (y continúa siendo) el país con uno de los mayores números de policías por cada 100.000 habitantes, y con menor porcentaje de la población adulta empleada en los servicios públicos de su Estado del Bienestar(sanidad, servicios sociales, educación, vivienda y otros). El gasto público social (que cubre la mayoría de transferencias y servicios del Estado del Bienestar) como porcentaje del PIB en España es solo del 27%, el más bajo de los principales países de la Europa Occidental. Es también el país, después de Grecia, que tiene el menor número de personal de enfermería en el ámbito sanitario. Tiene solo 57 enfermeros y enfermeras por cada 100.000 habitantes, comparado con los 118 en Suecia, los 147 en Finlandia, los 103 en Dinamarca, los 182 en Noruega, los 132 en Alemania, los 111 en los Países Bajos, los 81 en el Reino Unido, etc.
La escasa dimensión social era (y continúa siendo) la característica principal de este Estado monárquico, centrado en la capital del reino (Madrid), que era el punto desde donde salían todas las vías de comunicación hacia todas sus partes, un Estado que se niega a tener una estructura poliédrica en lugar de radial, contribuyendo con ello a la continuidad del Estado uninacional, oponiéndose al desarrollo de su plurinacionalidad. En realidad, el Estado de las autonomías (el “café para todos”) fue un intento de diluir esa plurinacionalidad. Esa falta de sensibilidad hacia la plurinacionalidad llegó a ser de tal insensibilidad que se transformó en la principal causa de la radicalización de los movimientos nacionalistas periféricos, estimulando su conversión en partidos secesionistas, que han amenazado la continuidad de la unidad de España. Así pues, a pesar de los avances que se han realizado, tanto en reducir (sin nunca llegar a eliminar) el enorme retraso social, incluyendo la subfinanciación del gasto público social, así como en descentralizar el Estado español (sin querer admitir su plurinacionalidad), este pasado parece confirmar que no podrá alcanzarse una España justa económica y socialmente, así como poliédrica y plurinacional, dentro del marco monárquico actual. No puede resolverse el gran déficit social sin corregirse el enorme déficit democrático.
¿Qué puede hacerse? La gran oportunidad que representa el gobierno de coalición de izquierdas
Lo que pueda hacerse dependerá, en gran medida, de cómo evolucione la nueva experiencia histórica de tener un gobierno de coalición de izquierdas, que tiene como motor de cambio a Unidas Podemos (UP) que, junto con el PSOE, están transformando significativamente las políticas públicas económicas y sociales que podrían corregir este enorme retraso, reconstruyendo una alianza de fuerzas que me recuerda no solo a la alianza que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, sino a la alianza de fuerzas de la resistencia antifascista, una alianza de las fuerzas progresistas (lideradas por las izquierdas) con los nacionalismos y, muy en particular, los catalanes y vascos, cuyos programas (tanto en el PSOE como en el PCE) proponían un estado republicano, comprometido con la democracia y con la justicia social, con clara vocación transformadora y comprometido con una visión plurinacional de España, reconociendo el derecho a decidir de sus diferentes pueblos y naciones. Esta era la esencia de la resistencia antifascista que yo viví y conocí. Léanse las propuestas hechas en los años cincuenta, sesenta y setenta por tales partidos, entre otros, y lo podrán comprobar. Y dicha alianza es la que podría producir el cambio social más importante que haya visto España. Los presupuestos generales propuestos por el Gobierno son un paso de enorme valor en la buena dirección hacia una nueva España justa, democrática, poliédrica y plurinacional.
Pero para conseguir este avance hay varios cambios que deberían producirse. Y uno de ellos es el cambio en la correlación de fuerzas dentro del PSOE. Los equipos responsables de sus políticas económicas han estado casi siempre imbuidos del socioliberalismo que ha dificultado la eliminación del retraso social. Ni que decir tiene que el PSOE ha sido una fuerza política que ha tenido una vocación reformista socialdemócrata y que ha transformado España. El Estado del Bienestar que existe en España se debe primordialmente al PSOE. Pero ha estado siempre subfinanciado. Y ello como consecuencia, en gran parte, del enorme poder de sus equipos económicos, muy ligados y cercanos a grupos económicos y financieros muy poderosos, determinantes del contexto político, económico y mediático que han limitado y frenado tal vocación transformadora, contexto en el que el mismo PSOE jugó un papel clave en su desarrollo. Veamos las pruebas de lo que expongo y comencemos por la primera etapa del PSOE en el gobierno.
La primera etapa del PSOE (1982-1996)
Es en el inicio de este período, siendo Miguel Boyer su ministro de Economía, cuando se toman algunas medidas, como la de sentar las bases del Servicio Nacional de Salud, la joya de la corona del Estado del Bienestar español. Se comienza también durante esta primera etapa a corregir el enorme déficit social heredado de la dictadura, siendo su gasto social, cuando el dictador murió, el más bajo de la Europa Occidental (del 14% del PIB en 1975).
Pero el establecimiento del Estado del Bienestar se hizo siempre a partir de 1986 dentro de una cultura de austeridad, iniciada por Carlos Solchaga, que dirigió lo que se presentaba como la “modernización” de la economía española que significó el establecimiento del IBEX-35 en 1992 y la entrada de España en el euro (firmando en el Tratado de Maastricht). El bien conocido y reconocido socioliberalismo de Solchaga, que daba gran protagonismo al sector hegemónico del capital español, se muestra en la manera en que se alcanza el criterio de Maastricht de bajar el déficit público de un 6% del PIB a un 3%. Ello se hace con una enorme disminución del gasto público mediante recortes de tal gasto, a fin de alcanzar el objetivo de reducción del déficit público al 3%, sin ni siquiera intentar resolverlo mediante un aumento de los ingresos al Estado, cuya pobreza se debía precisamente a la baja carga impositiva al capital y a las rentas superiores. El gasto público social, que había pasado del 14% en el año 1975 al 24% en 1993, bajó en picado al 21% en 2007. El grupo de países que pasarían a ser la UE-15, cuyo gasto en este ámbito había subido de un 22% en 1975 a un 28% en 1993, bajó solo a un 27% en 2007. Hay que subrayar que el aliado, en estas decisiones, fue la derecha catalana de CiU, rechazando una alianza posible con la otra izquierda, IU. No es sorprendente que el PSOE perdiera las elecciones en 1996, pasando a gobernar Aznar, que continuó y expandió las políticas neoliberales en aquel momento. El déficit de gasto público social per cápita (en paridad de poder de compra) entre España y la UE-15 se disparó.
La gran verdad que la mayoría de los medios de información en España (claramente instrumentalizados por el capital financiero) ocultaron es que la integración en el euro de nuestro país se hizo a costa del mayor empobrecimiento del ya pobremente financiado Estado del Bienestar, utilizado primordialmente por las clases populares en España. El hecho de que el 20% de la población española de renta superior utilice los servicios privados (sanidad y educación) explica que el establishment político-mediático apenas lo notara. Las clases populares, en cambio, sí que lo sufrieron.
La segunda etapa del PSOE (2004-2011)
Esta etapa comienza cuando Zapatero es elegido presidente en 2004. Su principal asesor económico es Jordi Sevilla, quien había escrito en su libro “De nuevo, socialismo” (2002) la frase que resume su postura política: “¿Alguien puede defender a estas alturas del siglo que un programa socialdemócrata deba ir a favor de más impuestos y más gasto público?”, esto dicho y hecho en el país que tenía uno de los gastos públicos y de los ingresos al Estado más bajos. No es, pues, sorprendente que Zapatero lanzara el famoso eslogan de que “bajar impuestos es de izquierdas”. Y los bajó, mucho. Sobre todo, los de las rentas superiores. Esta bajada de impuestos creó un enorme agujero en las cuentas del Estado que, erróneamente, fue atribuido al primer año de la recesión económica. En ese año 2007-2008, los ingresos al Estado bajaron 27.223 millones, de los cuales el 72% se debían al recorte de impuestos de Zapatero y solo el 28% al descenso de la actividad económica (según el informe de recaudación tributaria del año 2008, elaborado por el servicio de Estudios Tributarios y Estadísticas del Ministerio de Economía y Hacienda).
El ministro de Economía del gobierno Zapatero fue Pedro Solbes, que declaró en 2007 al diario El País que “el logro del que estoy más orgulloso es el de no haber aumentado el gasto público en España”. Este gasto público incluye el gasto público social, siempre de los más bajos de la UE-15. Ni que decir tiene que el hecho de que todo el estrato funcionarial tuviera y continúe teniendo el derecho de ser atendido por los servicios privados (y pagados por el Estado), contribuyó a la demostrada insensibilidad de las autoridades públicas hacia la gran subfinanciación de servicios como el sanitario. Esa actitud liberal alcanzó su máxima expresión en 2011, cuando Zapatero reformó (con la ayuda de Rajoy) el artículo 135 de la Constitución para establecer que el primer deber del Estado es pagar las deudas a los bancos (predominantemente extranjeros). Ni que decir tiene que todo esto se hacía bajo el eslogan de que “no había alternativas”. Juan Torres, Alberto Garzón y yo, sin embargo, mostramos que sí que las había (ver el libroHay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, Sequitur, 2011).
Esta etapa y las políticas que representaban fueron la causa de su derrota en las elecciones, siendo sustituido por Rajoy que, como antes había hecho Aznar, continuó y expandió las políticas neoliberales, con mayores recortes que los realizados por Zapatero. Su elevada corrupción fue el hecho que determinó la moción de censura en 2018, ganada por la oposición liderada por Pedro Sánchez, del PSOE, que pasó a ser tras ella presidente del gobierno. Fue Podemos el principal motor de aquella moción de censura. El fracaso de las políticas neoliberales de austeridad creó una rebelión entre las bases del PSOE frente a aquellas políticas públicas, promovidas por el aparato del partido. Ello creó un conflicto del que salió vencedor el que había liderado tal protesta, Pedro Sánchez, que al final prevaleció y permitió la materialización del gobierno de coalición.
Nueva situación en España: la unidad de acción de las izquierdas
La aparición de Unidas Podemos supone un factor determinante en la configuración de las izquierdas, estableciéndose una alianza de Podemos con IU y otras fuerzas como En Comú Podem y Galicia En Común que ha tenido un gran impacto en el panorama político del país, y que ofrece un liderazgo en la recomposición de las alianzas en las Cortes españolas para dar prioridad al tema social y a la recuperación de otra visión de España, con una concepción republicana y plurinacional que puede redefinir las relaciones de poder dentro del país, con la aparición de amplias movilizaciones sociales que presionan para que se produzca el cambio. Ello crea, como respuesta, la aparición del fascismo como parte de la internacional trumpista, que se convierte en un punto indispensable para establecer un gobierno de derechas en el país.
El cambio en España requiere un cambio en las prioridades del quehacer público, fruto de un cambio democrático profundo que permita el desarrollo del enorme potencial que tiene el país, con un cambio que ponga el bienestar y calidad de vida de la mayoría de la población en el centro de las políticas públicas del país, subrayando que la obtención de la felicidad, bienestar y calidad de vida de la gente es el principal objetivo de las instituciones democráticas, dentro de una visión que admita la plurinacionalidad y que consolide una visión poliédrica, en lugar de radial, con una clara cultura republicana. Como consecuencia de esta vocación transformadora, urge abandonar las políticas neoliberales que han hecho tanto daño y que han merecido un amplio rechazo por parte de la mayoría de sus víctimas: las clases populares. Su gran descrédito no es obstáculo para que lo que Rubén Juste ha llamado la clase dominante continúe para su aplicación. Que ello ocurra o no determinará claramente nuestro futuro.
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra; Professor of Public and Social Policy The Johns Hopkins University y Director del JHU-UPF Public Policy Center en Barcelona