La reforma laboral ha transferido 2,4 puntos de las rentas de los asalariados al excedente empresarial, la devaluación salarial ha supuesto la pérdida de peso de las rentas del trabajo a favor de las rentas empresariales en el reparto del PIB
El pasado mes de junio se produjo un cambio determinante en nuestro país con la llegada del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al Gobierno, al prosperar la moción de censura presentada al anterior presidente del Gobierno Mariano Rajoy.
El cambio en el Ejecutivo ha abierto grandes expectativas en la mayoría de la sociedad. El nuevo presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha manifestado su compromiso con la recuperación de los derechos vulnerados por las medidas regresivas adoptadas por los Gobiernos del Partido Popular (PP), con la protección a las personas y el fortalecimiento del estado del bienestar.
El 13 de junio se celebró en Moncloa el primer encuentro del presidente del Gobierno, junto a la ministra de Trabajo, con los interlocutores sociales, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CCOO, para analizar los principales problemas sociolaborales que sufre nuestro país: el desempleo, la precariedad laboral, los bajos salarios y falta de protección de las personas desempleadas, que provocan la creciente desigualdad y pobreza junto con los problemas que atraviesa el sistema público de pensiones. Se estableció el compromiso de impulsar el diálogo social para abordar estas cuestiones centrales para el empleo y la sociedad y tratar las materias relativas a la reforma laboral al igual que la de pensiones. En el trascurso de la reunión las patronales y los sindicatos informaron que estaban cerca de alcanzar un acuerdo en las negociaciones en materia salarial.
Con posterioridad el presidente del Gobierno anunció un plan director contra la explotación laboral del que los interlocutores sociales fueron informados. Dicho plan se orientaría contra la precariedad laboral, los abusos en la contratación, los falsos autónomos y la economía sumergida y la garantía de la protección laboral a los trabajadores y trabajadoras. Se basaría en las experiencias puestas en práctica por los gobiernos socialistas en las Comunidades Autónomas (CCAA), como la de Baleares con las campañas anuales contra el fraude en las contrataciones, que han obtenido unos buenos resultados en la lucha contra la explotación laboral. El plan director se desarrollaría con las actuaciones de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, la colaboración con las CCAA y con el desarrollo normativo necesario.
El 25 de junio se suscribió por las patronales CEOE y CEPYME con los sindicatos UGT y CCOO el preacuerdo del IV Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), después de un dilatado proceso de negociación en el que las pautas para seguir la evolución de los salarios polarizaron y ralentizaron las discusiones. Las organizaciones sindicales han desarrollado un amplio proceso de movilizaciones en exigencia de la redistribución de los beneficios empresariales en este periodo de recuperación económica a través de incrementos importantes de los salarios e impulsar de forma más intensa el crecimiento de los salarios mínimos de convenio.
El preacuerdo del IV AENC, que será firmado definitivamente tras su ratificación por todas las partes, supone un avance en la necesaria recuperación de las rentas del trabajo en nuestro país tras la intensa devaluación salarial sufrida desde 2010. Los incrementos salariales previstos serán del orden del 3% durante los próximos tres años, con subidas fijas en el entorno del 2% más variables del 1% vinculadas a diferentes parámetros (productividad, beneficios, absentismo, etc.). Es de resaltar, por la trascendencia que puede adquirir en nuestro mercado laboral para mejorar a las rentas más bajas, la determinación de alcanzar en 2020, de forma progresiva, un salario mínimo de convenio de 1.000 euros mensuales (que supondrán una retribución de 14.000 euros anuales). Junto con estos compromisos adquiridos en materia de negociación salarial se han fijado otras estipulaciones entre los interlocutores sociales, siendo primordiales los criterios para impulsar el procedimiento negociador para la renovación de los convenios colectivos, la solución autónoma de conflictos y el mantenimiento de las condiciones pactadas mientras se está negociando.
Los interlocutores sociales también han acordado diferentes materias para ser tratadas de forma tripartita, con el Gobierno, para mejorar las condiciones de trabajo y la regulación laboral: las contratas y subcontratas; impulsar la transmisión del conocimiento y el rejuvenecimiento de las plantillas mediante el contrato de relevo; medidas de protección social para mantener el empleo en las empresas con dificultades a través de la reducción de jornada; mejorar la regulación de la formación para el empleo; facultar a los convenios colectivos para determinar la jubilación cuando se cumpla la edad ordinaria; medidas para favorecer la igualdad salarial entre hombres y mujeres; crear un observatorio para el análisis del absentismo no deseado y facilitar las prestaciones a la finalización de los contratos.
Los socialistas valoramos positivamente el preacuerdo del IV AENC, resultado de la autonomía colectiva de los interlocutores sociales, en su conjunto y en particular en materia salarial porque debería suponer el fin de la devaluación salarial y el inicio del camino para mejorar la participación de las rentas del trabajo en el conjunto de la renta nacional y, a su vez, también debería beneficiar a la recaudación de la Seguridad Social, tal como propusimos en nuestro Acuerdo por un Trabajo Digno: el Pacto de Rentas.
La reforma laboral ha transferido 2,4 puntos de las rentas de los asalariados al excedente empresarial, la devaluación salarial ha supuesto la pérdida de peso de las rentas del trabajo a favor de las rentas empresariales en el reparto del PIB. No es esta la vía de competitividad que necesita nuestro país en el siglo XXI, nuestro sistema productivo debe competir en innovación, diseño y calidad de los bienes y servicios, con trabajo digno y mejoras en la productividad, para lo cual son necesarias inversiones públicas y privadas en educación, formación, ciencia y tecnología.
Restablecer el poder de negociación de los sindicatos, para que la negociación colectiva recupere la fuerza perdida es un objetivo clave para lograr incrementos salariales en la negociación de los convenios colectivos. Al igual que el respeto de la autonomía colectiva de los interlocutores sociales para estructurar el sistema de negociación colectiva, preservar su fuerza vinculante y suprimir la prioridad aplicativa de los convenios de empresa mediante la vertebración y la articulación sectorial, junto con restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos.
Hasta el pasado mes de mayo las exigencias de los sindicatos y de la izquierda sobre la necesaria derogación de la reforma laboral encontraban un rechazo absoluto por parte del Gobierno del PP argumentando que su reforma laboral era la causa principal de la recuperación de la economía, la mejora de la competitividad de las empresas, la disminución del desempleo y de la creación de empleo. El objetivo del Gobierno del PP era profundizar en las medidas regresivas de la reforma laboral de 2012, en base a los compromisos suscritos en agosto de 2016 entre el PP y Ciudadanos en el acuerdo para la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
Ahora se abre una nueva etapa que debería suponer la recuperación de derechos y mejoras en las condiciones de vida y trabajo para los trabajadores y sus familias. Este nuevo tiempo se asienta en la voluntad de desarrollar políticas laborales y sociales que pongan fin a la desregulación de las condiciones de trabajo, la precariedad laboral, los bajos salarios y la desprotección de las personas desempleadas, para erradicar las desigualdades y la pobreza laboral. Las resoluciones del 39 Congreso Federal del PSOE, celebrado en junio de 2017, establecen el compromiso de los socialistas de derogar la reforma laboral y construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores de forma consensuada para dotarnos de un marco de relaciones laborales para el siglo XXI, basado en un sistema de negociación colectiva fuerte y equilibrado que dé respuestas a la globalización de la economía, a las nuevas realidades en el empleo y en la organización del trabajo y a la creciente implantación de la digitalización..
Para ello, es necesario trabajar para alcanzar el respaldo de la mayoría social y ahora, con la actual relación de fuerzas, deberíamos avanzar con determinación con el diálogo social y articulando la necesaria mayoría parlamentaria que apoye las medidas que puedan contribuir a implantar un modelo laboral basado en el trabajo digno con buenos empleos y salarios decentes.