La Carta Social Europea, ratificada por España en 1980, dispone que la cuantía del salario mínimo sea el 60% del salario medio de cada país
Los salarios mínimos se establecieron para garantizar a los trabajadores y trabajadoras una renta que les permita satisfacer sus necesidades de manera adecuada. Por eso no es un salario más: se regula por las normas estatales y establece el nivel mínimo de las retribuciones en aquellas actividades donde la determinación de salarios no tenga la cobertura de la negociación colectiva y en las que los salarios sean inferiores al salario mínimo. El Convenio número 26 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ratificado por España en 1929, regula este derecho de los trabajadores que se ha ido perfeccionando en posteriores Convenios.
La Carta Social Europea, ratificada por España en 1980, dispone que la cuantía del salario mínimo sea el 60% del salario medio de cada país. Es urgente que nuestro país ratifique las modificaciones introducidas en la Carta Social Europea en 1995 y 1996, relativas al sistema de control del cumplimiento de los derechos sociales y a la ampliación del catálogo de los mismos. El Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa en su informe de 2016 sobre el cumplimiento de la Carta Social Europea manifestó que España vulnera seis artículos sobre derechos laborales, entre ellos el que asegura un salario digno para lograr "un nivel de vida decente".
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está recogido en nuestra regulación, en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que atribuye al Gobierno la potestad para fijar su cuantía. También se establece que el Gobierno debe antes consultar a las organizaciones empresariales y sindicales, y se determinan los criterios que debe tener en cuenta: el índice de precios al consumo, la productividad y la participación del trabajo en la renta nacional. Estas previsiones han sido incumplidas en numerosas ocasiones. Además, la cuantía del SMI no se puede rebajar por contrato individual o convenio colectivo.
El Pilar Europeo de Derechos Sociales, aprobado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, plantea que, para prevenir la pobreza laboral, los salarios mínimos deben convertirse en salarios adecuados para garantizar a los trabajadores un nivel de vida digno y la satisfacción de sus necesidades y las de sus familias. España es uno de los países de la Unión Europea (UE) con un menor SMI en relación al salario medio. Según Eurostat, en el conjunto de los países de la UE la relación de los salarios mínimos respecto a los salarios medios oscila entre un 39 % y 64%.
El SMI español es notablemente inferior al de otros países europeos. En 2018, a raíz del acuerdo de los interlocutores sociales y el Gobierno de diciembre de 2017, el SMI se incrementó en un 4% siendo su cuantía de 735,9 euros mensuales con catorce pagas (10.302,60 euros anuales) y se establece el objetivo de llegar a 850 euros al mes en 2020. En términos homogéneos, calculado por doce pagas, el SMI español en 2018 asciende a 859 euros frente al alemán y al francés, que son de 1.498 euros; el irlandés, de 1.614 euros; y siendo el más elevado el de Luxemburgo de 1.999 euros. Nuestro SMI se encuentra en niveles similares al de países como Eslovenia (843 euros) o Malta (870 euros).
En la mayoría de los países industrializados, en el nuestro aún más, se ha reducido la participación de las rentas del trabajo en el PIB
En la mayoría de los países industrializados, en el nuestro aún más, se ha reducido la participación de las rentas del trabajo en el Producto Interior Bruto (PIB). Las causas se encuentran en las políticas neoliberales preconizadas por las instancias internacionales y aplicadas por los gobiernos nacionales, con más o menos entusiasmo. En nuestro país estas políticas regresivas e injustas se han desarrollado con la reforma laboral de 2012, impuesta arbitrariamente por el Gobierno del Partido Popular, junto con los recortes en los salarios de los empleados públicos, en las prestaciones por desempleo, en las pensiones y la congelación del SMI. Un objetivo central de la reforma laboral del PP era la devaluación salarial: durante la etapa de los gobiernos del PP los bajos salarios se han disparado. Los salarios del 40% de los que menos ganan han disminuido, fundamentalmente entre los jóvenes y los trabajadores con contratos temporales, provocando un gran aumento de las desigualdades y de los trabajadores pobres.
El IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (IV AENC), firmado por CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, establece el compromiso central de mejorar los salarios, con incrementos superiores al 2% más un 1% adicional en relación a la productividad, lo que debería suponer el fin de la devaluación salarial y el inicio del camino para mejorar la participación de las rentas del trabajo en el conjunto de la renta nacional. Adquiere especial relevancia para la corrección de las desigualdades y la pobreza laboral el acuerdo adoptado de alcanzar en 2020 como salario mínimo de los convenios colectivos los 1.000 euros brutos mensuales (14.000 euros brutos anuales).
Con el Gobierno del PSOE, presidido por Pedro Sánchez, se abre una nueva etapa que debería suponer la recuperación de derechos y mejoras en las condiciones de vida y trabajo para los trabajadores y sus familias y erradicar las desigualdades y la pobreza laboral. Este nuevo tiempo se asienta en la voluntad de desarrollar políticas laborales y sociales que pongan fin a la desregulación de las condiciones de trabajo, la precariedad laboral, la desigualdad entre mujeres y hombres, la exclusión laboral de los jóvenes, los bajos salarios y la desprotección de las personas desempleadas. Se trata de una nueva etapa política donde además hay una apuesta decidida por garantizar y mejorar las pensiones. Así lo expresó el presidente del Gobierno en su intervención en el pleno del Congreso, del pasado día 17 de julio de 2018, en la que presentó la Agenda del Cambio.
El PSOE propuso tanto en las Resoluciones del 39º Congreso Federal como en su propuesta sobre Pacto de Rentas, entre otras medidas para recuperar el peso de los salarios de los trabajadores, un incremento gradual del SMI hasta llegar en 2020 a los 1.000 euros mensuales por catorce pagas. Esto supondría dignificar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y cumplir con la aplicación de la Carta Social Europea en nuestro país. Esta materia está incorporada a las negociaciones entre el Gobierno y Unidos Podemos actualmente en curso de cara a los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
También es necesario actualizar el valor del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), que se creó en 2004 para sustituir al SMI como referencia de ayudas, subvenciones, subsidios por desempleo y otras prestaciones públicas que se fijan en los Presupuestos Generales del Estado. Cabe recordar que la cuantía inicial del IPREM fue de aproximadamente el 70% del SMI, porcentaje que se ha reducido especialmente durante los últimos años: ha estado congelado en 532,51 euros al mes desde el 2010 a 2016 y en 2018 su cuantía es de 537,84 euros mensuales. Es especialmente importante la utilización del IPREM para fijar la cuantía de los máximos y mínimos de la prestación contributiva y asistencial de desempleo. La congelación del IPREM desde el 2010 ha dado lugar por lo tanto a una congelación de los máximos y mínimos de las cuantías de las prestaciones de la protección por desempleo.
Desde el respeto a la autonomía de la negociación colectiva y en base al IV AENC se debería acompañar lo pactado por los interlocutores sociales para los convenios colectivos, asumir su compromiso sobre los salarios mínimos de convenio e incrementar el Salario Mínimo Interprofesional de forma gradual para que en 2020 alcance la cantidad de 1.000 euros mensuales (14.000 euros anuales). Así se protegería a las trabajadoras y trabajadores sin cobertura de la negociación colectiva y se evitaría que se produzcan situaciones de competencia desleal en actividades económicas sin convenio colectivo. La puesta en marcha de esta medida beneficiaria a la recaudación de la Seguridad Social, tal como proponíamos los socialistas en las propuestas para el Acuerdo por las Pensiones.