jueves. 28.03.2024

Las recetas del FMI: menos protección y más desregulación

 

Es necesario poner fin a las políticas de austeridad y la derogación de la reforma laboral y de pensiones, pues sus medidas autoritarias y lesivas para los derechos de los trabajadores y de los pensionistas son un freno para el desarrollo económico y el progreso social

Los principales organismos económicos internacionales hicieron públicos la semana pasada sus informes sobre las perspectivas de la economía internacional y de España, existiendo una amplia coincidencia en todos ellos sobre la reducción de las previsiones de crecimiento como consecuencia de la desaceleración a nivel mundial. El empeoramiento de las expectativas económicas globales se justifica como consecuencia del deterioro del contexto internacional que se manifiesta, entre otros episodios, por las guerras comerciales provocadas por las políticas proteccionistas de Donald Trump, con evidentes efectos negativos sobre el crecimiento de los países exportadores, los problemas derivados del cambio climático, los desajustes en los mercados de capitales, o la creciente deuda pública y privada.

En estos informes se revisan las previsiones económicas de nuestro país en relación con las realizadas por el Gobierno socialista, se valora una tasa de crecimiento superior a la de nuestros socios europeos, también se destacan los avances en la recuperación de los efectos de la crisis y se constata la fortaleza de la economía española por la intensidad de la demanda interna. Pero resaltan la falta de avances en la reducción del déficit público, la reorientación de la deuda y la ausencia de nuevas reformas de pensiones y laborales. Aunque no existe coincidencia entre los organismos económicos sobre las medidas que se deberían implementar, sí hay una gran superficie de encuentro en los informes: las políticas económicas deben centrarse en equilibrar las cuentas públicas, pues las diseñadas actualmente por el Gobierno socialista son consideradas excesivamente expansivas.

Los distintos informes repiten una vez más sus recetarios tradicionales de reducción del gasto público y la mejora de la competitividad a través de la desregulación del mercado laboral para  reducir  los costes laborales, así como las advertencias sobre la evolución negativa de las cuentas de la Seguridad Social si el Gobierno socialista cumple con su anunciada revalorización de las pensiones con el IPC. También se advierte de que, si se sube el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2019 a los 900 euros mensuales, tal como se establece en el Acuerdo Presupuestario, la medida producirá efectos perniciosos sobre la evolución del empleo.

Los organismos económicos reiteran los mismos dogmas neoliberales, más allá de la realidad existente, que se formulan de forma periódica y continua  basándose en el Consenso de Washington o el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que todos ellos vienen siguiendo de forma acrítica pese a sus dolorosos fracasos en los países de Latinoamérica o en Europa, con las políticas de austeridad impuestas por la Troika -Fondo Monetario Internacional (FMI), Comisión Europea y Banco Central Europeo- durante la crisis económica, como se impuso a Portugal, Italia o España, y que tuvieron como consecuencia el aumento de la recesión con sus negativas secuelas para el bienestar de la ciudadanía, siendo en Grecia donde se provocaron los mayores  destrozos económicos y sufrimientos sociales.

Para el FMI, nuestro país es un ejemplo de éxito de sus recetas de las reformas basadas en la desregulación laboral y recortes en el sistema público de  pensiones. El organismo denuncia que se lleva demasiado tiempo sin realizar reformas ante los problemas del paro, la excesiva temporalidad y la deuda pública y advierte de los peligros que se nos avecinan ante los anuncios del Gobierno socialista de revertir las reformas laborales y de pensiones  impuestas en 2012 y 2013 por los Gobiernos del Partido Popular (PP). Igualmente, critica las medidas fiscales previstas en el Plan Presupuestario y plantea su preferencia por subir el IVA, los impuestos verdes y los especiales.

El Fondo avisa que vincular la revalorización de las pensiones a la evolución del IPC supondría una subida del déficit de la Seguridad Social de cerca de cuatro puntos del PIB. Ante los problemas de la Seguridad Social, plantea medidas que supondrían recortar derechos de los pensionistas para reducir el gasto en pensiones, y también considera que ya no hay margen para aumentar los ingresos pues entiende que las cotizaciones actuales son muy altas y no se contemplan otras fuentes de ingresos. Respecto al mercado laboral, se preconizan diversas medidas desreguladoras a la vez que reafirma que hay que conservar la reforma laboral vigente, proponiendo profundizar en medidas para facilitar y abaratar el despido de los trabajadores con contrato indefinido con la justificación de reducir la temporalidad, e insistiendo en que la negociación salarial se imponga a nivel de empresa.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) esta vez parece que ha querido desmarcarse, en parte, de la rigidez de las anteriores recetas y en este informe se distancia del FMI y de la Comisión Europea. En su valoración de la economía española, ha resaltado la actual fortaleza y su competitividad como se refleja en que la balanza comercial tenga superávit. En sus recomendaciones, indica la necesidad de una reforma de la economía de forma inclusiva, con vistas a una reducción más intensa del desempleo contando con que no se excluya a los jóvenes y a los parados de larga duración. Propone mejorar la protección a las personas más desfavorecidas y defiende la decisión del Gobierno socialista de elevar el SMI a 900 euros mensuales. Respecto al futuro del sistema público de pensiones, vuelve a instalarse en el recetario tradicional de estos organismos económicos: aumentar la edad de jubilación. También ha propuesto avanzar hacia una fiscalidad basada en el consumo y en la riqueza en detrimento del peso que ahora tienen las empresas y el trabajo.

En sus anuncios de una inminente desaceleración de la economía mundial, los organismos económicos vuelven a echar mano de sus fondos de armario dogmáticos: repiten las mismas recomendaciones que hicieron durante la crisis económica y que obtuvieron un doloroso fracaso. Entonces, ante una crisis económica internacional provocada por la codicia de las élites y por la desregulación financiera, se impusieron las políticas de austeridad, la desregulación de los derechos de los trabajadores y la devaluación salarial, con el argumento de mejorar la competitividad de las empresas, con una apuesta por la reducción estructural de los costes laborales y con un aumento de la presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras mientras que, en sentido contrario, se rebajaba la fiscalidad de las grandes empresas y las rentas altas. Los efectos negativos de estas políticas persisten después de cinco años de recuperación de la economía: desempleo, precariedad, bajos salarios, pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, incremento de la brecha salarial entre mujeres y hombres, la caída de la cobertura de las prestaciones por desempleo o el déficit de la Seguridad Social.

Es necesario poner fin a las políticas de austeridad y la derogación de la reforma laboral y de pensiones, pues sus medidas autoritarias y lesivas para los derechos de los trabajadores y de los pensionistas son un freno para el desarrollo económico y el progreso social. Hay que situar como objetivos prioritarios de las políticas públicas el trabajo digno con creación de empleo decente y la redistribución de las rentas; se debe potenciar el cambio de modelo del modelo productivo con planes de inversión en capital físico, tecnológico y humano;  y establecer impuestos que permitan una fiscalidad suficiente y justa para generar ingresos para sostener el Estado del bienestar y combatir las desigualdades y la pobreza.

Las recetas del FMI: menos protección y más desregulación