domingo 05.07.2020

Gobierno de coalición: un avance social y democrático

Tras 11 meses de un insufrible bloqueo político ejercido por las derechas y la ultraderecha, España tiene hoy un Gobierno de coalición progresista formado por el PSOE Y UP. Las derechas y la ultraderecha, ante su negativa a asumir su derrota, han desplegado una vez más sus discursos reaccionarios y falsarios, con los que pretendían llevarnos a repetir elecciones hasta conseguir su victoria electoral, sin importarles las consecuencias nefastas para el país de no tener un gobierno en plenas funciones. Pero para su fatalidad, el PSOE ha ganado las cinco elecciones que se celebraron en 2019 y Pedro Sánchez ha conseguido ser investido como presidente del Gobierno, con el respaldo de la mayoría de la Cámara. 

La investidura terminó, y ya se ha puesto en marcha la acción del Gobierno, centrada en generar un giro social y la renovación democrática en nuestro país. El Gobierno ha tomado como primeras medidas del Consejo de ministros y ministras la revalorización de las pensiones conforme al IPC, y la subida de los salarios de los empleados públicos desde el 1 de enero de 2020m Cumpliendo sendos   compromisos adquiridos con los sindicatos y los pensionistas en estas materias. 

Con la derogación de la reforma laboral se pretende revertir las medidas injustas y lesivas que impuso el Gobierno del PP, recuperar los derechos laborales y actualizar la regulación laboral con un nuevo Estatuto de los Trabajadores 

En su comparecencia después del primer Consejo de ministras y ministros, el presidente anunció que la acción del Gobierno de coalición se guiaría por los valores progresistas y por el diálogo social y territorial, para afrontar los diferentes retos que tiene nuestro país, recogidos en el Acuerdo del PSOE y UP titulado Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, que será la base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y de las propuestas legislativas del Gobierno en la XIV Legislatura. El Acuerdo establece los compromisos a desarrollar en diferentes cuestiones, como  pensiones, reforma laboral, igualdad, sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, cambio climático, cohesión territorial y el problema de Cataluña, reto demográfico, seguridad ciudadana, digitalización, energía y modelo productivo, impuestos y política internacional y europea. Este Acuerdo incluye compromisos como los siguientes:

Con la derogación de la reforma laboral de 2012 se pretende revertir las medidas injustas y lesivas que impuso el Gobierno del PP, recuperar los derechos laborales y actualizar la regulación laboral con un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI. Entre otros aspectos, se pretende recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos, y de forma urgente derogar la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, así como la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales.

Además, se prevé limitar la subcontratación, reforzar la utilización causal de la contratación, favorecer el uso del contrato fijo discontinuo en actividades cíclicas y estacionales, reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, revisar las causas de despido, luchar contra el fraude laboral, revisar los contratos formativos y desarrollar un Estatuto del Becario. También se recoge el compromiso de elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio al final de la legislatura, de acuerdo con los agentes sociales. 

En el ámbito del empleo, se propone mejorar las Políticas Activas de Empleo y la protección social de las personas desempleadas. Culminar la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar y ratificar el convenio número 189 de la OIT. Apoyar el retorno de las personas emigradas, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, desarrollar una regulación específica para determinadas actividades como los bomberos forestales y completar el proceso de equiparación salarial pactado con los sindicatos de policías y asociaciones de guardias civiles. 

Apoyar la economía social y la creación de un Plan Nacional de Emprendimiento Social. En el ámbito de los trabajadores autónomos se propone un sistema de cotización por ingresos reales, sobre la base de la información fiscal, que les comportará mayor protección social; evitará que quienes menos ingresan paguen una cuota excesiva y redundará en una mayor recaudación para el sistema. Se evaluará el actual criterio de caja en el IVA.

En el área de Seguridad Social, se establece el compromiso de la actualización permanente de las pensiones conforme al IPC real mediante ley y también de aumentar las pensiones mínimas y las no contributivas. Al mismo tiempo, se propone suprimir el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de la reforma de pensiones de 2013, asegurando la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo con la puesta en marcha de un nuevo Pacto de Toledo y el acuerdo del diálogo social. Desarrollo de un Ingreso Mínimo Vital como prestación de la Seguridad Social, empezando por las prestaciones por hijo a cargo para familias vulnerables y continuando con un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o bajos ingresos. 

Es determinante preservar el avance político y social alcanzado con la unidad de la izquierda y profundizar en la cooperación del conjunto de las fuerzas progresistas

El Acuerdo contempla reforzar la cohesión y la actualización del Estado autonómico: se propone promover una España fuerte y cohesionada, estructurada a partir de la Constitución y de los Estatutos de autonomía e impulsar en Cataluña una solución política a través del diálogo, la negociación y el acuerdo para buscar una salida al actual conflicto. Poner en funcionamiento una estrategia frente al reto demográfico, de lucha contra la despoblación. Promover un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que favorezca la conciliación laboral, familiar y personal. Impulsar una Ley que garantice la igualdad retributiva y profundice en la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Respecto al sistema sanitario, el acuerdo propone blindar la gestión pública; eliminar los copagos impuestos en 2012 a lo largo de la legislatura; introducir progresivamente en los servicios sanitarios la atención bucodental; renovar tecnología sanitaria; mejorar las condiciones del personal y apostar por la digitalización con una inversión que alcance el 7% del PIB en 2023. En servicios sociales se quiere reducir al menos en un 75% las listas de espera de la dependencia lo largo de la legislatura, aprobar una estrategia frente a la soledad no deseada y un programa de acreditación de calidad de residencias de mayores.

En política industrial, se busca impulsar la digitalización, la reindustrialización, los servicios y el sector primario. Promover una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que fije objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar en 2050 una generación de electricidad con origen 100% renovable, y entre el 85% y el 95% en 2040. También se prevé reformar el mercado eléctrico con la intención de lograr una reducción de las tarifas. En materia de vivienda se propone ampliar progresivamente el presupuesto actual; poner en marcha un plan de cuatro años para la rehabilitación; asegurar el realojo inmediato de inquilinos sin recursos que no puedan hacer frente a la renta; fomentar el alquiler social y frenar la subida abusiva de los precios de los alquileres permitiendo que los Ayuntamientos o las Comunidades Autónomas puedan regular los incrementos.

En materia educativa, se propone aprobar una Ley Básica de Educación que derogue la LOMCE y blindar la educación pública. Se quiere eliminar la segregación escolar, alinear la Formación Profesional con el resto del sistema, garantizar la inclusión y que la asignatura de religión sea de carácter voluntario. El Acuerdo incluye el objetivo de garantizar la gratuidad de la educación obligatoria, -incluyendo los libros, el material escolar y el comedor durante todas las etapas, para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica-; universalizar el acceso a la educación Infantil de 0-3 años y situar la inversión educativa y en becas en un 5% del PIB en el año 2025.

Respecto a derechos fundamentales, se establece el compromiso de tramitar una nueva ley de seguridad ciudadana que sustituya a la “Ley mordaza" para garantizar el ejercicio los derechos y libertades civiles, derogar el artículo 315.3 del Código Penal, que ha servido para procesar a cientos de personas por participar en huelgas y piquetes. Respecto a la violencia de genero la reforma de la tipificación de los delitos sexuales; garantizar la laicidad del Estado y su neutralidad frente a todas las confesiones religiosas. Recuperación de nuestra memoria democrática y desarrollar un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo. 

En el ámbito fiscal el Acuerdo busca logar una reforma fiscal justa y progresiva, que reduzca la brecha con Europa, que posibilite eliminar las desigualdades; la prevención contra el fraude; la limitación de los pagos en efectivo y el aumento del control sobre los grandes patrimonios. Se propone modificar el Impuesto de Sociedades para garantizar una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas energéticas; reducir en un 5% las exenciones de dividendos o plusvalías y fijar mejoras en la fiscalidad para las PYMES. Sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para que las rentas altas contribuyan de forma más justa, incrementar dos y cuatro puntos los tipos impositivos para las rentas superiores a 130.000 euros y 300.000 euros respectivamente.

Estos, y otros compromisos forman parte del conjunto de medidas económicas, fiscales, laborales, sociales y medioambientales previstas en el Programa del Gobierno de coalición progresista. Su consecución no estará exenta de dificultades por las nuevas maniobras de bloqueo que una vez más están ejerciendo las derechas y la ultraderecha. Por ello, es determinante preservar el avance político y social alcanzado con la unidad de la izquierda y profundizar en la cooperación del conjunto de las fuerzas progresistas para articular la necesaria mayoría parlamentaria, que junto con el dialogo social y el respaldo y la movilización de la mayoría social, impulsen con determinación estas medidas tan necesarias para conseguir una España más justa, más igualitaria, más sostenible y cohesionada social y territorialmente.

Gobierno de coalición: un avance social y democrático