La Presidencia portuguesa de la Unión Europea (UE) organizó en Oporto, el pasado mes de mayo, una cumbre de los dirigentes de la UE para culminar la gestión de su mandato semestral, con el objetivo de impulsar la consolidación del modelo social europeo. En primer lugar, se trataron diversos temas sobre la situación de la covid-19 y de relaciones internacionales. Posteriormente se centraron en la agenda de asuntos sociales, en la aplicación de los acuerdos de la Cumbre Social adoptados respecto al Plan de acción sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales, tanto escala nacional como en el ámbito de la UE, tal como se establece en la Agenda Estratégica de la UE para 2019-2024, para garantizar una recuperación inclusiva, recogiendo las conclusiones de estos debates la Declaración de Oporto, en la que exponen su visión de una transición digital, ecológica y justa para Europa.
Durarte la pandemia de la covid-19 los Estados miembros de la UE han venido consensuando medidas coordinadas y solidarias para superar los efectos sanitarios, económicos y sociales, y no repetir las políticas de austeridad y recortes impuestas durante la última crisis financiera internacional. El Consejo de la UE alcanzó un acuerdo extraordinario, el 21 de julio de 2020, sobre el marco financiero plurianual 2021- 2027, que supone más de 1,07 billones de euros y las medidas extraordinarias del fondo de recuperación (Next Generation EU), con cerca de 800.000 millones de euros. Ello representa para nuestro país unos 140.000 millones de euros para la recuperación de los daños económicos y sociales, a los que se añaden el instrumento europeo de apoyo al empleo (SURE), para apoyar las medidas como los ERTE o las ayudas a los autónomos puestas en funcionamiento durante la pandemia en nuestro país.
En 2015 la Comisión Europea inició el debate sobre un proyecto de mejoras en las condiciones de vida y trabajo ante el grave deterioro de las condiciones socioeconómicas de amplias capas de la ciudadanía europea, por las secuelas devastadoras originadas por la crisis financiera y las políticas neoliberales puestas en práctica desde 2010, en base al Pacto Fiscal. Dichas políticas se centraron en la austeridad, recortes del gasto público y contrarreformas laborales y sociales, para conseguir una devaluación salarial que facilitara mejoras en la competitividad y una reducción del déficit público. Esto derivó en un freno para la demanda interna y el crecimiento económico, y al mismo tiempo se disparó la deuda pública por los rescates del sistema financiero y se agrandaron las divergencias entre los países. Se produjo un deterioro en la calidad del empleo y la creación de nuevos empleos se basó mayoritariamente en la precariedad laboral y los bajos salarios.
El Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS) se firmó por las instancias europeas -el Parlamento, el Consejo y la Comisión- en la cumbre social a favor del empleo justo y el crecimiento, celebrada el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo. El documento recogía diferentes aspectos laborales y sociales y se orientaba a la adaptación del modelo social europeo a los desafíos del siglo XXI, como la digitalización, el cambio climático, las nuevas realidades empresariales y laborales o la globalización. El pilar de derechos sociales se concibió para orientar un nuevo proceso de convergencia al alza de las condiciones de vida y trabajo en la UE. Se compone de veinte principios y derechos que se estructuran en tres capítulos, los cuales contienen entre otras las siguientes materias:
- La igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, que incluye materias como la educación y formación, las políticas activas de empleo y la igualdad de oportunidades y de trato ante razones de género, edad, orientación sexual, discapacidad, raza o religión.
- Las condiciones equitativas de trabajo con empleos seguros y flexibles, los salarios, los derechos de información sobre las condiciones de trabajo y protección ante los despidos colectivos, conciliación laboral y el reconocimiento del diálogo social y la negociación colectiva.
- Por último, se tratan diversas medidas de protección e inclusión social sobre las prestaciones por desempleo, renta mínima, pensiones, sanidad, protección a los menores, personas con discapacidad, cuidados de larga duración, vivienda y apoyo a las personas sin hogar y acceso a los servicios esenciales.
Estos principios y derechos se inscriben en los compromisos fijados en los Tratados de la UE, de desarrollar una economía social de mercado altamente competitiva y coherente con los objetivos del pleno empleo y el progreso social. La Confederación Europea de Sindicatos (CES), UGT y CCOO, al igual que los partidos socialdemócratas valoraron el PEDS positivamente porque suponía un avance en las condiciones de trabajo y la protección social. Pero manifestaron su escepticismo sobre la efectividad de las medidas previstas, ya que no se les daba carácter vinculante y adolecían de un soporte financiero especifico; a su vez se dejaba exclusivamente en manos de cada Estado miembro la capacidad de adaptar el pilar social a su legislación y tampoco se preveía realizar un seguimiento del mismo e incorporar el análisis de sus resultados en el Semestre Europeo de Coordinación de Política Económica.
Para impulsar el pilar social la Comisión presentó, en marzo de 2021, a las instituciones europeas y a los interlocutores sociales una consulta a gran escala iniciada el año pasado. El Plan de Acción sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales establece una serie de tareas de la UE que la Comisión se compromete a adoptar durante su mandato actual, basándose en las numerosas acciones emprendidas desde la proclamación del pilar europeo de derechos sociales en 2017. También propone tres objetivos a escala de la Unión que deben alcanzarse para 2030 y que ayudarán a dirigir las políticas y reformas nacionales.
El Plan de Acción es la contribución de la Comisión a la Cumbre Social de Oporto, para acelerar la aplicación del pilar social por todas las partes interesadas en sus respectivos ámbitos de competencia y hacer realidad sus principios. Previamente a la cumbre los representantes de las principales organizaciones sindicales europeas lideradas por la CES y los partidos socialdemócratas reivindicaron en Oporto el modelo social europeo, en demanda de una Europa que no olvide los derechos sociales en camino de la recuperación post-covid. Junto a los sindicatos participaron también varios dirigentes socialdemócratas, como el Primer ministro portugués António Costa.
Los dirigentes de la UE debatieron acerca de la manera de establecer el programa europeo de política social para la próxima década, recogido en el Plan de Acción presentado por la Comisión, que propone medidas en las áreas de trabajo y empleo, capacidades e innovación y Estado del bienestar y protección social, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, siendo los objetivos principales que se deben alcanzar en toda la Unión Europea en 2030:
- Una tasa de empleo de al menos el 78% en la UE.
- Que cada año al menos el 60% de los adultos asistan a cursos de formación.
- Una reducción de al menos quince millones en el número de personas en riesgo de exclusión social o de pobreza.
Al término de la conferencia, las instituciones de la UE, los interlocutores sociales europeos y los representantes de la sociedad civil firmaron conjuntamente el Compromiso Social de Oporto. Fueron valorados positivamente los nuevos objetivos principales de la UE, que contribuirán a supervisar los avances en la aplicación de los principios del pilar social, en los ámbitos nacionales, e integrados en el marco de coordinación de las políticas dentro del Semestre Europeo. Sin embargo, genera cierta decepción el programa para combatir la pobreza y la exclusión social, pues parece muy poco ambicioso, cuando en la UE hay más de 90 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, de los cuales casi 20 millones son niños, por lo que se aleja de la promesa de 'pobreza cero' del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU.
En la Declaración de la cumbre social se valoró que el Plan de Acción presentado por la Comisión ofrece unas orientaciones útiles para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, a la vez que se recogen, ente otros compromisos, los siguientes: reducir las desigualdades; defender unos salarios justos; luchar contra la exclusión social y la pobreza, asumiendo el objetivo de combatir las brechas de género en materia de empleo, salarios y pensiones; erradicar la pobreza infantil y los riesgos de exclusión de grupos sociales como los jóvenes, las personas vulnerables, los desempleados de larga duración, las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas sin hogar. Finalmente, se valoró como un éxito más del diálogo social que los interlocutores sociales europeos hayan elaborado una propuesta conjunta sobre una serie alternativa de indicadores con los que medir los avances económicos, sociales y medioambientales, que complementen al PIB como medida de bienestar para un crecimiento inclusivo y sostenible.