En las elecciones celebradas el pasado 28 de abril, los ciudadanos y ciudadanas apoyaron mayoritariamente al PSOE para formar Gobierno. También en las elecciones europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo se reafirmó la mayoría socialista para liderar el giro social y la renovación democrática. Se abría así una nueva etapa de transformación social, que posibilitaba convertir las necesidades y demandas de la sociedad en propuestas para la acción de gobierno, como se materializó con la Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista. Sobre esas bases programáticas se podía haber construido un Gobierno progresista, estable, coherente y unido.
El próximo 10 de noviembre se celebrarán elecciones generales de nuevo. PP y Cs, acompañados por sus aliados de la extrema derecha, han impedido la gobernabilidad y estabilidad en nuestro país, y a esta actuación irresponsable de las derechas se ha sumado la falta de apoyo de UP al PSOE. La imposibilidad de formar un Gobierno progresista ha defraudado las expectativas de los sectores de izquierda y progresistas.
Las derechas y la extrema derecha pretenden rentabilizar electoralmente la preocupación de la ciudadanía por la repetición de las elecciones, repetición que han provocado ellos mismos con el bloqueo político. Las próximas elecciones deben posibilitar superar la situación de bloqueo, pues hace falta un Gobierno progresista que haga frente a los diferentes desafíos y retos políticos, sociales y económicos que tiene España, como el Brexit, la guerra comercial, la sentencia del procés o la desaceleración económica.
Estas elecciones van a ser determinantes para los trabajadores y trabajadoras y sus familias, por eso es necesaria su implicación en el proceso electoral. El trabajo está inmerso en diferentes transformaciones e incertidumbres originadas por distintos factores, como la globalización de la economía, la digitalización y robotización, los impactos del cambio climático y las consecuencias de la crisis económica y financiera, aún no superadas (alto desempleo, precariedad, desigualdades sociales y pobreza laboral).
Las derechas preconizan políticas que suponen desregular los derechos laborales y sociales, la devaluación salarial y de las pensiones, recortes y privatizaciones de los servicios públicos
Ante estos retos del futuro del trabajo, las derechas preconizan políticas que suponen desregular los derechos laborales y sociales, la devaluación salarial y de las pensiones, recortes y privatizaciones de los servicios públicos con el argumento de la reducción del gasto público, rebajas de las cotizaciones sociales a los empresarios y reducción de impuestos a las rentas altas y al capital.
Los efectos de esas políticas de las derechas son conocidos: se ha reducido la participación de las rentas del trabajo en la riqueza nacional y se ha debilitado el Estado del Bienestar. En nuestro país estas políticas regresivas e injustas se han desarrollado con las reformas laborales y de pensiones, impuestas por los Gobiernos del PP coincidiendo con los casos de corrupción, junto con los recortes en los salarios de los empleados públicos, en las prestaciones por desempleo y en los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia, etc.).
Ahora el PP habla de diálogo social y sostenibilidad del Estado del Bienestar, como ha escenificado en su Convención sobre economía, en presencia de representantes de los interlocutores sociales. Pretenden que se olviden los efectos negativos de su reforma laboral de 2012: el aumento del poder empresarial, la perdida de cobertura de la negociación colectiva, la precariedad, los bajos salarios, la brecha salarial entre mujeres y hombres, la parcialidad involuntaria, los falsos autónomos, la emigración en busca de oportunidades fundamentalmente entre los jóvenes, el efecto desánimo entre los jóvenes y mayores, la caída de la cobertura de las prestaciones por desempleo o el déficit de la Seguridad Social.
Los socialistas estamos comprometidos en dar un nuevo rumbo a las políticas sociales y laborales dentro de un nuevo modelo económico. Potenciar un crecimiento económico sostenible y justo, impulsar el cambio del sistema productivo, desarrollar políticas redistributivas de la riqueza con una reforma fiscal justa y progresiva, recuperar los servicios públicos y los servicios sociales. Fomentar la creación de empleo, el trabajo digno, la igualdad entre hombre y mujeres, los salarios decentes y las pensiones justas, el rescate de los jóvenes castigados por la crisis, y la mejora de la protección de las personas desempleadas, junto con la reforma de las políticas activas de empleo.
Para conseguir un modelo laboral equilibrado y participativo es necesario derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP
Para conseguir un modelo laboral equilibrado y participativo es necesario derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP, previamente a la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, con la participación de las organizaciones sindicales y empresariales a través del diálogo social, que responda a la necesaria estabilidad del empleo, a la internacionalización de nuestra economía, al impacto de la creciente digitalización y a la necesidad de proteger los derechos fundamentales en los ámbitos laborales; en definitiva, dotarnos de un nuevo cuadro de derechos laborales.
Para los gobiernos socialistas el Sistema Público de Pensiones constituye una de las políticas públicas con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades, y por ello siempre han defendido el mantenimiento y la mejora del sistema público, así como la necesidad de su reforma, para garantizar su sostenibilidad y suficiencia, bajo la premisa del diálogo social y el máximo consenso político.
El gobierno del PP emprendió en el año 2013 una reforma unilateral del sistema que, en combinación con la reforma laboral impuesta en 2012, y la consiguiente precarización del mercado laboral, llevó al sistema público de pensiones a un profundo déficit. La caída de ingresos del sistema, provocada por la reducción de las cotizaciones a consecuencia de los bajos salarios, se mantuvo incluso en la etapa de recuperación económica, situación que llevó a cubrir los déficits a costa del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que quedó en mínimos.
A este panorama catastrófico hay que sumar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en los últimos años, durante la vigencia del índice de revalorización de las pensiones, topado en el 0,25%. Una medida del PP que contó con el apoyo de Cs. También hay que recordar la pretensión de imponer un factor de sostenibilidad, que reduciría la cuantía de las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida.
Los socialistas queremos que se finalicen con consenso los trabajos de la Mesa del Pacto de Toledo
Los socialistas queremos que se finalicen con consenso los trabajos de la Mesa del Pacto de Toledo, que no se culminaron por los vetos de UP secundados por PP y Cs, y también impulsar el diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales para acordar las líneas de mejora de nuestro sistema y garantizar unas pensiones justas. Puesto que, de otra manera, se seguirán poniendo parches sin afrontar los auténticos problemas de sostenibilidad y suficiencia del Sistema Público de Pensiones.
En estos quince meses el Gobierno socialista ha puesto en marcha varias medidas dirigidas a restablecer los derechos laborales y sociales que fueron arrebatados por el PP a partir de 2012, con el pretexto de la crisis económica. Entre las materias aprobadas por el Gobierno del presidente Pedro Sánchez son de resaltar las siguientes: la revalorización de las pensiones con el IPC (1,6%) para las contributivas y el incremento en un 3% de las mínimas y otras mejoras como la subida de las pensiones de viudedad, la protección social de los trabajadores autónomos, el acceso a la jubilación parcial; la recuperación de la sanidad universal; la reversión de los recortes en educación y dependencia; medidas para mejorar el mercado de alquiler de viviendas; mejora de las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos; combatir la pobreza infantil o reformar la Ley Hipotecaria.
También se ha aprobado un potente paquete de medidas para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, como la ampliación del permiso de paternidad; diferentes disposiciones para impulsar la lucha contra la violencia de género; medidas de apoyo para los parados de larga duración y la recuperación del subsidio por desempleo para los mayores de 52 años; el Plan de Choque para el Empleo Joven para reducir el desempleo juvenil, ampliar la Garantía Juvenil y establecer la obligación al empresario de registrar la jornada laboral de sus trabajadores.
Otras medidas relevantes adoptadas por el Gobierno socialista en este periodo son la subida de un 22% del SMI, fijándolo en 900 euros mensuales por catorce pagas en 2019, que beneficia a los trabajadores sin convenio colectivo de aplicación y supone acercarse de forma importante al 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea. Junto con medidas para luchar contra la precariedad y la explotación laboral, como el Plan Director por el Empleo Digno o la supresión del contrato de emprendedores, que permitía rescindir el contrato sin indemnización durante un año. Estas iniciativas han beneficiado a las mujeres, los jóvenes, pensionistas, los trabajadores ocupados o desempleados y a la gran mayoría de las familias.
Esta labor reformadora ha sido truncada por las derechas, los independentistas y por UP, que una vez más ha dado la espalda a las políticas de progreso. De ahí la imperiosa necesidad de que las próximas elecciones del 10N pongan fin al bloqueo político y posibiliten al PSOE formar un Gobierno progresista, comprometido con garantizar los servicios públicos, el empleo estable y con derechos, y la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones, como pilares fundamentales de la lucha por la igualdad, la justicia y la cohesión social.