El pasado 29 de mayo, el Consejo de Ministros aprobó el Ingreso Mínimo Vital: una propuesta del gobierno de coalición para paliar la pobreza que sufren millones de personas en nuestro país. Entre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá y el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, hubo desencuentros sobre la renta a percibir, el número de beneficiarios y el presupuesto asignado, pero al final se resolvieron sus discrepancias y la ley salió adelante. Pablo Iglesias presentó el Ingreso Mínimo Vital como un gran avance, “que ha venido para quedarse".
Pues bien; pasó junio, julio, y agosto está a punto de terminar, sin que millones de personas a las que está destinada dicha prestación tengan respuesta. ¿Por qué? Las trabas burocráticas se alzan como muralla para impedir que los 462 euros lleguen a sus destinatarios cuanto antes. La cruda realidad es que el IMV solo lo ha cobrado el 1% de los hogares que lo han solicitado. De las resoluciones de las solicitudes cursadas a partir del 15 de junio, poco se sabe. Según dijo el ministro de Seguridad Social, con fecha 10 de julio se tramitaban 510.000 solicitudes y a finales de agosto siguen sin saber cuántas se han concedido. Se debe presentar el DNI de las personas de la unidad familiar, el empadronamiento, el libro de familia, la tarjeta de paro, anotar los ingresos que tenías en el 2019, lo que podrías esperar en 2020, pero parte de esa información está en manos de otras administraciones, que están relentizadas por el escaso personal del que dispone la Administración. Además se pide que hagan los trámites por internet, cuando hay muchas familias que no lo tienen. Es curioso que para erradicar la miseria económica no se tenga en cuenta la situación de pobreza en la que viven muchas familias. La última semana de julio, bajo el título, “Yo, Antonia García”, se denunciaba en una carta la dificultad para acceder al IMV.
El artículo 25 de los Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. .
“Que ha venido para quedarse”, dijo el vicepresidente de Asuntos Sociales, pero para quedarse primero necesita llegar. Una medida urgente que hasta el momento solo lo han recibido las familias que cobraban prestación por hijos a cargo, aunque ahora les aparece con el nombre de Ingreso Mínimo Vital, ya que el trámite se ha realizado de oficio: “La idea que se quiere transmitir es que la gente está ya cobrando el IMV, pero siguen cobrando lo que cobraban antes pero con un nombre distinto”, afirma Juan Viera, presidente del Campamento Dignidad de Extremadura.
Las ONGs puedan acompañar a las personas en el proceso de solicitar la prestación. ¿No es esta una función que debe ejercer la Administración? Pero hay más. Para agilizar este servicio, el ministerio que preside Escrivá subcontrató a la empresa semipública Tragsa, concretamente a su filial, Tragsatec, por 7,6 millones de euros, que a su vez ha empleado a 500 tramitadores para recibir la documentación, clasificarla y reclamar lo que falte para después remitirlo a un funcionario de la Seguridad Social.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el Ingreso Mínimo Vital, que pretendía llegar a 2,3 millones de personas, rivaliza con rentas autonómicas de diferente cuantía que ahora pasarán a ser atendidas por el gobierno central. En Valencia, donde la renta autonómica es superior al IMV, al aplicar los 462 de la nueva prestación, la comunidad autónoma pagará los 80 o 90 euros de diferencia hasta los 540 de la renta social que se venía aplicando. El receptor seguirán cobrando lo mismo, pero a través de las dos administraciones.
En la Comunidad de Madrid se han ido reduciendo progresivamente las rentas concedidas y el presupuesto asignado a las mismas. Al ser el RMI de 400 euros el Ingreso Mínimo Vital asume la cuantía y el ahorro será muy elevado. La administración central solicita a las Comunidades Autónomas de Madrid y de Valencia que destinen a la población empobrecida el dinero que se ahorrarán con el cambio.
Mientras tanto, las semanas pasan sin noticias sobre las solicitudes enviadas. La falta de personal en el INSS y la posibilidad de que el número de solicitudes se desborde de las 850.000 familias previstas por el gobierno, hacen pensar que las tramitaciones que no se resuelvan en los tres meses previstos, sean denegadas por silencio administrativo. El informe de Intermon Oxfam habla de 10 millones de personas empobrecidas. Además, los IMV tramitados de oficio que sustituyen a las que se recibían por hijos menores (del orden de 75.000) están vigentes solo por seis meses, y para su renovación las familias receptoras tendrán de presentar otra vez la toda documentación.
Hay aspectos que perjudican aún más las prestaciones. Para tramitar el IMV es fundamental la unidad de convivencia, lo que supone que las familias compuestas por tres generaciones (abuela, hijas y nietas en la misma casa) estarán sujetas a un mismo Ingreso Mínimo Vital, por vivir en el mismo domicilio: hasta ahora podían acceder a dos Rentas Mínimas de Inserción. Y ¿qué sucederá con las viviendas compartidas por personas sin vínculos familiares? Este modo de convivencia se está extendiendo por necesidad, no por gusto, ya que existen familias que no pueden pagar alquileres de 900/1000 euros y, como mal menor, el domicilio debe ser compartido con otra familia para poder subsistir. Existen muchas incógnitas sin resolver. La aprobación del Ingreso Mínimo Vital debería haber puesto en marcha la coordinación adecuada y la contratación del personal administrativo para llevarla a cabo. La distorsión producida perjudica a las familias que están con el agua al cuello.
“A este ritmo, no sabemos cuándo va a llegar a los hogares que lo necesitan. No tiene sentido, porque se trata de una ayuda urgente y contempla tres meses de plazo para resolver, cuando ya hay gente que lleva cinco meses sin ingresos”, cuenta Joaquín García, presidente de la Asociación Víctimas del Paro. “Para concederlo, están teniendo en cuenta los ingresos del año anterior, lo cual no tiene sentido porque son personas que se han quedado sin nada ahora, a raíz de la pandemia. Madrid está pasando hambre ya…”. “De momento tiene al borde del precipicio a 600.000 hogares sin ningún ingreso y a 1.250.000 personas desempleadas sin subsidio (según datos del propio SEPE)”.
Al margen de los que lo recibieron de oficio el IMV, que cobraron a finales de junio, los que lo tienen concedido deberían haberlo recibido el 3 de agosto. Y puede que la mitad de la población que solicite el IMV no lo reciba por cuestiones de forma. La decisión final del expediente recae sobre un funcionario, aunque los datos se los dará el tramitador, quien accede a ellos a través del INSS, ya que Tragsatec no tramita solicitudes de IMV, solo ayuda con la captura de la solicitud y comprobación y reclamación de la documentación que pudiera faltar por parte del solicitante.
CCOO denuncia que se haya optado por la vía de la licitación cuando no se trata de un subsidio temporal: “Había un gran problema de personal en la Seguridad Social antes de que se aprobase el IMV, pero en lugar de hacer una oferta pública extraordinaria para suplirlo, se ha decidido externalizar por mucho más de lo que supondrían esos salarios en la Administración pública”, razona Juan Zamora, secretario de Organización de la Sección Estatal del INSS en CCOO.
Y el resto de la casa sin atender. Con un 15% de empleados públicos en España, cuando la media en Europa alcanza el 16%, la tónica llevada a cabo por los diferentes gobiernos, durante la última década, ha sido restringir la plantilla. A pocos días de comenzar el curso escolar, poco se sabe de la contratación del profesorado necesario para mantener a raya la pandemia. Y qué decir del personal sanitario para que no vuelva a colapsarse la atención primaria y los hospitales.
Y el gobierno de vacaciones.