En el principio de orquestación, Joseph Goebbels, jefe de propaganda de Hitler, establecía lo siguiente: “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas”. De aquí viene también la famosa frase: “Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.
Esta introducción es fiel reflejo de las formas que ha utilizado la Presidenta de la Comunidad madrileña para difamar a un colectivo de funcionarios; el del profesorado. Pero no es la primera vez que el gobierno de Aguirre utiliza dicha práctica. Cuenta con toda una parafernalia mediática de propaganda para propagar bulos que, aunque después se demientan dejan marca en el colectivo difamado. El gobierno de Aguirre hace muchos años que está debilitando todo lo público y estimulando lo privado; lo lleva haciendo desde que el “Tamayazo” le permitió gobernar la Comunidad madrileña.
Ella puede argumentar que cuenta con los votos suficientes para imponer su política, que la mayoría de los madrileños confían en ella, pero eso no es suficiente para ir desmantelando, poco a poco, los servios públicos, ya que éstos son de todos. Además, puesto a contar, la mayoría está congregada entre los que votan a otros partidos y los desencantados que no votan: echen las cuentas y verán dónde hay más votos.
Pero sobre todos los argumentos posibles o imaginados, existe el argumento principal. La Educación Pública está garantizada por la Constitución, la educación Pública es un patrimonio acumulado con los impuestos por todos los españoles y españolas durante años, es un patrimonio de los ciudadanos, no del gobierno que consiga el poder. La Enseñanza Pública, así como la Sanidad, vienen siendo objeto de deseo de aquellos que quieren hacer negocio con nuestro patrimonio, y son apoyados por políticos que no creen en los servicios públicos, dichos políticos están dispuestos a repartir un bien que NO les pertenece.
“Difama que algo queda”, eso debieron pensar los que calumniaron al doctor Montes. En aquella ocasión fue Manuel Lamela, Consejero de Sanidad quien vertió el veneno. Después, los jueces no vieron delito alguno en los métodos que aplicaba el doctor Montes en los enfermos terminales, pero el mal ya estaba hecho y las privatizaciones sanitarias, que ya trotaban, comenzaron a galopar. Comenzaron a construirse hospitales, cuya concesiones pasaron a manos privadas, y por los cuales se pagan cantidades millonarias cada año; ¡menudo pelotazo para las constructoras! Pocos sanitarios se contrataron, y algunos médicos de la Sanidad Pública pasaron a los nuevos. Hoy, a pesar del aumento de hospitales, no estamos mejor atendidos en la Sanidad madrileña; el personal sanitario no guarda relación directa con los hospitales construidos.
Ahora es la propia Presidenta la que miente sobre la jornada de trabajo de los profesores. No habla, porque no le interesa ni le importa, de la repercusión que tendrá en la Enseñanza Pública la supresión de 3.000 docentes, ni de las 2.000 plazas que el curso anterior se suprimieron. Cuando el alumnado en la comunidad madrileña, lejos de disminuir aumenta, no hacen falta demasiadas cuentas para comprender la situación real. Se habla de dos horas lectivas más, pero lo que no se dice es que detrás de esas dos horas lectivas está la organización de todo un centro escolar. Pero sobre todo, está el intento del gobierno de Aguirre de poner frontera entre la Educación Pública y la Privada, aunque se denomine concertada; para ésta última todas la facilidades, incluyendo cesiones de terreno público y concesiones durante 20, 30 y más años... Para muestra ahí está el colegio del OPUS, en Alcalá de Henares, aunque existen muchos más. Desde el año 2003 al 2009 se han cedido 65 parcelas de la Administración Pública en la comunidad madrileña para centros privados concertados. Desde que se inició la etapa Aguirre, la Comunidad de Madrid ha sumado ceca de 90.000 plazas concertadas* a las ya existentes, y con ello una trasferencia de dinero público a la empresa privada. La cesión de parcelas es un instrumento básico para la privatización de la Enseñanza Pública. Pero la guinda la ponen los descuentos fiscales que el gobierno de Madrid destina a las familias que lleven a sus hijos a la privada. Se calcula que son 90 millones de euros; una descarada trasferencia del dinero público a la escuela concertada.
Hasta el año 2009, en Madrid estaba concertada el 75% de la enseñanza obligatoria, más del 50% de la educación infantil, el 50% de la formación profesional y el 20% del bachillerato*; (a día de hoy, esa cifra estará rebasada). El nuevo ataque a la Enseñanza Pública que el gobierno de Aguirre trata de perpetrar, lleva consigo la mentira y la calumnia; se a visto obligada a rectificar, pero eso no es bastante. El desmantelamiento de la Educación Pública y Gratuita es una agresión que no debe aceptarse, una agresión que no sólo afecta a profesores y alumnos; es algo que debemos defender todo ciudadano y ciudadana. Se nos está usurpando, poco a poco, nuestro patrimonio, en beneficio de los que pretenden trasformar un derecho constitucional en motivo de lucro.
A la Presidenta de Madrid no le hizo falta la reforma de La Constitución para arremeter contra el sector público; ella comenzó hace mucho tiempo a recorta donde no debió hacerlo. Aunque se deshizo de algunos hombres de confianza ¿?, no recortó en asesores, en publicidad y propaganda, o en otras costosas campañas. Ahora pretende enviar al paro a 3.000 profesores, para ahorrar 80 millones de euros, mientras la rebaja de impuestos a cuantos padres llevan a sus hijos a colegios privado está calculada en 90 millones de euros; un trágala indignante y ofensivo. Y pondrá en marcha todo su aparato mediático propagandístico para hacer bueno lo que es una usurpación patrimonial de todos los madrileños.
Ante al ataque sistemático de la Educación Pública, por el gobierno de la Comunidad de Madrid, sólo cabe la defensa sistemática de lo público. No sólo porque es un derecho reconocido en nuestra Constitución, sino porque es patrimonio de la ciudadanía; un patrimonio acumulado a través de muchos años. Y conviene recordar que el 90% de los impuesto de los que se nutren los presupuestos generales se recaudan de los asalariados, de cuantos estamos sujetos a nóminas, o a cualquier otra forma de exposición pública.
* Datos del libro de Alfredo Grimaldo, La Lidere S.A. Editorial Foca, 2009