El Gobierno de la Comunidad de Madrid acaba de aprobar el Proyecto de Ley de Medida Urgentes de Modificación Presupuestaria, que aun esta pendiente de su debate y posterior aprobación definitiva por la Asamblea, por lo que aún puede tener modificaciones que lo mejoren, o más probablemente, empeoren. Este Proyecto contiene medidas que en el ámbito sanitario suponen un avance mas en la deriva de privatización y deterioro de la Sanidad Pública que viene tomando el gobierno de la Sra Aguirre des hace años. Los aspectos mas regresivos son:
Uno. Se disminuye una vez mas el salario de los profesionales sanitarios, que en estos últimos años llevan ya una bajada de sueldo de aproximadamente un 20%, con los efectos que ello supone. Unos profesionales mal retribuidos significan un incentivo a una peor atención sanitaria y a la búsqueda de ingresos en el sector privado.
Dos. Se eliminan los turnos de tarde de los médicos que no hacían guardias debido a su edad, con lo que por un lado se pierde oferta sanitaria (de consultas externas, actividad quirúrgica y pruebas diagnósticas) y por otro se favorece la infrautilización, fuera del horario de mañana de los recursos del sistema sanitario público.
Tres. Aunque inicialmente se eliminaba la prolongación de la edad de jubilación, posteriormente este aspecto ha desparecido del Proyecto, si bien hay que tener en cuenta que las medidas del Programa Nacional de Reformas, abogan por la cobertura solo del 10% de las plazas vacantes que se produzcan en Sanidad y Educación (en el resto de la administración el 0%) .Si vuelve a introducirse, lo que como ya se ha dicho puede suceder y el rescate será una buena excusa, el resultado sería una disminución significativa de las plantillas. Según el estudio realizado por la FADSP ello supondría en Madrid una disminución del 7,6% de la plantilla con los efectos que tendría en el aumento de la presión asistencial de los profesionales y en el incremento de las demoras y listas de espera.
Cuatro. Se impone una tasa por renovar las tarjetas sanitarias en caso de rotura, robo o perdida de 10 €, que entendemos es ilegal porque excede las competencias de la Comunidad de Madrid, y además supone un obstáculo para el acceso a la atención sanitaria a las personas con problemas económicos, que en la coyuntura actual es la mayoría de la población.
Cinco. Se cierran tres centros de especialidades y se restringe la actividad de varios SUAP (servicios de urgencia de AP) lo que dificulta la accesibilidad de los ciudadanos al sistema sanitario, derivando los pacientes a centros de gestión privada o semiprivada.
Seis. Se pretende externalizar, es decir privatizar, todos los servicios que no son directamente sanitarios, continuando la senda de privatización progresiva del sistema sanitario, a pesar de que es bien conocido que aumenta los costes y empeora la calidad del servicio.
Por todo ello es obvio que estas medidas, que hay que sumar a las ya establecidas en el RD 16/2012, van a continuar el deterioro de la Sanidad Pública y a favorecer su privatización, a la vez que empeora la calidad de la atención sanitaria que recibe la población e incrementa las desigualdades en el acceso a las prestaciones sanitarias. Conviene no olvidar que los recortes y las privatizaciones se producen para solventar con dinero público los cuantiosos agujeros creados por entidades que, como sucede con Bankia; han sido una gestión del gobierno regional de la Sra Aguirre que no ha dado una sola explicación ni ha asumido ninguna responsabilidad sobre ello. No parece de recibo que los profesionales sanitarios y los ciudadanos paguemos por sus errores.