Hace ahora un año que se iniciaron las movilizaciones en la Sanidad Pública de Madrid en respuesta al anuncio de la Consejería de Sanidad del denominado por el Gobierno del PP como “Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la comunidad de Madrid” y que, en realidad, bajo este titulo eufemístico encubría el mayor embate privatizador de la Sanidad Pública madrileña, que el PP madrileño denominaba con un término que ni siquiera esta en el diccionario “externalizaciones”.
La réplica, conviene recordarlo, se inicio en el hospital de La Princesa y se generalizó posteriormente a toda la red de hospitales y centros de salud de la Comunidad, con una respuesta masiva y unitaria de trabajadoras de la Sanidad y ciudadanía, que no se había producido nunca antes. Seguramente, fue esta implicación entre los profesionales y la población lo que ha favorecido la fuerza y la persistencia de las movilizaciones, que continúan, un año después.
No debemos olvidar que las movilizaciones han tenido resultados muy positivos: se paralizo la conversión del Hospital de La Princesa y del Instituto Carlos III en geriátricos, aunque las competencias, funciones y servicios de este último hospital pasan a depender de la Dirección Gerencia del hospital La Paz; la supresión de los laboratorios, el freno en la privatización de los Centros de Salud de Atención Primaria (a pesar de que la Consejería de Sanidad ya había rebajado el objetivo de 27 centros de salud privatizables a solo 4) y, por fin, está paralizado por lo juzgados el proceso de privatización total de los 6 Hospitales (centros semiprivados) y los centros de especialidades dependientes de ellos (incluidos los Centros de Salud Mental), porque el seudoconcurso privatizador estaba lleno de irregularidades y por la propia presión social y profesional. Porque es evidente que, probablemente, el mayor éxito de las movilizaciones ha sido la “hegemonía social”, es decir, el convencimiento que hoy tienen la inmensa mayoría de la población y de los profesionales madrileños de que la privatización de la Sanidad es profundamente negativa para la calidad de la atención sanitaria y que sólo responde a intereses personales y empresariales espurios.
Con todo, no hay que ser triunfalistas y recordar que una parte del Plan se ha llevado a cabo: se cerró el Instituto cardiológico, se eliminaron 27 categorías profesionales, se realizo la jubilación forzosa de los mayores de 65 años, y, sobre todo, se ha seguido una línea continuada de recortes (cierres de camas, infrautilización de quirófanos, de consultas de tarde, disminuciones de personal de todas las categorías, etc.) que han producido un incremento notable de las listas de espera de todo tipo (de consultas externas, de pruebas diagnósticas, de intervenciones quirúrgicas, etc.), es decir, de una manera mas lenta y solapada se continúa con la privatización, el deterioro y desmantelamiento de la Sanidad Pública.
Por supuesto, también debemos tener claro que sin la respuesta social y profesional ahora estaríamos muchísimo peor y que la Sanidad madrileña habría recibido golpes de difícil recuperación.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está jugando la baza de alargar el conflicto con la esperanza de que el tiempo irá haciendo mella en el ánimo de los implicados que, a la postre, acabarían asumiendo que no hay otra salida que la resignación. Sin embargo, los cálculos no les están saliendo porque, a pesar del lógico cansancio, las movilizaciones continúan con fuerza, puesto que somos conscientes de que los problemas de fondo no se han resuelto, las agresiones no han disminuido y la cercanía, cada vez mayor, de las elecciones, incrementa la capacidad de presión.