miércoles 17.07.2019

¡Pobre libertad de expresión!

Francisco Peregil lo recordaba en El País del 14 de julio: “Corren malos tiempos para la libertad de expresión en Argelia”. ¿Por qué? “ Porque “el Gobierno ha aprobado una ley que restringe la libertad de expresión -aportaba el artículo-. Y a eso se añade el pulso que libra el clan Buteflika contra el hombre más rico del país, el empresario Issad Rebrab, de 71 años”. Lo cierto es que, ese mismo día, Juan Carlos Sanz informaba en similares términos desde Jerusalén: “La ONG Amnistía Internacional denunció en un informe publicado ayer el `aumento sin precedentes´ de las desapariciones forzadas en Egipto desde 2015”.

De esta guisa nos adentramos en la segunda mitad del mes de julio y en la página web de Reporteros Sin Fronteras podía leerse el 14 de julio este titular: `Las acusaciones contra cinco periodistas turcos tienen que ser retiradas´. La nota ya mostraba que un grupo de organizaciones defensoras de la libertad de prensa había instado “a que sean retirados los cargos contra cinco periodistas turcos, entre los que se cuentan cuatro extrabajadores de la redacción y el equipo de investigación del periódico Taraf, acusados de acceder a secretos de estado y divulgarlos, pertenencia a una organización terrorista y gestión de la misma. Además, de la retirada de los cargos, piden que uno de los acusados, Mehmet Baransu, sea liberado de manera inmediata e incondicional”, pues los “autos de procesamiento y los materiales presentados por el fiscal en relación con el caso suscitan dudas muy graves, lo que sugiere que las acusaciones tienen una motivación política”.

Purgas y venganzas

La realidad, pese a todo, nos muestra el camino, el que parece querer recorrer el ministro alemán de Justicia cuando “advierte contra una `purga´ vengativa en Turquía”: la agencia EFE recuerda el 17 de julio que Heiko Maas acababa de advertir “contra una `purga´ y una `venganza arbitraria´ en Turquía, tras el intento de golpe de Estado y el alud de destituciones y arrestos en el cuerpo judicial del país. `La venganza y la arbitrariedad no contribuirán a la pacificación (del país)”. Y Pilar Bonet informaba sobre otro hecho en El País del 20 de julio: “Pável Sheremet, miembro de la comunidad de periodistas rusos que desempeñan su profesión desde Kiev, pereció este miércoles por la mañana, víctima de un atentado en una céntrica calle de la capital ucraniana. El periodista se dirigía en coche a su trabajo en una emisora local (Radio Vesti) cuando el vehículo hizo explosión y se incendió a consecuencia de una carga explosiva de efecto retardado colocada debajo del asiento del conductor”.

En definitiva, el panorama internacional de la libertad de expresión se complica enormemente cada vez que a las diversas mafias de las mil y una chapuzas les tocan la moral: “el pasado domingo, el periodista siniestrado comentaba el golpe de Estado en Turquía sobre el telón de fondo del arbitrario e indisciplinado comportamiento de veteranos de los batallones de voluntarios que lucharon a favor de Kiev en el este de Ucrania”. Cuando menos, la muerte de Sheremet pareció causar “un enorme impacto entre los dirigentes políticos en Kiev, incluido el presidente Petró Poroshenko, que calificó el suceso de `horrible tragedia´. Poroshenko, que conocía personalmente al periodista, ordenó investigar inmediatamente el crimen”. Y el impacto parece haber sido “especialmente intenso en la comunidad de periodistas rusos que, en los últimos años, se han trasladado a Ucrania en busca de una posibilidad de ejercer su trabajo con más libertad que en Moscú”.

Pero, ¿se sorprende el poderoso hoy en día del asesinato de un periodista? No es probable. Sin embargo, tal y como defiende Robert Fisk en El Viejo Topo del 18 de julio (a través de un artículo publicado originariamente en The Independent), probablemente `No será el último golpe en Turquía´ el de unos días atrás: “La inestabilidad es hoy tan contagiosa en la región como la corrupción, en especial entre sus potentados y dictadores, una clase de autócratas de la que Erdogan ha sido miembro desde que cambió la constitución en beneficio propio y reinició su perverso conflicto con los kurdos”. Para él, no se trata “sólo de considerar el grado de horror que la OTAN y la UE habrán sentido por estos hechos. La verdadera cuestión será el grado en que el éxito (momentáneo) de Erdogan lo envalentonará para emprender más juicios, encarcelar a más periodistas, cerrar más periódicos, matar más kurdos y, para el caso, seguir negando el genocidio armenio de 1915”.

El 20 de julio, Reporteros Sin Fronteras todavía “advierte a las autoridades turcas contra cualquier tentación de silenciar a los medios de comunicación críticos, bajo el pretexto de castigar a los supuestos responsables del intento del golpe de Estado del 16 de julio pasado” y recuerda que más “de una decena de web han sido suspendidas por `poner en riesgo la seguridad nacional o el orden público´”. Y el día 23, El Confidencial ya nos puede asegurar que `Erdogan cierra quince universidades mientras la oposición toma Taksim´ y que `Entra en vigor el primer decreto tras la instauración del estado de emergencia en Turquía. 5.613 personas han ingresado en prisión preventiva desde el fallido golpe de Estado´: “El primer decreto emitido por el Gobierno turco al amparo del estado de emergencia, vigente desde el jueves, es el cierre de más de 2.300 instituciones, sobre todo colegios privados, vinculadas a las redes de seguidores del predicador islamista Fethullah Gülen, a quien Ankara responsabiliza del fallido golpe militar del pasado 15 de julio”.

Más adelante, `Amnistía denuncia torturas, violaciones y desapariciones de detenidos en Turquía´, también según El Confidencial, que aporta informaciones de diversas agencias el día de Santiago Apóstol: “En un comunicado, AI denunció que hay graves casos de prácticas de maltrato que incluso parecen sistemáticas, por lo que el director de la organización no gubernamental para Europa, John Dalhuisen, instó `a las autoridades turcas a cumplir con sus compromisos´ internacionales en materia de Derechos Humanos. También le urgió a `no abusar del estado de emergencia pisoteando los derechos de los detenidos´ y recordó que `la prohibición de la tortura es absoluta y no puede quedar nunca comprometida o suspendida´. En realidad, la ONG “insta al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) a hacer una visita de emergencia a Turquía para velar por las condiciones de detención. En este contexto, recordó que Turquía, como miembro del consejo de Europa, tiene la obligación de cooperar con el CPT, el único órgano autorizado a efectuar visitas sobre el terreno a todos los lugares de reclusión de detenidos en Turquía, eligiendo libremente el momento y el lugar”.

Y, definitivamente, `La justicia turca ordena la detención de 42 periodistas tras el fallido golpe´, según AFP y EFE, cuyas informaciones reproduce El Mundo ese día 25: “La Justicia turca ha ordenado hoy el arresto de 42 personas, entre ellos varios periodistas, que `pertenecen a la rama de medios de comunicación´ del imperio económico vinculado a la cofradía de Fethullah Gülen, el predicador exiliado al que Ankara acusa de ser el cerebro del fallido golpe militar del 15 de julio. Entre ellos se encuentra la periodista Nazli Ilicak, figura destacada de la profesión, despedida del diario progubernamental Sabah en 2013 por haber criticado a ministros implicados en un escándalo de corrupción, indicaron los canales de televisión NTV y CNN-Turk.

¡Pobre libertad de expresión!

¡Pobre libertad de expresión!