En los programas de las distintas fuerzas políticas que concurrieron a las Elecciones Generales del 20 de noviembre de 2011 ninguno (y digo bien, ninguno) llevaba como propuesta electoral el desmantelamiento del Estado Social, a través de la política de recortes que en materia de derechos se viene imponiendo a golpe de Decreto en nuestro país.
El programa electoral del Partido Popular, con el que ganó las elecciones generales, más allá de la ambigüedad, ciertamente calculada, tampoco contemplaba las medidas que ha venido aprobando desde el primer Consejo de Ministros que ya presidió el nuevo presidente del Gobierno, señor Rajoy.
Más bien al contrario, en entrevistas, actos o debates realizados en la campaña electoral siempre negó que se fuera a abaratar el coste del despido; que se fuera a producir una reforma laboral como la aprobada, que supone una involución social y democrática que rompe con el Contrato Social construido desde el inicio de la Transición democrática; ni que fueran a producirse recortes en matería educativa y sanitaria; que se iba a echar abajo la Ley de Dependencia; que fuera a crearse un sistema de repago en materia farmacéutica que iba a afectar, como de hecho ha ocurrido, a los pensionistas y jubilados; que se iba a proceder a una amnistía fiscal acompañada del incremento del IVA; que se iban a recortar los salarios de los empleados públicos, suspender los convenios colectivos,...
¿Es legítimo que, a golpe de decreto, se aprueben medidas que no sólo no se contemplaban en el programa electoral, sino que incluso fueron negadas, reitero, en entrevistas, debates y actos durante la campaña electoral?
Sin duda, no, por más que sea legal. La legitimidad que otorgan las urnas no es, en ningún caso, un cheque en blanco. La falta de legitimidad derivada de una malversación programática, se ha terminado por convertir en ilegitimidad social, con las consecuencias, no precisamente positivas que, en el terreno social, político e institucional están tomando carta de naturaleza y que están afectando al grado de calidad de la democracia en nuestro país.
La sociedad, a través de sus interlocutores y/o de manera directa, tiene que opinar; y existen cauces para que exprese su opinión.
Es por ello que desde la Cumbre Social, formada por el conjunto de las organizaciones sindicales y hasta 150 organizaciones sociales, se demanda al Gobierno la convocatoria de un Referéndum.
Referéndum que tiene anclaje constitucional en lo que es un derecho fundamental: los ámbitos de participación de la sociedad civil, que conecta perfectamente con la doctrina del Tribunal Constitucional cuando se refiere al derecho de la ciudadanía a participar en asuntos públicos, no a los circunscritos exclusivamente a procesos electorales.
Hay igualmente que subrayar que la participación pública no la pueden gestionar sólo los gobiernos.
Si el Gobierno dice “no” a la realización de una Consulta Popular, será la propia sociedad quien la impulse, también desde el anclaje constitucional, que sobre el derecho a la libertad de expresión a través de formulas colectivas, es taxativo.
Es, por tanto, debate lo que se reclama; debate frente a la opacidad, trasparencia frente a la manipulación, contraste de propuestas y alternativas, en una sociedad a la que, en un escenario tan difícil, hay que dar la palabra.