Urge una reforma constitucional que refuerce y reconozca el derecho al trabajo como elemento fundamental de la condición de ciudadanía, y en materia laboral es necesario un nuevo Estatuto de los Trabajadores
El 6 de Diciembre se han cumplido 40 años de la aprobación en referéndum de la Constitución Española. Este 40 aniversario de la Constitución que ha marcado el tránsito del final de la dictadura a la democracia es una ocasión para analizar críticamente los contenidos de la misma y el cumplimiento de estos en lo que se refiere al mundo del trabajo y a sus organizaciones.
No cabe ninguna duda que la proclamación de España como Estado social y Democrático condicionó el apoyo de la mayoría de la ciudadanía al referéndum constitucional. El texto constitucional recoge la consideración de los sindicatos como pilares dentro del Estado Social y democrático y sujetos políticos fundamentales -organizaciones básicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales- y además la regulación de los derechos sociales y laborales.
Pero aquí no se pueden olvidar las definiciones que el político alemán Ferdinand Lasalle (1825-1864), discípulo de Marx y destacado impulsor del partido socialista alemán: “una constitución es la suma de los factores reales de poder que rigen en un país”. Y añadía: “se cogen esos factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y a partir de este momento, incorporados a un papel, ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en Derecho, en instituciones jurídicas”. Para este dirigente socialista “los problemas constitucionales no son, primariamente problemas de derecho, sino de poder” y por lo tanto “las constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas más que cuando dan expresión fiel a los factores de poder imperantes en la realidad social”.
La Constitución de 1978 plasma claramente la correlación de fuerzas existente en los años que precedieron al 6 de Diciembre de 1978, al igual que hoy no se ajusta ni tiene que ver en muchos aspectos con la situación real.
Sin embargo en el transcurso de estos cuarenta años y sobre todo en los últimos años en el contexto de la Gran Recesión, los artículos referidos a los derechos económicos y sociales han sufrido un debilitamiento cuando no, se han ignorado. Esto ha generado una crisis de legitimidad de los sistemas de garantías judiciales de derechos en particular de la justicia constitucional. La gestión política de la crisis y la recomposición económica bajo el imperio de las empresas multinacionales y de los grandes oligopolios de los medios de comunicación han atacado los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores, aplicando contra ellos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como la Ley Mordaza (más de trescientos sindicalistas encausados y con petición de fuertes penas de prisión por participar en piquetes de huelga).
En estos años se han ignorado, burlado y limitado algunos de los artículos que fueron básicos para el pacto constitucional, como son, entre otros: el Art.7, que establece con rango constitucional, el papel de los sindicatos; el Art. 28, que estipula la libertad de sindicación y el derecho de huelga; el Art.35, sobre el derecho al trabajo; el Art.37, sobre el derecho a la negociación colectiva; el artículo 129 sobre la participación en la Seguridad Social, y la participación de los sindicatos en la planificación económica en el Art. 131.2.
Este debilitamiento del tejido garantista de la Constitución en la gestión de la crisis económica por parte de las élites tiene como máximo exponente la reforma del artículo 135 de la Constitución, dictada por el Banco Central Europeo y realizada en el 2011, por el Gobierno del PSOE y el PP, con alevosía en el mes de agosto y sin el más mínimo debate o consulta a la ciudadanía. Esta reforma del 135 simboliza la recepción de las políticas más extremas de un capitalismo que quiere impedir la participación de la sociedad y que consagra un Estado democrático débil.
Este artículo constitucionaliza el pago de la deuda, anteponiéndose desgraciadamente a los derechos a la educación (Art.27), a la Seguridad Social (Art. 41), a la protección de la salud (Art. 43), al derecho a la vivienda (Art.47), a la pensión (Art. 50).
Esta reforma exprés de la Constitución sobre el pago de la deuda, unido a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria se ha utilizado por las élites económicas y políticas para impedir y obstaculizar la puesta de la economía al servicio de la mayoría de las personas y supone una seria amenaza a la sostenibilidad del modelo social.
En paralelo a la gestión económica y social de la crisis a través de la aplicación de las políticas de austeridad se ha producido un adelgazamiento de la democracia y una desafección de las personas a las instituciones políticas.
En el sistema judicial se han colonizado las instituciones a través de malas prácticas clientelares en el acceso a la carrera y a la falta de democratización del sistema judicial. Se han vulnerado los derechos de las personas migrantes ante los tribunales, se ha conformado el Tribunal Constitucional como un órgano de parte, se ha minimizado el diálogo social y se ha utilizado el Código Penal para perseguir el derecho de huelga. Estamos ante un perversión de los principios constitucionales por la vía de los hechos, es decir, por la acción de los distintos gobiernos y sus reformas. Las élites económicas y políticas han utilizado las instituciones del Estado en su beneficio.
La interpretación de los contenidos de los artículos de la Constitución se ha llevado a cabo en función de las distintas mayorías políticas y de la correlación de fuerzas, y con el desprecio de la democracia social.
La realidad está aquí presente, alejada del ditirambo, de la exageración e incluso de la falsedad. España es un país desigual, tanto en el empleo como en los salarios y condiciones de trabajo y la situación de precariedad resultante implica un retroceso de los derechos económicos y sociales.
La encuesta difundida por El País en Noviembre sobre “Diez Años de Crisis. Valoraciones y cambios tras la crisis”, expresa la opinión de la ciudadanía, a la hora de señalar a los causantes de la Gran Recesión y proponer alternativas muy contrarias a las que cada día nos martillean los aparatos mediáticos de las élites económicas y financieras.
El desarrollo de leyes orgánicas y el incumplimiento de los derechos son la causa de la desafección política de la mayoría social y del surgimiento de las fuerzas de la extrema derecha.
Una necesaria reforma constitucional debería blindar aspectos relevantes de los derechos laborales, para evitar las actuaciones unilaterales de los Gobiernos como ha ocurrido con las últimas reformas laborales.
Es necesario que el impulso del diálogo político pueda desembocar en un nuevo proceso constituyente, en el que abordar una seria reforma de la Constitución, que constitucionalice y blinde los derechos económicos y sociales. Es cierto, que es bastante complicado que se puedan formar mayorías tan cualificadas como las que se necesitan para modificar la Constitución.
La Constitución del 78 muestra síntomas de agotamiento. Urge una reforma constitucional que refuerce y reconozca el derecho al trabajo como elemento fundamental de la condición de ciudadanía, y en materia laboral es necesario un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Un nuevo marco constitucional exige un proceso constituyente.
Artículo publicado en Sistema Digital