La izquierda no debe enmascarar, ni muchos menos ocultar, lo que está en la base de la sociedad; debe decir la verdad, por dura que sea, e impedir el relato de las élites y a veces incluso de algunos sectores propios
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), aprobado recientemente por el Gobierno, supone un ligero cambio positivo en la política económica española, si nos atenemos a la que nos tenía acostumbrados la derecha conservadora y reaccionaria durante los últimos años. En este sentido, el proyecto de PGE abre un pequeño resquicio para mejorar la situación de las condiciones de vida de la mayoría social, lo que no es óbice para puntualizar que aún está lejos de corregir y restañar los graves efectos que produjeron las políticas de austeridad y ajustes aplicadas por el Gobierno del PP, siguiendo las directrices de la Troika.
No puede ser de otra manera un análisis riguroso de estas cuentas, dado el sometimiento de la política económica del Gobierno a los diktat de la ortodoxia de la Comisión Europea.
En una primera revisión, hay que tener muy presente que este proyecto de PGE ya viene lastrado por la irresponsabilidad de los partidos de la derecha, Partido Popular y Ciudadanos, que prefieren anteponer sus intereses electorales a los de la mayoría de la sociedad española, bloqueando en el Senado el acuerdo del Gobierno español con la Comisión Europea para poder ampliar el déficit hasta el 1,8% del PIB. Este bloqueo, para empezar, ya tiene como consecuencia directa que las cuentas de los PGE dispongan de unos seis mil millones de euros menos, cantidad que sería más que bienvenida en unos presupuestos ya de por sí escasamente expansivos.
Está claro que mejorar las cuentas del PP no exigía mucho esfuerzo, pero pienso que, desde la izquierda, se debe ser riguroso a la hora de analizar cualquier política, ya sea esta económica o social, con el fin de evitar exageraciones o calificaciones que solo sirven para desvirtuar el significado de las palabras y acabar desvalorizando el mensaje que el lenguaje pretende transmitir.
La izquierda no debe enmascarar, ni muchos menos ocultar, lo que está en la base de la sociedad; debe decir la verdad, por dura que sea, e impedir el relato de las élites y a veces incluso de algunos sectores propios.
El arte de la política no es mentir ni ocultar los objetivos reales, sino que estriba en decir la verdad, como premisa necesaria de una verdadera política.
El proyecto de PGE muestra un cambio positivo en algunas partidas (pensiones, dependencia, inversión pública, desempleo, infraestructuras, I+D+i, vivienda, educación, igualdad de género…), pero aún se mantiene a gran distancia de las partidas necesarias para consolidar la etapa de actual de crecimiento de la actividad económica y el empleo.
Estudios realizados por expertos analistas apuntan a que, si se toman como referencia las cantidades destinadas a partidas sociales, como gasto a los grupos más vulnerables, pensiones, desempleo, sanidad, educación y alguna más… se llega a la conclusión de que los presupuestos del Gobierno del Partido Socialista dedican 12.600 millones más que 2018. Si el año pasado el gasto social representó el 55,5% de todo los PGE, en el proyecto del Gobierno socialista para 2019, la cifra asciende a 57,3% (un 3,24% más).
Aunque se aumenta la política de ingresos y se mejora la justicia redistributiva de la recaudación, no hay que perder de vista la distancia que aún existe entre España y el promedio de la Unión Europea, por lo que no sería realista y cuanto menos honesto hablar de una política fiscal justa y redistributiva. La presión fiscal no es elevada y no hay ninguna medida que cierre la brecha impositiva entre las rentas del trabajo y las especulativas.
Si no existe una presión fiscal elevada, es impensable pensar que con el aumento que recoge el proyecto de PGE en las partidas dedicadas al gasto social, se pueda reducir de manera notable la desigualdad, a no ser que solo se esté pensando en limar las aristas a los graves problemas de la desigualdad y la pobreza, sin profundizar más allá.
Este proyecto presupuestario marca una diferencia al alza, aunque sea mínima, con los anteriores del PP, pero deberían abordar una política fiscal mucho más progresista y ambiciosa, de manera que la mayoría de la sociedad pudiese salir dignamente beneficiada.
No hay que olvidar la esencia contractual de los PGE, como elemento clave que permite al Gobierno presentar a la sociedad el proyecto que realmente quiere para su país. Evaluado en este sentido, para 2019, no se puede más que concluir que no contiene ninguna política pública de transformación y mejora del aparato productivo.
La ausencia de una política industrial eficiente, así como la falta de propuestas para el tránsito de la economía analógica a una economía industrial, el reto de la automatización y la robótica, medidas sobre la transición energética, la planificación del sistema energético y eléctrico, el desequilibrio territorial y medioambiental, la importancia de ser más ofensivos en el desarrollo de I+D+i, en un momento en que vuelven a aparecer los ERES, (Alcoa, Cemex, Vestas, Vodafone, entidades bancarias…), la destrucción de empleo por parte de las multinacionales… son la clara y dura expresión de una nueva desindustrialización que acecha a nuestro país, que solo puede ir aderezada un rudo empobrecimiento de los territorios donde se asientan estas industrias.
Ante esta situación, resulta lamentable que en el proyecto de PGE no haya ninguna apuesta de estrategia presupuestaria en materia de energía e industria, máxime cuando hace tiempo que se viene reclamando un Pacto por la Industria que tenga una actitud decidida en la defensa de la capacidad productiva del país y haga de la centralidad del trabajo un elemento esencial.
En lo que se refiere a la política industrial, nada más claro que señalar que directamente no existe. Por ello, se deberían destinar las partidas necesarias para impulsar el tan demandado cambio de modelo productivo y salir de la camisa de fuerza de la dependencia de la tecnología proveniente de las empresas transnacionales, a no ser que se apueste por el modelo productivo real existente.
Cuando menos, resulta chocante que, en el apartado de infraestructuras, se destine a las ferroviarias la mitad de la inversión. ¡Ojo! la cuestión no es que no se necesite, ni tampoco que se dé prioridad a la red de cercanías dado su actual abandono al haberse optado por impulsar en años anteriores la alta velocidad. La cuestión es que resulta imprescindible, entre otras cosas, destinar también partidas presupuestarias a la industria del automóvil y al vehículo eléctrico; o que en la política de vivienda, auténtico caballo de batalla de la desigualdad social, no se reflejen partidas para la renovación medioambiental de los edificios. En resumen, no queda más remedio que lamentar la desconsideración mostrada en estos PGE hacia la política industrial española, fuente histórica de riqueza por su capacidad generadora de empleo, bienestar y cohesión tanto social, como territorial.
Desde hace muchos años, se viene exigiendo una política que haga una apuesta orientada al desarrollo industrial y al cambio tecnológico, a la vez que dé una adecuada concreción de las necesidades, los objetos, productos y servicios que respondan a la demanda actual, de manera que sirva para mejorar la posición de la economía española y dar, al mismo tiempo, solución a los problemas sociales, territoriales y medioambientales que nos acucian.
Si a alguien se le pasa por la cabeza aquella ocurrencia de un ministro socialista acerca de que “la mejor política industrial es la que no existe”, que desista en su empeño porque la política industrial no puede ser una anécdota en los PGE.
Estamos ante unos presupuestos demasiado tímidos y prudentes que, si bien pueden ser el inicio de otra política más justa y al servicio de la mayoría de la sociedad, deben ir acompañados de un atrevimiento claro por parte del Gobierno a la hora romper el límite que marca las orientaciones de la Unión Europea con su Plan de Estabilidad y Crecimiento.
No obstante, hay que tener clara la importancia de que el Parlamento proceda a aprobar estos Presupuestos, habida cuenta de su constatada orientación progresista, beneficiosa para la mayoría social.
La evolución de las previsiones de ingresos de este proyecto de PGE es directamente proporcional a la reducción de la tasa de paro, al impulso de los salarios, las pensiones y las medidas de protección social.
Y para mejorar y avanzar es imprescindible y de manera rápida, que los PGE vayan acompañados de la derogación de la reforma laboral, la de pensiones de 2013 y la del desempleo, principales causantes del incremento de la pobreza y de la desigualdad en la sociedad española. El Gobierno tiene la palabra.