Ahora que se han convocado las elecciones, es el momento de enviar a las políticas neoliberales y socioliberales al baúl de los recuerdos, de donde nunca debieron salir
El Gobierno ha convocado las elecciones generales para el día 28 de abril y lo ha hecho sin derogar los elementos más lesivos de la Reforma Laboral, ni de las pensiones. No hay excusas creíbles ni para eludir esta responsabilidad, ni para convocar estos comicios. Se trata simplemente de una falta de voluntad política.
Las reformas aprobadas por el Gobierno del PP siguen ahí. Hay hechos incuestionables: la economía crece desde hace cinco años, mientras que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no reciben ni un solo beneficio de este crecimiento. Desigualdad, pobreza y precarización son las inexplicables señas de identidad de un país en un contexto de crecimiento económico.
El Gobierno de Rajoy aprobó reformas estructurales que han agravado el sufrimiento de la mayoría social de este país y que cambiaron la correlación de fuerzas en favor de una minoría poderosa que, como tal, controla el poder de la riqueza.
Los graves efectos de la crisis iniciada en 2008 y las sendas reformas laborales de 2010 y 2012 continúan siendo las responsables primeras de una patente devaluación salarial, al tiempo de que España siga siendo el triste campeón de la temporalidad en el entorno de la Unión Europea.
En la actual recuperación económica, y van ya cinco años, no se aprecian grandes cambios en la creación y destrucción de puestos de trabajo respecto al periodo 2006 y 2007. De hecho, la temporalidad campa a sus anchas tanto en materia de contratación, como en ajustes laborales.
El panorama actual de la población activa española es el siguiente: un 14% de personas está en paro; un 5% trabaja con contrato temporal a tiempo parcial, un 14% lo hace temporalmente a jornada completa; un 6% disfruta de un contrato indefinido a tiempo parcial; el 14% corresponde a población ocupada por cuenta propia, mientras que solo el 46% de la población activa tiene un trabajo asalariado con contrato indefinido y a tiempo completo y digo solo porque más que menos trabajan bajo el paraguas de la inestabilidad. Esta es la abrumadora realidad del modelo laboral. Hablamos de una enfermedad que afecta a más de la mitad de la población y no se puede combatir de forma eficaz con cuidados paliativos.
Mientras no se deroguen las reformas laborales y de las pensiones, mientras no se desactiven las otras reformas estructurales con las que se ha gestionado erróneamente la crisis, España seguirá amarrada a los intereses de las élites de las grandes empresas y de las multinacionales, que bien pueden llevar en un momento dado a la clase trabajadora a la deriva.
Este mercado laboral es la otra cara del modelo productivo que existe en España y que hace del ajuste salarial, de la precarización del empleo y de unas relaciones laborales subordinadas al poder empresarial, su modelo de competitividad.
El mercado de trabajo sigue sosteniéndose en los sectores menos productivos y en unas condiciones laborales precarias (temporalidad, salarios muy bajos, contratación a tiempo parcial obligatoria, rotación en la contratación, brecha entre hombres y mujeres, así como una gran fisura generacional).
La ventana de esperanza que abrió el triunfo de la moción de censura contra el Gobierno del PP, en junio pasado, no ha corregido las reformas aprobadas al servicio de las élites económicas y financieras, ni ha puesto en marcha políticas que permitan un necesario cambio de modelo productivo, acompañado irremediablemente de una transformación del modelo de relaciones laborales.
En todo este tiempo de gobierno socialista, solamente la recuperación del subsidio para mayores de 52 años y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sin entrar a analizar las maneras de cómo se han realizado, se podrían calificar de medidas que favorecen a la mayoría trabajadora de la sociedad.
Ahora que se han convocado las elecciones, es el momento de enviar a las políticas neoliberales y socioliberales al baúl de los recuerdos, de donde nunca debieron salir. Se trata de abrir un nuevo horizonte y desactivar las políticas que solo han beneficiado a los bolsillos de una minoría.
Es absurdo continuar con actuaciones gubernamentales que han fracasado. No podemos seguir siendo el hombre que tropieza siempre con la misma piedra. Es necesario avanzar hacia un nuevo modelo productivo soberano. Es necesario esquivar esa piedra para construir un modelo productivo nuevo, ecológico, igualitario, democrático, con una vida digna para todas las personas, con una sanidad pública y una educación pública, con una política fiscal donde los impuestos estén en relación directa con las ganancias y beneficios, con una fiscalidad redistributiva que alcance, como mínimo, los mismos parámetros que la media de los países de la Unión Europea, con un marco más democrático de relaciones laborales y con unas libertades democráticas plenas.
Un nuevo modelo productivo no debe ser dependiente de las tecnologías de las empresas multinacionales. Impulsar este país exige mirar de frente a la desindustrialización, para plantarle cara y generar una industria sobre bases nuevas. Se trata de potenciar el desarrollo de los servicios de alto valor añadido, establecer una banca pública, impulsar una transición energética y medioambiental, evitar el despoblamiento de las regiones pobres y de las zonas rurales… Se trata de todo esto y, sobre todo, de acordar este cambio del modelo productivo con la participación social necesaria, entre el Gobierno y los sindicatos, con una política industrial que sea el instrumento central de la actuación económica estatal, no de los sectores privados. El gobierno, con los agentes sociales, debe dirigir y planificar, esa es su función y no la del mercado. Lo que viene a llamarse: “Poner en marcha una economía al servicio de la mayoría de la sociedad”.
Asistimos de lleno a la campaña electoral, vemos, cual feria donde se exhiben diferentes productos de temporada en oferta, a las distintas fuerzas políticas lanzando el mensaje a la ciudadanía de “aprovecha la ocasión, oportunidad única”.
Aún con una memoria cortoplacista que pone la vista en las fuerzas políticas, no por lo que dicen en campaña, sino por sus actuaciones tanto desde el Gobierno como de la oposición, estas Elecciones Generales no son unos comicios cualquiera: son muy importantes para el futuro democrático en España.
La irrupción de la derecha extrema y el escoramiento de las otras derechas no dejan lugar a la duda, ni mucho menos a la necesaria participación de todas las personas de la mayoría social. La toma de posición mayoritaria de los trabajadores y trabajadoras, apostando por un nuevo país democrático, solidario y con una economía al servicio de las personas, es más que clave.
Hay que derrotar en las urnas al tridente de la derecha, a los que encarnan la vuelta al pasado, a las ideas misóginas, xenófobas y antisociales, a los que defienden el autoritarismo, la adhesión a un líder, el culto a la violencia policial, a la distribución de armas entre la población, la intolerancia contra las minorías sexuales, a los migrantes, a los que odian a la izquierda y al movimiento obrero, a los que defienden un programa económico ultraliberal, más mercado, más multinacionales, la privatización de la sanidad y la educación, el desmantelamiento del sistema público de pensiones, la erradicación de cualquier herramienta de solidaridad, que los ricos no paguen impuestos, ningún derecho de los trabajadores y trabajadoras… Un sinfín de barbaridades a las que hay que responder desde ya.
El ciclo electoral que se inicia con las generales, y que tendrá continuidad con las municipales, autonómicas y europeas en mayo; no debe dejar en segundo plano las cuestiones económicas, laborales y sociales, ni mucho menos la calidad democrática. En este contexto, avanzar en una correlación de fuerzas favorable a posiciones democráticas es fundamental para el futuro más próximo.
Los programas electorales no cambian en nada la realidad. En el mejor de los casos, pueden acabar traduciéndose en leyes, que no es poca cosa, pero incluso estas deben sostenerse sobre dos pilares consistentes: en condiciones práctico materiales y en una correlación de fuerzas en la sociedad, más allá de la actividad parlamentaria.
La plasmación real, sin rebajas de un programa electoral en política gubernamental, no aportará lo necesario a las personas para tener una vida libre y digna. Tiene que estar acompañada de un cambio real en la sociedad, donde el trabajo y su contenido sean el elemento central.
Nadie duda de que es adecuado que derechos de la ciudadanía estén reconocidos y sancionados por una ley parlamentaria, pero está claro que se convertirán en una fórmula vacía si los oligopolios y monopolios, así como la acción de ciertas élites, sigan siendo lícitos, o si la política del secretismo y de las falsas noticias campen a sus anchas en la acción de las instituciones.
Que nadie nos engañe, porque ningún reconocimiento de los derechos puede sustituir la realidad material de la sociedad.
Por todo esto, en los programas electorales, debería evitarse el riesgo de crear únicamente expectativas engañosas. No es suficiente transformar las expectativas en leyes, si no se modifican las condiciones materiales que determinan las necesidades. La aplicación de las leyes depende de la correlación de fuerzas entre las organizaciones que representan los intereses no realizables del mercado, por una parte, y las élites que disponen del poder económico y que detentan la mayor parte de la riqueza del país, por otra.
Las brutales reformas aprobadas por el Gobierno del PP con que abro este artículo no se pueden sustituir con leyes y con una política de derechos, si previamente no son derogadas.
Los programas electorales, las políticas de gobierno que anuncian, no deberían servir para encubrir aquello que no logra cambiar la balanza a favor de la mayoría social, las condiciones materiales de existencia. En este sentido, decir la verdad a la mayoría social es fundamental, entre otras cosas, porque evita una indeseada abstención y desmovilización.
Aunque solo sea por la defensa de la democracia y porque la hegemonía del progreso crezca, solo por eso, ya merece la penar participar en las elecciones para cerrar el paso al tridente que conforman las derechas. Hablamos de un “solo” que en realidad es “mucho”.