Las recientes y reiteradas peticiones de desvincular los salarios de la inflación, promovidas por el Banco Central Europeo, la canciller Merkel, el Banco de España o "influyentes" grupos de 100, no son recetas nuevas. Suponen la continuidad, independientemente de la coyuntura, del neoclásico discurso de política monetaria que busca flexibilizar los salarios a la baja.
Pretender desvincular los salarios de la inflación supone romper con el mecanismo de determinación salarial de la práctica totalidad de países europeos. La productividad no aparece como referencia en todos los países, mientras la inflación es el indicador principal en la mayoría a la hora de fijar los salarios, según un informe del BCE.
Nuestro modelo salarial ha demostrado servir tanto en épocas de crisis (surgió como respuesta a la elevada inflación tras la crisis del petróleo) como en las de bonanza.
Ceder el protagonismo exclusivo a la productividad significa desconocer la realidad de nuestra economía, pues tiene un comportamiento claramente contracíclico. Durante las fases expansivas, la productividad del trabajo muestra crecimientos moderados, mientras que en recesión aumenta el ritmo de crecimiento, máxime tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.
El actual Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012 ha consolidado la compatibilidad de ganar poder de compra (que las subidas salariales sean superiores a la inflación de forma moderada, de media un 0,6% entre 2001 y 2010), con el reparto negociado de los aumentos de productividad. Entre 1996-2009, el crecimiento de ambas rentas se ha situado en el 0,1% a favor del excedente empresarial.
Si se pretende lograr la convergencia real con Europa, la evolución de los salarios ha de ser superior a la de nuestros socios europeos, pues el sueldo medio español es inferior al de otros países europeos. De lo contrario, la mejora de competitividad no podrá realizarse a través de factores estructurales del crecimiento, pues una débil y deteriorada capacidad adquisitiva merma el consumo y la inversión y, en consecuencia, el crecimiento a corto y largo plazo.
El modelo productivo español (excesiva dependencia energética, tejido productivo insuficiente, servicios escasamente avanzados hacia actividades con mayor valor añadido, excesivo aumento de precios) ha lastrado la capacidad de competir de los bienes y servicios. No es el ajuste salarial lo que confiere competitividad a una economía, sino su capacidad de crear empleo de calidad (formando a los trabajadores), basado en salarios dignos, en la reducción de la desigualdad salarial; y la búsqueda empresarial de calidad, diseño e innovación, incorporación de nuevas tecnologías y atención al medio ambiente. Sólo así las economías serán productivas y podrán competir y sobrevivir en el largo plazo.
Los sucesivos acuerdos de negociación colectiva han seguido el criterio de buscar alzas salariales que permitieran ganar poder adquisitivo de acuerdo a la productividad. Se establecía una subida inicial calculada con el objetivo de inflación y el porcentaje relacionado con la productividad real para, al final del año ajustar el resultado con la evolución cierta de los precios. Esta fórmula protege la negociación salarial sin presionar automáticamente los precios, ya que de cumplirse el objetivo de inflación no se pone en marcha la cláusula de garantía; y en caso de activarse es por una ineficiente determinación de los precios por parte de quienes tienen posibilidad de hacerlo.
Este modelo ha contribuido a reducir la inflación, a mantener la demanda agregada, a pactar vigencias en los convenios más largas y a evitar la individualización.
Un modelo salarial que contemple la evolución de precios y el aumento negociado de productividad es útil, en cada momento del ciclo, para empresarios y trabajadores, y mejora la competitividad y el empleo.