Posiblemente no se nos ocurra ninguna acción de gobierno más miserable que aquella que hace del derecho a la educación de nuestros hijos una simple moneda de cambio para el mercadeo y las corruptelas de esas moscas ventajistas que revolotean siempre alrededor del poder.
Y esto es lo que la Justicia ha descubierto en la inefable conducta de Francisco Granados, consejero del Gobierno madrileño del PP durante muchos años, y sus no menos inefables socios en el macro-caso de corrupción que la policía bautizó como “Púnica”.
Suelo público a precio de saldo. Construcción del colegio a cargo de una empresa de la trama. Garantía de concierto y financiación pública a cargo de la Comunidad de Madrid. Tal era, al parecer, el pack infame con que Granados, Marjaliza y compañía se enriquecían a costa de los recursos destinados a asegurar la formación y la igualdad de oportunidades de nuestros hijos.
Más de dos millones de metros cuadrados de suelo público regalados a las empresas de los amiguetes, mientras se negaba la construcción del instituto público imprescindible, mientras se demoraba sin rubor la ampliación del colegio saturado, mientras se recortaban los recursos precisos para atender las necesidades de los más débiles, mientras se justificaba la no apertura de los comedores escolares para los más pobres durante las vacaciones…
El reproche ya no es solo político, por penoso. El reproche debe ser moral, porque deberían avergonzarse hasta el extremo quienes acumulan millones en Suiza a costa del futuro de los niños y las niñas de su comunidad.
Ahora se entiende aquella enmienda apresurada que presentó el Partido Popular durante la última fase de la tramitación de la LOMCE en el Congreso. La iniciativa facultaba a las Administraciones para ceder suelo público a las empresas privadas de la educación. El PP estaba legalizando las prácticas vergonzantes de sus cargos en Madrid.
Solo cabe exigir primero una investigación a fondo de los hechos, en sede judicial y en sede parlamentaria. Segundo, la restitución de todo lo robado a la educación pública, para dedicarlo a la mejora de la enseñanza de todos y todas. Tercero, la vigilancia para que los centros así concertados cumplan la ley, escolarizando a niños y niñas con necesidades especiales y renunciando al cobro de contribuciones “voluntarias” a las familias.
Cuarto, retirada inmediata del concierto a los centros que segreguen a los niños de las niñas, contraviniendo el principio de la igualdad de género. Quinto, derogación de la LOMCE en cuanto exista una mayoría parlamentaria comprometida para ello. Y sexto, y más importante, garantía a los ciudadanos de Madrid de que el próximo Gobierno del cambio solo destinará suelo público a la enseñanza pública.