El futuro del país y de su Gobierno lo van a decidir los españoles el próximo 10 de noviembre en las urnas.
En consecuencia, el principal cometido de todas las fuerzas políticas consiste hoy en exponer sus planes respecto a ese futuro.
Resulta imprescindible, no obstante, presentar previamente una explicación acerca del por qué de la repetición electoral. Y, más allá de reprochatorios generalizados, cabe pedir que la explicación sea veraz. Porque no todos hemos jugado el mismo papel desde las últimas elecciones generales del 28 de abril, ni todos tenemos la misma responsabilidad en el bloqueo institucional al que se ha sometido al país.
No olvidemos que el resultado de aquellas elecciones generales solo ofrecía una alternativa viable de gobierno, en torno al PSOE, y que esa única alternativa viable requería del voto favorable de Unidas Podemos y, al menos, de la abstención simultánea de otros grupos parlamentarios.
Un análisis veraz y justo de lo ocurrido en este tiempo ha de establecer que tanto las derechas como Unidas Podemos han ignorado la obligación democrática de respetar los resultados electorales
Un análisis veraz y justo de lo ocurrido en este tiempo ha de establecer que tanto las derechas como Unidas Podemos han ignorado la obligación democrática de respetar los resultados electorales. El bloqueo ejercido por PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para la formación de Gobierno y el inicio de la legislatura constituye, de facto, un boicot al voto de los españoles y las españolas.
El PP planteó las últimas elecciones generales como un plebiscito sobre la continuidad del Gobierno socialista, y la respuesta contundente de los electores fue la de reducir su representación de 137 a 66 escaños en el Congreso. Sin embargo, Casado ha decidido ignorar esta sentencia popular.
Ciudadanos fue incluso más allá. Rivera desplegó una estrategia de odio contra el “sanchismo”, acusándole de todos los males llegados y por venir. Plantearon un cordón sanitario alrededor del PSOE, y la respuesta inequívoca de los españoles fue la de situarles como tercera fuerza política, con 57 diputados, 66 menos que el Partido Socialista y el “sanchismo”. Pero han decidido, igualmente, hacer oídos sordos a este claro desmentido por parte de las urnas.
Sin formular alternativa de Gobierno alguna, PP y Cs han dedicado estos meses a obstaculizar la formación del Gobierno que votaron mayoritariamente los españoles y que necesita el país. Y, en democracia, ante una investidura, las opciones legítimas para una fuerza política son solo tres: o apoyar al candidato ganador, o plantear una alternativa, o hacerse a un lado para posibilitar la formación de Gobierno. No es legítimo el bloqueo y el boicot a las instituciones.
El PSOE va a pedir una mayoría aún más clara que la ofrecida por los españoles en las últimas elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales. Una mayoría amplia y sólida para impedir nuevos boicoteos y nuevos bloqueos
Por su parte, Unidas Podemos ha vuelto a impedir la formación de un Gobierno progresista en España. Ocurrió ya el 2 de marzo de 2016. Volvió a ocurrir el 4 de marzo de ese año. Y el 23 de julio de 2019. Y el 25 de julio. Es una constante, por tanto. Cada vez que Pablo Iglesias ha podido optar en una investidura entre apoyar a un presidente progresista o tumbarlo, siempre ha elegido esto último.
Tenemos que interpretar, por tanto, que Pablo Iglesias, si puede, siempre impedirá la formación de un gobierno progresista, a no ser que lo controle él mismo.
Se trata de una grave irresponsabilidad, ante sus propios electores, ante la izquierda española y ante el conjunto de los españoles, que comparte mayoritariamente valores progresistas y necesita un Gobierno capaz de impulsar reformas decididas y valientes en este sentido.
Este comportamiento de Iglesias tiene consecuencias: ofrece una nueva oportunidad a las derechas para sumar como ha sumado en Madrid, en Murcia y Andalucía; y frustra la pronta puesta en marcha de iniciativas de progreso para nuestro país.
Iglesias ha impedido que se tramite la derogación de la reforma laboral, la garantía legal para la subida de las pensiones, el derecho a la eutanasia, la derogación de la ley mordaza, la nueva ley de educación para la igualdad de oportunidades, la ley contra el cambio climático, la derogación del plazo máximo en los procesos judiciales por corrupción…
Desde Unidas Podemos se alega que el PSOE quería sus apoyos “gratis”. No se entiende qué tipo de retribución espera una fuerza política progresista para no obstaculizar la investidura del presidente progresista que ha ganado las elecciones. En todo caso, el PSOE ofreció distintas fórmulas de entendimiento con UP, y todas fueron rechazadas por Iglesias. Desde el apoyo externo hasta el gobierno de colaboración, pasando por un programa común progresista y una coalición de gobierno, en la que UP asumiría una vicepresidencia social y tres ministerios.
En última instancia se intentó la formación de un Gobierno a la portuguesa: un acuerdo programático con 370 medidas que incorporaban muchas de las propuestas de UP y de organizaciones sociales progresistas; una triple garantía para el cumplimiento de los compromisos, en el gobierno, en el Parlamento y con la participación de aquellas organizaciones sociales; y el acceso de UP a ámbitos de responsabilidad, más allá del Consejo de Ministros.
Nada les valió. En julio y en septiembre impidieron la investidura de Pedro Sánchez.
UP centra su discurso en la inexorabilidad de la coalición, pero ellos mismos frustraron esta vía en el mes de julio. Lo que el PSOE entendió como una oferta generosa de coalición, Iglesias lo interpretó como una humillación; cajas vacías con lazos bonitos, la caseta del perro, llegaron a decir. ¿Qué recorrido hubiera tenido un gobierno así?
Alegaron que querían entrar en el Gobierno porque no se fiaban de Sánchez, para hacer en “sus” ministerios aquello que no haría el PSOE. Es decir, para montar trincheras frente al presidente en cada departamento ministerial que asumieran. Una especia de contra-gobierno dentro del gobierno. Esto suponía una garantía de inestabilidad, de ingobernabilidad en suma. Iglesias corroboró tal impresión al ejemplificar su reivindicación con la experiencia italiana, epítome de inestabilidad gubernativa.
Argumentaron también que ya había coaliciones en gobiernos municipales y autonómicos, como si gestionar servicios locales, colegios y centros de salud pudiera compararse con la gestión que corresponde a la administración central del Estado. Se pueden compartir con facilidad criterios para la gestión municipal y autonómica, pero resulta mucho más difícil hacerlo en asuntos como la garantía de la unidad territorial, la respuesta al desafío soberanista, la disciplina fiscal en Europa, la participación en el G-7 o el G-20, las relaciones con Marruecos… Es evidente.
Había condiciones para un acuerdo programático ambicioso, a la portuguesa, pero no había fundamento para un gobierno de coalición a la manera de Iglesias, porque no hubiera conducido a una solución estable y eficaz para el país.
El futuro, efectivamente, está ahora en manos de los votantes.
El PSOE va a pedir una mayoría aún más clara que la ofrecida por los españoles en las últimas elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales. Una mayoría amplia y sólida para impedir nuevos boicoteos y nuevos bloqueos.
Una gran mayoría para que España cuente pronto con el Gobierno progresista, coherente, autónomo, estable y eficaz que necesitan los españoles ante los grandes retos que se avecinan.