Cada vez hay más opiniones a favor de una reforma de la Constitución de 1978. No un proceso constituyente, como plantean quienes buscan la demolición del vigente sistema democrático. La mayoría se decantaría por una reforma limitada, muy reflexionada y a partir de un consenso equivalente al de los años 70. Una reforma que confirme los éxitos del texto original y que avance en aquellos aspectos que requieren una actualización sensata y ampliamente acordada. Como han hecho en más de cincuenta ocasiones los alemanes con su propia Constitución, por ejemplo.
Rajoy está bloqueando una iniciativa que comparten la gran mayoría de los actores políticos del país, los medios de comunicación con uno u otro color, los especialistas universitarios, los analistas de la política… y la mayoría de los españoles, a juzgar por los estudios de opinión. Pero el PP de Rajoy es un elemento imprescindible para llevar a cabo esta empresa, por razones de coyuntura institucional, que podrían cambiar tras las próximas elecciones, y por razones de legitimidad política, que no cambiarán tras las próximas elecciones.
¿Por qué se opone Rajoy a esta reforma? Las razones explícitas no se sostienen. Dice que nadie ha hecho una propuesta cerrada, cuando sabe que cualquier propuesta cerrada unilateralmente quedaría inmediatamente descartada para forjar el consenso necesario. Dice que la reforma supondría ceder ante los independentistas, cuando nadie sensato está proponiendo una reforma para darles la razón en sus reivindicaciones. Dice que haría peligrar la estabilidad política y la recuperación económica, cuando es muy probable que la recuperación de la credibilidad de todo el sistema político y económico vigente dependa en buena medida de la capacidad que tengamos para emprender un cambio de la envergadura de la reforma constitucional.
Y Rajoy dice que no hay consenso, cuando sabe que los consensos se establecen tras el diálogo y no antes. No obstante, hay razones implícitas que pueden estar pesando más en el ánimo del presidente del Gobierno. Puede que entienda que la reforma de la Constitución supone una baza electoral para algunos partidos. Pero tal baza podría anularse fácilmente asumiendo de forma colectiva el propósito de acometer la reforma durante la próxima legislatura. Y puede que interprete que cualquier cambio para poner la Constitución al día, conforme a los valores y la voluntad mayoritaria de la ciudadanía española, pase inevitablemente por consolidar derechos y libertades. Y puede que no esté de acuerdo. Y aquí sí hay un problema.
Hay razones puramente funcionales para cambiar la Constitución. Razones de incardinación funcional en las instituciones europeas, y de distribución funcional de competencias entre administraciones, y de asegurar una financiación funcional y estable para comunidades y ayuntamientos, y de dar lugar a un Senado funcional, y de garantizar funcionalmente derechos que antes no existían… Y hay motivaciones también puramente políticas para el cambio. Muchos españoles necesitan una razón para reconciliarse con un sistema que les defrauda. La bandera del cambio no puede quedar en manos de los populismos podemistas o independentistas, que tanto da, porque ellos no promueven el cambio sino el derrumbe sin alternativa viable. Y sí, una Constitución renovada ayudaría a conquistar voluntades en Cataluña para la causa del proyecto común, diga lo que digan Mas y Junqueras.
Quienes más han pensado en los contenidos del cambio apuntan tres direcciones muy razonables. Primero, consolidar derechos fundamentales que hoy son simples principios rectores: la sanidad, las pensiones, los servicios sociales, las rentas básicas, la atención a la dependencia. Segundo, culminar el diseño autonómico en clave federal, aclarando competencias, estabilizando la financiación, reconociendo diversidades y garantizando la igualdad de derechos. Y tercero, mejorar la calidad de nuestras instituciones democráticas, asegurando la democracia interna en los partidos, planteando nuevos cauces de participación cívica, aumentando la transparencia y la rendición de cuentas en los poderes públicos…
No se trata de cambiar la Constitución para que la sociedad española vuelva a las andadas, tras 36 años de convivencia exitosa. Se trata de afrontar un nuevo proyecto colectivo con el que asegurar, al menos, otros 36 años de éxito.