Rajoy vuelve a errar en la estrategia de descalificar a sus oponentes políticos como radicales. La sarta de improperios que ha dedicado a los nuevos gobiernos fruto de acuerdos progresistas casi no tiene fin: sectarios, estrafalarios, extremistas, a las órdenes de Venezuela, contrarios a la voluntad democrática de los españoles, contratos de adhesión con radicales…
Tales calificativos muestran tres cosas, al menos. Primero, un estado de nerviosismo impropio de un dirigente político con la trayectoria de Rajoy. Segundo, unas convicciones democráticas cuestionables, puesto que todos y cada uno de los gobiernos aludidos por el Presidente lo son por decisión de la ciudadanía.
Y tercero, la estrategia se le volverá en contra: la beligerancia de Rajoy tapará y compensará buena parte de los errores cometidos por los nuevos gobiernos, y evidenciará aún más el aislamiento que ha llevado al PP a la oposición en la mayoría de las instituciones.
La dirección del PP demuestra no haber entendido nada de lo ocurrido el 24 de mayo. La mayoría de los españoles han optado por el cambio. El cambio consiste en un giro hacia la izquierda de la centralidad política en el país. Y el cambio reclama nuevas formas en la política, con más diálogo, más acuerdo, más transparencia y más garantías frente a la corrupción.
No será por la radicalidad en su lucha contra los desahucios, o en sus exigencias de limpieza en los contratos, por lo que la ciudadanía cuestionará a las nuevas fuerzas políticas que se han situado al frente de instituciones muy relevantes. Podrán cuestionarlas por sus incoherencias y por sus insolvencias.
No es coherente, por ejemplo, que Carmena y Podemos consideren ahora su programa electoral en Madrid como simples “sugerencias”, que renuncien al prometido banco público sin explicación o que justifiquen por la “falta de tiempo” la apertura veraniega de comedores escolares, que sí van a promover para este mismo verano muchos Ayuntamientos socialistas, también recién constituidos.
Tampoco es coherente mantener en su cargo a una concejala imputada por la Justicia o a varios concejales protagonistas de declaraciones públicas impropias no ya de un responsable público, sino incluso de una persona mentalmente equilibrada. No es coherente que la nueva política promueva la limpieza de los colegios mediante cooperativas de madres.
Y no es coherente nada de esto porque quienes cometen tales errores se han caracterizado durante los últimos meses por un altísimo nivel de exigencia política y moral a todos los demás. “En política el perdón se conjuga dimitiendo”, sostenía hasta hace bien poco un significado dirigente de Podemos.
Ahora bien, estas incoherencias y estas insolvencias manifiestas no facultan al Presidente del Gobierno para practicar el discurso del miedo y para tachar a cientos de alcaldes y concejales, elegidos democráticamente, como radicales peligrosos al servicio de Venezuela.
Puestos a identificar radicalidades peligrosas, el propio Rajoy es responsable principal de unas cuantas. En estos días hemos conocido, por ejemplo, que el número de millonarios ha crecido en España un 40% desde el inicio de la crisis, al tiempo que el presupuesto con el que las familias salen adelante cada mes disminuía un 15%. Esto es radicalmente injusto.
Radical ha sido la reforma laboral que ha condenado a la precariedad laboral y a salarios de miseria a millones de españoles. Radical ha sido el copago farmacéutico para los pensionistas o la muerte por inanición de la Ley de la Dependencia. Y radical ha sido el escándalo de los tesoreros del PP llevándose los millones de sus mordidas a Suiza. Todo esto es bastante más radical que las incoherencias, las insolvencias y las torpezas de Carmena y compañía.
En todo caso, nuestros Ayuntamientos, nuestros Gobiernos autonómicos y nuestro país no necesitan ni las radicalidades de unos ni las insolvencias de otros, sino un cambio seguro y solvente en el sentido al que apuntan los principios y los intereses de la mayoría: políticas progresistas en instituciones limpias y abiertas. Claro que esto se inventó hace mucho tiempo. Se llama socialdemocracia, y en España tiene un activo con más de 130 años de historia.