La primera condición para el cambio político en Madrid consiste en que la política recupere la legitimidad y la credibilidad que ha perdido tras veinte años de gobierno de la derecha. Ningún gobierno podrá afrontar los cambios necesarios en el modelo productivo, en la creación de buenos empleos o en la recuperación de unos servicios públicos con calidad y con equidad, si no logra antes generar un mínimo de confianza en las instituciones que rigen la convivencia democrática.
Una sociedad compleja como la madrileña no se gobierna solo desde la Puerta del Sol. Acometer retos de envergadura requiere concernir, implicar y movilizar a muchas entidades y a muchos ciudadanos en un proyecto común. Y esto solo puede hacerse cuando tales entidades y tales ciudadanos ven honestidad y rigor en sus referentes institucionales.
La Comunidad de Madrid está sometida desde hace mucho tiempo a un deterioro institucional gravísimo y creciente. Estamos ante el derrumbe de todo un régimen clientelar que ha alimentado intereses parciales y a menudo espurios por encima y a pesar del interés general de los madrileños y de las madrileñas. El espectáculo lamentable de estos días a costa de áticos presidenciales y dádivas a jueces constituye el mejor símbolo para un fin de ciclo más que necesario.
Un presidente que denuncia el chantaje de unos comisarios de policía a propósito de la investigación sobre el origen dudoso de una propiedad. Un comisario de policía denunciando por injurias a un presidente autonómico. Un Parlamento haciéndose eco de sobresueldos pagados a jueces a través de una concesionaria autonómica. Un juzgado tratando los espionajes zafios entre miembros del gobierno de la Comunidad.
Otro exmiembro del gobierno de la Comunidad en los periódicos por sus pelotazos urbanísticos, sus cuentas en paraísos fiscales y sus sociedades con un agraciado múltiple en la lotería. Un exmiembro más del mismo gobierno en el juzgado por ser epicentro de la trama Gürtel como receptor de comisiones delictivas entre concesionarios públicos. Alcaldes y concejales del partido gubernamental procesados y condenados por manejos ilegales en el suelo de Madrid, de norte a sur y de este a oeste, de Majadahonda a Valdemoro, de Arganda a Pozuelo.
Miembros del gobierno y altos cargos de la sanidad pública haciendo uso de las puertas giratorias en empresas beneficiarias de sus propias decisiones privatizadoras. Pruebas fehacientes de la financiación irregular durante décadas de las campañas electorales del partido del gobierno. Una televisión pública usurpada por el partido del gobierno y desahuciada por unos telespectadores que la pagan pero se niegan a tragar su sectarismo. Un Parlamento regional sometido al poder ejecutivo con alevosía y nocturnidad literal…
La Comunidad de Madrid necesita una operación urgente de limpieza en sus instituciones. Como ha dicho Ángel Gabilondo, nuestra región debe someterse cuanto antes a la máxima kantiana de la honradez como la política primera y fundamental. Política limpia en instituciones justas. Este es el primer paso del cambio.