jueves. 28.03.2024

El Parlamento bloqueado

Una de las consecuencias más relevantes del escándalo Bárcenas reside en la evidencia pública del bloqueo al que está sometido el Parlamento español...

Una de las consecuencias más relevantes del escándalo Bárcenas reside en la evidencia pública del bloqueo al que está sometido el Parlamento español desde el comienzo de la presente Legislatura. La incapacidad de los representantes de los ciudadanos para forzar la comparecencia del Presidente del Gobierno cuando resulta claramente imprescindible demuestra las serias limitaciones de nuestro sistema político. La mayor parte de los españoles reclaman explicaciones y responsabilidades por un caso de corrupción que afecta a la cúpula de nuestras instituciones democráticas, con grave repercusión internacional, pero el Congreso no puede obligar al Gobierno ni tan siquiera a dar la cara. Algo no funciona.

De hecho, el bloqueo del Parlamento no se limita a sus funciones de control. Efectivamente, la tarea de control se encuentra limitada drásticamente por el veto constante ejercido por la mayoría gubernamental en la Mesa del Congreso. El PP evita incomodidades al Presidente por el caso Bárcenas, como ha venido haciendo durante el último año y medio con la mayor parte de los ministros afectados por irregularidades o protagonistas de medidas impopulares. Las preguntas, interpelaciones o propuestas de los grupos parlamentarios en las comisiones se reducen a la mínima expresión, y se administran en el calendario conforme a los intereses estrictos del Gobierno. Incluso las respuestas a las simples preguntas escritas o las solicitudes ordinarias de información se demoran inexplicablemente o se formulan de manera provocadoramente simple.

Pero está ocurriendo lo mismo en lo relativo a la función legislativa del Congreso. Más del 90% de las normas legales que están aprobando las Cortes Generales se tramitan vía Decreto. Es decir, el Gobierno legisla por urgencia un viernes, y el Parlamento convalida el jueves siguiente con la mayoría absoluta del PP. Con esta fórmula resulta imposible atender las eventuales enmiendas de los grupos parlamentarios o posibilitar acuerdos en torno a cuestiones de interés general. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Las pocas leyes que se tramitan como proyectos de ley, con participación teórica de los grupos parlamentarios, en realidad no son sometidas a un trabajo cooperativo. Las sesiones de las ponencias legislativas duran cinco minutos. El tiempo preciso para que el representante del Gobierno plantee sus lentejas: o lo tomas o lo dejas. Y, por supuesto, ni las propuestas de ley de los grupos ni las iniciativas populares prosperan de ningún modo.

Durante la última reunión de la Diputación Permanente del Congreso, la mayoría gubernamental tumbó hasta treinta solicitudes de comparecencia e iniciativa de los grupos parlamentarios sobre asuntos legítimos y justificados, relacionados con el empleo, los derechos sociales o los servicios públicos. El paseo cotidiano de la oposición por el registro del Tribunal Constitucional tampoco dice mucho sobre la capacidad de nuestro Parlamento para impulsar leyes y acciones que respeten al menos las reglas del juego más elementales.

En este contexto debe explicarse la propuesta del grupo socialista para presentar una Moción de Censura. Si los cauces normales de control parlamentario están sometidos a un bloqueo antidemocrático, es obligación de los representantes de los ciudadanos buscar y encontrar vías alternativas para lograr las explicaciones y la responsabilidad debida del Gobierno. No es lo más ortodoxo, pero el Gobierno no ha dejado otra salida.

La necesidad de acometer cambios profundos en el funcionamiento del Congreso es muy evidente. Es preciso establecer garantías procedimentales para evitar que las mayorías parlamentarias bloqueen el Parlamento de facto e impidan el ejercicio de sus funciones. Debiera bastar la solicitud de un porcentaje minoritario de diputados o de más de un grupo parlamentario para forzar la comparecencia del Gobierno. Las comisiones de investigación deberían celebrarse automáticamente cuando lo requirieran la cuarta parte de los diputados, por ejemplo. Y debiera ser suficiente también la exigencia de al menos dos grupos para que un decreto se tramite como proyecto de ley, con participación de los representantes de los ciudadanos en su elaboración.

En democracia, las formas son determinantes. Ya estamos comprobando cómo no basta confiar en que las mayorías respetarán siempre las condiciones políticas y éticas más elementales para el funcionamiento normalizado de las instituciones. En consecuencia, habrá que garantizar esas condiciones con los cambios legales y reglamentarios precisos. Porque la situación actual es inaceptable. Y el caso Bárcenas la está convirtiendo incluso en insoportable.

Publicado en Sistema Digital

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