La implicación política de Mariano Rajoy en el escándalo es directa y muy clara. Él era Presidente del Partido Popular mientras se cometían buena parte de los hechos juzgados
La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gurtel conduce a Mariano Rajoy y al Gobierno del PP a una situación insostenible.
La Justicia ha declarado probada la existencia de “una auténtica y eficaz corrupción institucional” en torno al partido en el poder. La red criminal implica a todos los niveles de la administración pública, desde el Gobierno central hasta varias Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
El funcionamiento de la trama corrupta es tan simple como inmoral. Los responsables institucionales del PP adjudicaban contratos públicos a determinadas empresas, a cambio de regalos personales y mordidas para la financiación ilegal del partido.
Los jueces constatan la existencia durante varios años de la caja B del Partido Popular, una financiación “extra contable”, en palabras del tesorero condenado, para pagar sobresueldos y financiar las actividades del partido al margen de los límites legales.
La notoriedad de los condenados y la gravedad de las condenas no permiten en esta ocasión al Gobierno y al PP acudir al argumento del hecho aislado. Además, esta condena coincide en el tiempo con la detención de Eduardo Zaplana, expresidente autonómico y exministro popular, investigado también por el blanqueo del botín de sus propias corruptelas. Y aún están pendientes los juicios por un sinfín de casos parecidos.
La implicación política de Mariano Rajoy en el escándalo es directa y muy clara. Él era Presidente del Partido Popular mientras se cometían buena parte de los hechos juzgados, y con anterioridad también formaba parte de la dirección del partido y de sus campañas electorales, hoy cuestionadas en la sentencia por su falta de limpieza.
El daño infligido sobre la sociedad española y sus instituciones es de una gravedad extraordinaria. Justo cuando comienzan a amainar los vientos que han impulsado el crecimiento de la economía española. Cuando se intensifican las presiones para repartir el fruto del crecimiento con cierta equidad. En el contexto del desafío separatista en Cataluña. En pleno proceso de decisiones para acelerar la integración europea. En el peor momento.
La sentencia condena a los corruptos pero produce también un efecto demoledor sobre el prestigio y la credibilidad del Gobierno, de las instituciones democráticas y de la actividad política en general. Y el descrédito institucional alimenta a los populismos, que no aportan soluciones, pero administran la ira y la frustración ciudadanas en beneficio propio.
Es cierto que la sentencia del caso Gurtel no resulta novedosa, por desgracia. Ni es la primera ni será la última de este tenor, muy probablemente. Pero la situación, en lo político y en lo moral, resulta ya absolutamente insoportable.