La propuesta del PSOE sobre el Ingreso Mínimo Vital demuestra cómo la socialdemocracia es capaz de mantener objetivos y valores, adaptando sus programas a cada escenario político y económico.
El objetivo sigue siendo una sociedad más justa. El valor fundamental será siempre la igualdad. Hasta ahora bastaba un programa que permitiera acceder al empleo y a las prestaciones clásicas de educación, sanidad, jubilación y servicios sociales. Ahora ya no basta.
Desde su origen mismo, la socialdemocracia ha vinculado renta y trabajo. Las clases populares obtenían la renta familiar disponible como fruto de su trabajo. Incluso las prestaciones sustitutivas, sean por situación de desempleo, por baja laboral o por jubilación, han estado siempre vinculadas al puesto de trabajo.
Había excepciones, como las prestaciones no contributivas y las diversas rentas de inserción que siempre han formado parte del sistema de servicios sociales. Pero se trataba de factores complementarios, gestionados por las administraciones “menores” y subsidiarios del aseguramiento general vinculado al empleo.
Sin embargo, en esta sociedad tecnológica surgen las dudas sobre si habrá trabajo para todos. No se trata tan solo del problema coyuntural de una crisis cíclica que dispara los niveles de desempleo. Se trata de un cambio estructural en los modelos productivos. La tecnología permite producir cada vez más con cada vez menos empleados.
¿Podemos recuperar los empleos perdidos en la crisis? ¿A un ritmo socialmente soportable? ¿Podremos sustituir los empleos amortizados tecnológicamente por nuevos yacimientos de empleo vinculados al bienestar social, a las energías renovables, a la cultura o al ocio?
¿Y si no es así? Entonces solo tendremos dos alternativas. O repartimos el trabajo existente, sin devaluar la renta y los derechos asociados a los nuevos empleos repartidos. O desvinculamos definitivamente renta y trabajo, para garantizar un mínimo vital a cada ciudadano más allá del empleo pasado, presente o futuro.
La primera opción es difícil de llevar a cabo sin una regulación homogénea a escala global, porque la necesidad de competir impedirá a las empresas pagar lo mismo por menos tiempo de trabajo.
En el contexto de esta reflexión debe analizarse la iniciativa socialista del Ingreso Mínimo Vital. En tanto no pueda garantizarse un empleo digno a toda la ciudadanía, y mientras el paro de larga duración no permita generar prestaciones públicas de garantía vital vinculadas al último trabajo realizado, hay que buscar alternativas.
Ya hay quienes tachan la medida de demagógica o inviable, porque cuesta más de seis mil millones de euros. Pero lo que plantea el PSOE no es la renta universal de mil euros que Podemos prometió a los 47 millones de españoles cuando solo tenía la responsabilidad de predicar sin dar trigo.
Esta es una medida necesaria y factible. Y lo realmente demagógico e inviable es seguir permitiendo que 730.000 hogares españoles no perciban ningún ingreso, y que más de dos millones de niños vivan por debajo del umbral de la pobreza.
La prioridad ha de seguir siendo la creación de empleos suficientes y de empleos dignos, con buenos salarios y condiciones justas. Pero hemos de contemplar estrategias complementarias, como el Ingreso Mínimo Vital, para asegurar a toda la ciudadanía unos niveles de bienestar aceptables.
Las razones son muchas. Hay razones morales, claro, porque es inmoral resignarse ante la pobreza creciente. Hay razones ideológicas para los que defendemos una sociedad más equitativa. Hay razones políticas cuando pensamos que ningún modelo social es viable si deja en la cuneta a una parte significativa de sus integrantes. Y también hay razones económicas, porque una economía eficiente es una economía que distribuye equilibradamente sus beneficios.
Pura socialdemocracia.