Para empezar, todos dependemos de nuestras creencias y de nuestras ideas, de nuestros intereses, de nuestra experiencia y de los valores morales que guían nuestra conducta.
A nadie puede exigírsele “independencia” respecto a todos estos factores en el momento de postularse o acceder a una responsabilidad pública. Puede exigírsele honestidad, imparcialidad, lealtad hacia el bien común, ausencia de partidismo o sectarismo en su ejercicio, y un compromiso fiel de defensa del interés general frente a otros intereses.
Quienes han militando en un partido político, o se han presentado a unas elecciones, o han ejercido un cargo político no están menos legitimados o menos capacitados para cumplir estas condiciones que quienes han decidido vehicular sus ideas de otros modos
Más claro. Todos tenemos ideología, posicionamientos, simpatías y antipatías políticas. Todos. Y no es más apto para ocupar una responsabilidad pública quien ha decidido llevar el compromiso con sus ideas a la militancia o al sufragio popular que quien ha decidido no hacerlo.
No hay más garantía de un comportamiento honesto, imparcial y no partidario en alguien que ha formado parte de un consejo de administración, o el abogado de un bufete, o cualquier periodista, o un funcionario de la administración, que en alguien que ha militado en un partido, o ha sido concejal, o ha ejercido como director general.
No existe la independencia política, ni creo que su existencia fuera deseable. Existen las personas que llevan sus ideas políticas al compromiso militante, al contraste electoral, a la representación pública o a la gestión de gobierno. Y existen las personas que participan de la vida política a través de otras vías, también legítimas y enriquecedoras en una sociedad democrática.
Ni unos ni otros merecen el prejuicio de la falta de honestidad o de la incapacidad para ejercer una responsabilidad pública al margen de intereses espurios.
Lo que sí existe es la anti-política. Pero no es nuevo. Ya lo decía el dictador Franco: “Haga como yo. No se meta usted en política”. Y como siempre, quienes promocionan ahora la anti-política lo hacen desde unas ideas políticas y desde unos intereses políticos muy concretos e indentificables: la derecha no democrática.
En realidad, no se trata solo de anti-política, se trata también y sobre todo de anti-democracia. Cuando la participación política activa se amplía al conjunto de la sociedad, hombres y mujeres, pudientes y no pudientes, mayores y jóvenes, derechistas e izquierdistas, los poderes públicos se ejercen en una democracia de calidad. Pero cuando la participación politica se limita a unos pocos privilegiados, el poder es menos democrático y atiende a esos intereses exclusivos.
Por eso hay “analistas independientes” que escriben y hablan en estos días sobre la necesidad de que la política saque sus “zarpas” de determinados ámbitos. Lo que en realidad defienden estos “independientes” es que las suyas sean las únicas “zarpas” que manejen esos ámbitos.
¿Qué están pidiendo en realidad aquellos que reclaman para España un gobierno “como el del independiente Draghi en Italia”? Lo que piden es que el poder político no se ejerza conforme a las ideas políticas de la mayoría, expresadas en unas elecciones democráticas. Lo que piden es que manden “los que saben”, “los mejores”. Es decir, sustituir la democracia por la aristocracia. Esto sí que es un cambio de régimen.
Por cierto, Dragui es tan “independiente” como yo o como cualquier miembro del actual Gobierno de España. Tiene ideas propias, como yo. Defiende posiciones políticas, como yo. Aspira a que se hagan realidad sus planes para organizar el espacio público, como yo. Solo nos diferencia el voto popular.
¿Qué están pidiendo en realidad aquellos que reclaman que el gobierno político del poder judicial se conforme al margen de la política? Lo que piden es que el gobierno político del poder judicial se conforme al margen de las ideas y de la voluntad democrática de la ciudadanía española. Piden que ese gobierno político se conforme a partir de intereses corporativos, parciales y de obediencia política conservadora.
Pero no resulta aceptable el prejuicio y la estigmatización de cuantas personas han militando políticamente o han ejercido cargos políticos democráticos, como personas supuestamente no legitimadas o incapacitadas para ejercer esas responsabilidades de manera honesta
¿Qué están pidiendo en realidad aquellos que reclaman que los fondos europeos se distribuyan desde una “agencia con personas independientes”, al margen de la política? Lo que piden es que la decisión sobre en qué se invierte y en qué no se invierte, qué proyectos y empresas recibirán fondos y cuáles no, se adopte en instancias ajenas a la voluntad democrática de la ciudadanía.
A nadie se le escapa que todas estas personas “independientes”, de “agencias independientes”, tienen ideas propias. Todos cuentan con una opinión sobre si hay que combatir o permitir el cambio climático; sobre si la transformación digital debe llegar a todas las familias o solo a las empresas del Ibex; sobre si hay que ejercer la discriminación positiva para corregir las desigualdades de género o el mercado debe actuar libremente; sobre si hay que revertir la despoblación o promocionar las áreas superpobladas…
¿Por qué los criterios políticos -legítimos- de estos “independientes” han de imponerse sobre los criterios políticos -legítimos y votados- de quienes se han presentado y ganado unas elecciones?
La última controversia en torno a la “independencia” ha tenido lugar con ocasión de la renovación del consejo de administración de RTVE. El procedimiento ha consistido en: abrir un concurso público al que se han presentado los profesionales que han querido; evaluar sus proyectos y capacidades mediante un comité de expertos; valorar sus comparecencias en sede parlamentaria; y elegir mediante voto secreto diez nombres de entre los cerca de cien postulados.
A los “políticos” se nos criticaba cuando no llegábamos a acuerdos para renovar el consejo de RTVE (los políticos están a la greña), y cuando hemos llegado a esos acuerdos se nos critica por la “politización” (los políticos conchabean).
Algunos críticos se limitan a criticar, y no cabe más exploración en sus motivaciones. Otros, sin embargo y nuevamente, lo que reivindican en realidad es una elección no-política, no-democrática, conforme a otras claves y otros intereses, parciales, corporativos, conservadores, esta vez para la radio-televisión pública.
Hay que mejorar mucho en cuanto a las garantías a establecer para que la transparencia, la limpieza, la imparcialidad y la vigencia del interés general sean efectivamente las guías de conducta para cualquier persona en el ejercicio de una responsabilidad pública.
Pero no resulta aceptable el prejuicio y la estigmatización de cuantas personas han militando políticamente o han ejercido cargos políticos democráticos, como personas supuestamente no legitimadas o incapacitadas para ejercer esas responsabilidades de manera honesta.
Y la anti-política es, en realidad, anti-democracia. Tengámoslo claro a la hora de traducir algunos de los mensajes procedentes de analistas “independientes”.
Fotografía: Carmen Barrios