Y lo propongo pidiendo disculpas anticipadas por no sumar una contribución más al debate interesantísimo sobre la improbable generalización entre las Señorías de los escarceos amorosos de Monago a cuenta del erario público. Tampoco escribiré, lo siento, en torno a la consulta participativa o refrendaria o plebiscitaria o perifrástica con que nos amenaza ahora el “astuto” secesionismo catalán. Ni tan siquiera haré referencia a la enésima y original invención de la rueda con que nos amenizan los “nuevos” políticos emergentes, que como cualquier otro elemento sólido emerge más conforme menos densidad tiene.
No. Me limitaré a tratar con brevedad un asunto tan leve como el de la explotación laboral creciente en nuestro país. Porque bajo mi humilde criterio, al debate sobre el paro y la precariedad laboral deberíamos sumar cuanto antes un gran debate en relación al fraude cada día más habitual que convierte los contratos teóricos a tiempo parcial en jornadas reales de trabajo a tiempo más que completo, pero sin reconocimiento legal, sin los derechos correspondientes y sin el salario justo. Contratos de dos, tres o cuatro horas al día que se convierten de facto en jornadas de 8, 9 o 10 horas diarias por menos de 20 euros.
¿Merece la pena hablar de esto? Ahí están los datos. Según la última Encuesta de Población Activa, en España se trabajan más de 10,2 millones de horas extraordinarias ilegales cada semana. El 55% del total de las horas extraordinarias no se cobran. El 27% de los trabajadores asalariados de entre 25 y 54 años percibe sueldos por debajo del salario mínimo, y este porcentaje se eleva al 52% en el conjunto de los sufridores de contratos a tiempo parcial involuntarios. Un reciente informe de la Comisión Europea situaba la devaluación salarial entre los contratados temporales durante los tres últimos años en el 20%. Se llama explotación laboral y la sufren millones de españoles.
¿Por qué? Fundamentalmente porque la reforma laboral del Gobierno del PP ha roto el equilibrio de las relaciones laborales en el seno de la empresa, aumentando la potestad discrecional y unilateral del empresario en el establecimiento de las condiciones laborales, desde el salario hasta la jornada, desarticulando la tradicional negociación colectiva. Además, el real Decreto 16/2013 permite al empleador prolongar la duración de la jornada parcial mediante horas complementarias “pactadas” o “voluntarias”, pudiendo alcanzar el 90% de la jornada ordinaria. En realidad, lo que se hace es promover la sustitución de contratos indefinidos a tiempo completo (menos del 4% del total de contratos registrados el pasado mes de octubre) por supuestos contratos a tiempo parcial, sin derechos ni control legal.
Las consecuencias están ahí. Las 10.249.294 horas extraordinarias que se realizaron semanalmente en España de manera ilegal durante el tercer trimestre de 2014, según datos EPA, podrían haberse convertido en 286.284 nuevos puestos de trabajo legales. Los daños sobre la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores y, sobre todo, de las trabajadoras, son brutales.
Para contestar a aquellos que insisten en la falsa relación entre los buenos resultados económicos y la suma de horas de trabajo, baste señalar que, según el Observatorio Europeo de Relaciones Laborales, países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda, Noruega, Alemania, Reino Unido y Bélgica, con mejor productividad que nuestro país, cuentan sin embargo con una jornada laboral más reducida.
Hemos propuesto en el Congreso un Plan contra la Explotación Laboral en España, derogando la reforma laboral que está en buena parte de su origen, multiplicando los recursos de la inspección de trabajo para este menester, corrigiendo la legislación sobre contratación a tiempo parcial hacia la prevención del fraude…
Con eco casi nulo. Claro que esto nos pasa por dedicarnos a lo poco importante.