El Gobierno se ha apresurado a celebrar por todo lo alto las cifras oficiales de empleo correspondientes al año 2016. Cada español que abandona las listas del paro registrado, aunque sea por poco tiempo y de manera precaria, supone una buena noticia. Sin embargo, es un error grave celebrar unos datos que aún recogen 3,7 millones de parados registrados, más otro millón sin registrar, según la EPA. Y sobre todo, constituye todo un alarde de ceguera política e insensibilidad social lanzar las campanas al vuelo ante un panorama laboral cada día más inestable, precario y pobre.
Más del 95% de los contratos laborales firmados en 2016, de los que presume el Gobierno con alharacas y fuegos artificiales, han sido contratos con duración limitada y salarios muy reducidos. Solo el 4% de estos contratos fueron indefinidos a tiempo completo, y más de un tercio lo han sido por tiempo parcial, por días o por horas. De hecho, más de seis millones de los trabajadores españoles se ven obligados sostener sus familias con salarios inferiores a los 650 euros mensuales. Ese decir, son trabajadores pobres.
Este es el modelo de competitividad al que este Gobierno ha apostado el crecimiento económico en España: una competitividad basada en salarios de miseria y recortes de derechos laborales. Este es el país que nos ofrece la reforma laboral que el PP se empeña en mantener vigente: España, país de empleo basura.
El paro y la precariedad laboral se ceba especialmente en las mujeres. Contamos con 418.000 paradas más que parados, y durante el último año el paro se ha reducido entre los hombres hasta cinco puntos más que entre las mujeres. Durante el mes de diciembre de 2016, ellos firmaron 10.000 contratos indefinidos más que ellas.
Las consecuencias de la precariedad laboral creciente alcanzan dramáticamente a las cuentas de la Seguridad Social, como era de prever. A pesar de la disminución del paro registrado y del aumento de las afiliaciones, la tesorería de la Seguridad Social ha ingresado por cotizaciones sociales hasta 15.000 millones de euros menos respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2016, y el déficit anual quedará cerca de los 20.000 millones. ¿Por qué? Porque el empleo creado es de calidad ínfima y los salarios no cesan de disminuir.
El cuadro de la precariedad laboral se cierra con las cifras relativas a las prestaciones por desempleo. La cobertura bruta quedó en noviembre de 2016 en el 55,66%, casi 15 puntos menos que en 2011, con Gobierno socialista. Es decir, casi la mitad de los parados no cuenta con ayuda del Estado.
La calidad de las prestaciones tampoco para de caer: ya solo el 40% de las ayudas tiene carácter contributivo, por un 60% de ayudas asistenciales, más reducidas estas últimas. Entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2016, las solicitudes de prestación por desempleo crecieron, por haber crecido la necesidad entre los parados, mientras que el gasto se redujo de 1.671 millones de euros a 1.531 millones.
Más allá de las estadísticas oficiales, no hay nada que celebrar en el panorama laboral de nuestro país. Somos cada día más un país de empleos precarios y salarios bajos, que no invita a sus empresas a competir por la vía de la innovación y de la calidad. Este es el camino de las economías débiles e injustas.
La bandera de este modelo injusto de país es la reforma laboral del PP. Por eso nos empeñamos cada día en derogarla, de raíz. Por un país con buenos empleos.