Cualquier caso de corrupción ha de causar una grave preocupación, especialmente si se trata del ámbito público.
Corruptos y corruptores desvían y se apropian de recursos preciosos para atender el interés común. Las corruptelas socavan el crédito y, por tanto, la viabilidad misma de las instituciones públicas, desde los gobiernos hasta la agencia tributaria, pasando por la policía o la Justicia.
Y, finalmente, la corrupción actúa como un cáncer, promoviendo el avance de valores egoístas e insolidarios, frente a los valores cívicos de la equidad y la solidaridad.
El caso Kitchen es especialmente grave porque atenta contra la confianza de la ciudadanía española en instituciones claves para la convivencia democrática
Todos los esfuerzos que se lleven a cabo para prevenir y combatir la corrupción, desde las administraciones y desde la sociedad civil, en forma de legislación, de actuación policial, de denuncia mediática o de vigilancia ciudadana, están plenamente justificados y deben promocionarse.
Hace poco más de dos años, de hecho, los representantes de los españoles en el Congreso votaron una moción de censura para echar a un gobierno a causa de sus fuertes vínculos con la corrupción.
El llamado caso Kitchen es un caso de corrupción especialmente grave.
Según lo que vamos conociendo de las investigaciones judiciales, el Partido Popular en el gobierno utilizó de manera ilegal y corrupta los recursos del Estado, policía incluida, para destruir pruebas, para encubrir sus propios delitos de corrupción, y para quitar de en medio a sus adversarios políticos.
Conforme se deduce del informe de la fiscalía y del sumario judicial, altos dirigentes del PP, ministros y secretarios de estado incluidos, hicieron uso de medios, efectivos y recursos del Estado en beneficio propio, a fin de destruir evidencias incriminatorias para su propia organización. Entre esos medios utilizados de manera espuria se mencionan fondos reservados, agentes policiales, escuchas ilegales, espionaje..
El caso Kitchen es especialmente grave porque atenta contra la confianza de la ciudadanía española en instituciones claves para la convivencia democrática. El ministerio del Interior, el cuerpo de la Policía Nacional, los fondos para gastos reservados, las intervenciones telefónicas… son recursos destinados a proteger los derechos y las libertades públicas. Sin embargo, los dirigentes del PP los utilizaron presuntamente en sentido contrario, para encubrir delitos, en lugar de para perseguirlos.
El conocimiento público de este caso da alas a quienes pretenden denigrar interesadamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, presentándolas como un aparato represivo y al servicio de intereses bastardos. No es cierto. Más allá de aquellos comportamientos ilícitos, que serán depurados por la Justicia, nuestra policía y nuestra Justicia merecen el máximo respeto y consideración por su buena labor en la democracia española.
La Justicia está actuando y muy pronto, además, el Congreso de los Diputados pondrá en marcha una Comisión de Investigación, auspiciada por el PSOE y UP, para establecer las responsabilidades políticas pertinentes.
Pero falta algo. Falta que los dirigentes actuales del PP condenen con claridad estos hechos, ofrezcan explicaciones y depuren por sí mismos las responsabilidades que les corresponden. El asunto es demasiado grave como para despacharlo con un “yo era diputado por Ávila”.
No, Casado era y es mucho más. Por eso la sociedad española le exige respuestas prontas y contundentes.