No es preciso referirse al levantamiento contra la legalidad republicana en 1936, ni al desempeño de altos cargos en la dictadura franquista por parte de los fundadores del Partido Popular. No hace falta ir tan atrás. Basta con repasar la historia de la España constitucional vigente.
Hay una constante invariable en la conducta política de la derecha española. Cuando detenta el poder, se muestra extraordinariamente exigente en lo referido a la lealtad institucional de los demás. Cuando las urnas no le otorgan el poder, sin embargo, ignora deliberadamente toda lealtad hacia la institucionalidad democrática y el interés general de los españoles. Entonces, cualquier propósito, criterio o escrúpulo moral se subordina a la reconquista del poder.
Cuando los resultados electorales sonríen la suerte de la derecha, se multiplican las propuestas y declaraciones favorables a “que gobierne la lista más votada”. Cuando, como ocurre ahora, la lista más votada no es la suya, el candidato ganador “debería pensar en irse” (Teodoro García Egea, en la noche del 10 de noviembre de 2019).
Si se trata de facilitar la investidura complicada de un candidato presidencial de la derecha, como Mariano Rajoy en 2016, “el PSOE debe abstenerse” (Pablo Casado, TVE, 29 de julio de 2016). Si la investidura a facilitar es la del candidato socialista ganador de las elecciones, “no vamos a abstenernos” (Pablo Casado, TVE, 12 de noviembre de 2019).
Hay quienes, sin embargo, mantienen la esperanza de que en estos días hagan algo para desmentir o corregir esta trayectoria. Esperanza vana, me temo
Cuando se pone de manifiesto que las formaciones catalanas independentistas pueden ser determinantes en la investidura, las derechas ponen el grito en el cielo, hablando de ultraje y traición. Cuando se les reclama que pongan algo de su parte para evitar que el independentismo sea determinante, se niegan, porque “no vamos a ser partícipes”.
Resulta indignante, pero hay que reconocerles coherencia. Solo se reclaman estadistas cuando ellos mandan en el Estado. Si la democracia les envía a la oposición, la gobernabilidad, la estabilidad o la viabilidad misma del Estado se convierten en objetivo secundario. Lo primero es acceder al poder.
José María Aznar es el referente ideológico de los dos grandes líderes de la derecha española actual, Pablo Casado y Santiago Abascal. Hoy se pretende a sí mismo como martillo de herejes constitucionales. En su momento, sin embargo, tachaba la Constitución de 1978 como “charlotada intolerable” (La Nueva Rioja, mayo 1979). Lo de menos, para el aznarismo, es la Constitución. Lo importante es conquistar el poder, zahiriendo a quien haya que zaherir, con la Constitución, la biblia o un tebeo de Mortadelo.
En el año 1986, España se jugaba su incorporación a las instituciones europeas en el ajustadísimo resultado de un referéndum que preguntaba sobre la presencia de España en la organización atlántica de defensa común (OTAN). La derecha de Manuel Fraga quería que España permaneciera en la OTAN, desde luego. Pero pidió la abstención al pueblo español, porque la derecha estaba en la oposición y lo primero era dañar al Gobierno socialista.
Tras suceder a Fraga, Aznar inauguró su jefatura de la oposición entre 1989 y 1996 rompiendo el tradicional acuerdo de Estado para hacer frente a los terroristas. Todo valía contra el PSOE en el poder. Nada quedaba al margen de las armas de la oposición. Solo accedió a suscribir con el PSOE un Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo cuando ya era presidente del Gobierno.
En el año 2003, la izquierda ganó las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. A la derecha le correspondía ejercer la oposición. Sin embargo, el PP utilizó a dos diputados corruptos y cuantiosos fondos ilegales (caso Púnica) para impedir la formación del gobierno que habían votado los madrileños, manteniéndose de esta manera en el poder. Aún a día de hoy, jamás se ha producido una transición democrática del gobierno de la derecha a la izquierda en esta comunidad.
El PP y sus aliados mediáticos utilizaron el mayor atentado terrorista sufrido en Europa (Madrid, 11 de marzo de 2004) para promover todo tipo de teorías conspiranoicas, intentando fomentar dudas sobre la implicación falaz del PSOE en su realización o aprovechamiento. No le importó fabricar todo tipo de falsedades y embustes, socavando incluso la confianza de la ciudadanía española en sus fuerzas públicas de seguridad y en su sistema judicial.
En el año 2011, en el contexto de una brutal crisis económica internacional, Cristóbal Montoro, entonces portavoz económico del PP y después ministro de Hacienda, confesó a la diputada canaria Ana Oramas que su partido deseaba y perseguía que “España se hundiera”, hundiendo también al PSOE, porque “ya la levantaremos nosotros”.
Durante los meses de gobierno socialista que sucedieron a la moción de censura de junio del año 2018, las derechas del PP y Ciudadanos utilizaron su mayoría en la Mesa del Congreso de los Diputados para bloquear, en claro fraude de ley, la tramitación de más de una cincuentena de proyectos legales respaldados por la mayoría de los representantes de los españoles en ese mismo Congreso. El daño producido sobre la institucionalidad democrática solo fue paliado en parte por las sentencias del Tribunal Constitucional, que corregían los desmanes de PP y Ciudadanos.
En la actualidad, las derechas, aún en la oposición, están cometiendo uno de los mayores atentados contra nuestra democracia, al pactar gobiernos, presupuestos y leyes, en multitud de comunidades y ayuntamientos, con la ultraderecha machista, xenófoba y anti europea. Mientras en la mayor parte de Europa, los demócratas de izquierdas y de derechas unen fuerzas para establecer cordones sanitarios en torno a los enemigos de la democracia, PP y Ciudadanos convierten a los ultras en socios de gobierno, decisivos e influyentes.
En los mismos instantes en que se redactan estas líneas, se da a conocer la decisión de la Junta Electoral Central de abrir un expediente sancionador al PP, por el envío irregular de 1,2 millones de mensajes con propaganda derechista durante la campaña del 10-N, vulnerando presuntamente la legislación electoral y las normas de protección de datos.
Se trata, desde luego, de una trayectoria coherente.Coherentemente desleal con el Estado, con la Constitución y con la democracia española.
Hay quienes, sin embargo, mantienen la esperanza de que en estos días hagan algo para desmentir o corregir esta trayectoria. Esperanza vana, me temo.