Las derechas de PP, Vox y Ciudadanos suelen argüir tramposamente a favor de la “libertad” en cada debate sobre políticas públicas. Lo acaban de hacer para oponerse a la regulación del derecho de eutanasia. Lo hicieron para imponer la censura parental en los colegios. Lo plantean para justificar la privatización progresiva de los servicios de educación, sanidad y pensiones. Y es el argumento habitual en sus programas de bajadas de impuestos a los más pudientes.
En realidad, la libertad sin igualdad ni garantía de derechos es una falsa libertad. Una sociedad de hombres y mujeres libres en la que no se garantiza la igualdad de oportunidades y el ejercicio universal de derechos básicos, es una sociedad en la que predomina la ley del más fuerte. La falsa libertad que preconizan las derechas es la libertad que permite al poderoso imponer sus intereses y que condena al vulnerable a relegar los suyos.
Las formaciones derechistas llevan décadas recortando recursos para la educación pública y desviando fondos públicos para financiar la enseñanza privada
Las derechas de PP y Vox arguyen que la instauración del derecho legal a la eutanasia restringe la libertad de ciudadanos y ciudadanas, porque sacrifica la autonomía personal ante la injerencia de quienes les “empujan” a morir. Sin embargo, la proposición de ley tomada en consideración por el Congreso se limita a otorgar a toda la ciudadanía el derecho (y no la obligación) de morir con dignidad, en condiciones extremas y con controles estrictos.
Los gobiernos de las derechas en Murcia y Andalucía, por ahora, aplican la censura parental a determinadas enseñanzas en los centros educativos públicos, amparándose en la libertad de padres y madres para decidir sobre la educación de sus hijos. Sin embargo, lo que esta medida retrógrada pone en peligro es el derecho de los escolares a recibir una educación abierta y libre de los prejuicios limitantes de algunos progenitores.
Las formaciones derechistas llevan décadas recortando recursos para la educación pública y desviando fondos públicos para financiar la enseñanza privada. Lo hacen al socaire de la supuesta libertad de las familias para escoger el modelo de enseñanza que han de recibir sus hijos. En realidad, este trasvase de fondos públicos a centros privados debilita la capacidad del Estado para asegurar a todos y a todas una educación en igualdad de oportunidades, al tiempo que, con el dinero de todos, facilita a las familias con más recursos el acceso a una enseñanza de mayor calidad.
Lo mismo ocurre con la financiación pública de la sanidad privada. No se aporta así más libertad a toda la ciudadanía para que opte entre el servicio público o el privado. Tan solo se resta capacidad a la sanidad pública para atender debidamente a todos los enfermos por igual, mientras se ofrece a los ciudadanos más pudientes la posibilidad de acudir a un aseguramiento privado financiado por todos, pero accesible y ventajoso tan solo para unos pocos.
La ultraderecha pretende extender este modelo desigualitario a la Seguridad Social y las pensiones. Los gurús económicos de Vox ya han propuesto formalmente acabar con el vigente modelo de reparto en el sistema público de pensiones, para transformarlo en el un modelo de capitalización. Para que los españoles sean libres, dicen, a la hora de decidir cuánto de su ahorro se destina a financiar las prestaciones de jubilación. Como si la mayoría de los trabajadores, que apenas llegan a fin de mes, fueran realmente libres para capitalizar recursos a voluntad en los planes privados de pensiones.
Y, claro está, PP, Vox y Ciudadanos sazonan con abundantes referencias a la libertad su discurso fiscal regresivo. “Donde mejor está el dinero de los ciudadanos es en su bolsillo”, repiten machaconamente. Como si, en realidad, todos los ciudadanos tuvieran la posibilidad de acumular cantidades equivalentes de dinero en sus bolsillos. Como si muchos ciudadanos no necesitaran de la solidaridad colectiva para garantizar una vida digna a sus familias. No. El dinero de los ciudadanos debe distribuirse de una manera justa para asegurar que todos y todas pueden ejercer sus derechos y libertades.
La izquierda ya aprendió hace tiempo que no hay igualdad sin libertad. A las derechas les corresponde aprender ahora que tampoco hay libertad sin igualdad.