El problema no está en la representación democrática. Sino en que los representantes representen. Y resuelvan. Conforme a los valores y conforme a los intereses de la mayoría
El debate en torno al Congreso del PSOE está poniendo de manifiesto una de las paradojas más relevantes de nuestro tiempo político. Cuando el proceso estaba inicialmente convocado conforme a los procedimientos de representación que marcan los estatutos, es decir, conforme a un Congreso de delegados, se acusó al PSOE de “poco democrático” y de “cerrarse a la participación de los militantes”. Sin embargo, cuando se convocó finalmente el Congreso mediante una fórmula que permite a los militantes elegir directamente a su secretario general, también llegaron los reproches: “improvisación”, “fractura”, “división”, “sobresalto” y “baile de candidatos”, entre otros.
En realidad, el ejercicio de la representación no desmerece la calidad de la democracia. Antes al contrario, no hay democracia sin representación. La articulación efectiva de las propuestas y la conformación de los equipos requiere del ejercicio de la representación democrática. Así ha funcionado siempre en todas las organizaciones con democracia interna y así se aplica también en las instituciones parlamentarias más señeras. A nuestro Presidente del Gobierno se le elige a través de los representantes de la soberanía popular en las Cortes generales, y las leyes no se elaboran mediante procedimientos asamblearios en la plaza pública, sino a través de los diputados y los senadores electos por la ciudadanía.
Y este ejercicio de representación democrática es compatible con la elección directa de algunas instancias especialmente relevantes. Por ejemplo, resulta razonable que tanto el secretario general como el candidato a la presidencia del Gobierno de España sean elegidos directamente en la urna por el conjunto de los afiliados de un partido político, en este caso el PSOE, siempre en cabeza de las innovaciones en materia de profundización democrática. Es curioso, además, que las críticas más duras procedan precisamente de formaciones políticas, sociales o de comunicación que ofrecen constantes lecciones de democracia, pero cuyos procedimientos de designación de directivos son más bien digitales, por el dedo.
No obstante, cabe alertar sobre los riesgos que conllevan los intentos permanentes de deslegitimación que se aplican sobre la representación en democracia desde algunos ámbitos de la izquierda. “No nos representan”, “No decidas por mí” y “Vale más la opinión de 46 millones que la decisión de 350 diputados” son algunas de las frases que más hemos escuchado en estos últimos días. La experiencia histórica nos enseña que algunas adjetivaciones practicadas sobre la democracia, como la “democracia popular” o la “democracia directa”, suelen esconder pretensiones realmente antidemocráticas. Aquellos que niegan “intermediarios entre el pueblo y sus líderes” no buscan generalmente más democracia, sino menos. La decisión democrática articulada mediante una representación electiva y transparente funciona con defectos, pero funciona. Las alternativas son arriesgadas, cuando menos.
Pero no se cae la democracia porque la representación habitual se convine con elecciones directas o consultas directas en casos específicos. Los Parlamentos legislan con carácter habitual, y los Congresos elaboran resoluciones con plena legitimidad. Y, paralelamente, pueden someterse a la elección general determinados cargos o pueden convocarse referéndums para dilucidar la opinión sobre un asunto relevante de todos los ciudadanos o todos los integrantes de una organización concreta. Sin miedos.
¿A qué se debe por tanto aquella paradoja de inicio? A que, en realidad, los españoles y los socialistas no están poniendo en cuestión procedimientos democráticos de representación o de consulta directa. Lo que se está poniendo en cuestión con carácter general es la institucionalidad misma del país. Toda la institucionalidad, prácticamente. Los problemas económicos no se resuelven, el paro se mantiene en tasas muy elevadas, las familias se empobrecen, la corrupción irrita sobremanera, los representantes políticos no cumplen sus programas… Y cada día más ciudadanos, militantes y no militantes, están hartos. Y desconfían de los congresos con delegados, de los congresos sin delegados, de los delegados, de los congresos, de los militantes, de los dirigentes, de los ministros y de los reyes.
En Europa ya vivimos otras crisis de la institucionalidad democrática en el siglo XX. La gente se hartó de corruptelas y desigualdades, aparecieron los “salvadores” y sobrevino la desgracia. Aprendamos de la historia y no repitamos sus episodios más dramáticos.
El problema no está en la representación democrática. Sino en que los representantes representen. Y resuelvan. Conforme a los valores y conforme a los intereses de la mayoría.