A Ciudadanos ya no le basta con los chanchullos y pucherazos de sus procedimientos internos de elección de cargos. Pretenden exportar estas malas prácticas a las propias instituciones democráticas del país
Desde que Pedro Sánchez fue investido Presidente del Gobierno de España, el partido Ciudadanos y su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados han hecho todo lo posible por impedir que desarrollara su labor de Gobierno con normalidad. A fin de cumplir tal propósito ha sumado sus votos a los del PP para utilizar la Mesa del Congreso una y otra vez de forma fraudulenta, sectaria y partidista.
El último episodio de gravedad tuvo lugar el martes 13 de marzo, cuando Ciudadanos impidió junto al PP la calificación de un Real Decreto Ley aprobado legítimamente por el Gobierno para impulsar los planes de igualdad entre mujeres y hombres en las empresas, y para ampliar progresivamente el permiso de paternidad hasta las 16 semanas. Arguyendo falsamente que podría existir una contradicción con la Constitución Española, Ciudadanos y PP forzaron una absurda consulta jurídica a los letrados del Congreso.
Como era de esperar, los letrados establecieron de manera contundente la constitucionalidad de la norma y la obligación inexcusable de la Mesa para someter su convalidación a la Diputación Permanente del Congreso. Solo 24 horas después, Ciudadanos hubo de rectificar y admitir a trámite este y cada uno de los Reales Decretos Leyes pendientes de ratificación. Cayeron en el ridículo, pero el daño estaba hecho, sobre el crédito de las instituciones democráticas y sobre el ánimo y la zozobra de miles de españoles.
La estrategia de obstaculización fraudulenta por parte de Ciudadanos comenzó con su apoyo a los vetos presupuestarios del Gobierno Rajoy hacia cada una de las iniciativas de ley que impulsaba el Grupo Socialista. El propio Tribunal Constitucional ha reprochado tal comportamiento, socorriendo al Grupo Socialista en amparo.
Con el PSOE ya en el Gobierno, las maniobras arteras se centraron en la ampliación sistemática y arbitraria de los plazos de presentación de enmiendas en las principales iniciativas de ley. Con trampas impidieron también la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, crucial para sacar adelante los Presupuestos más sociales de la última década.
Con las Cortes disueltas, ya no hay posibilidad de crear problemas con los vetos presupuestarios o los plazos eternizados para las enmiendas, por lo que Ciudadanos decidió innovar. El día 13 inventó el “recurso previo de inconstitucionalidad a resolver por los letrados del Congreso”. Sabían que no había reproche posible a la conducta del Gobierno y sabían que su maniobra no llegaría a ningún sitio, pero no dudaron en generar dudas sobre la licitud de las normas aprobadas, involucrando irresponsablemente a los letrados del Congreso.
La profesionalidad de los servicios jurídicos del Congreso salvaron la situación. Los letrados emitieron un informe taxativo, que tumbaba punto por punto el intento artero de Ciudadanos para establecer dudas sobre la constitucionalidad del Real Decreto Ley. Todos los Decretos serán sometidos a convalidación de la Diputación Permanente, como establece la Constitución en sus artículos 78 y 86.
No obstante, el daño ocasionado es evidente. La utilización sectaria de la Mesa de la Cámara, una vez más, desprestigia esta institución, tan importante para el funcionamiento normalizado de nuestra democracia.
Y miles de españoles han sentido en estos días incertidumbres e inseguridades, de manera innecesaria e injusta. Se han sentido así los españoles cuyos derechos se verán reforzados con los decretos del Gobierno: aquellos que esperan la ampliación de los permisos de paternidad; quienes tramitan el subsidio para parados mayores de 52 años; los inquilinos que se beneficiarán por la ampliación del plazo en sus contratos de alquiler; los afectados por el brexit que requieren seguridad y rigor en las actuaciones de su Gobierno…
Al parecer, a Ciudadanos ya no le basta con los chanchullos y pucherazos de sus procedimientos internos de elección de cargos. Pretenden exportar estas malas prácticas a las propias instituciones democráticas del país. Pero no se lo vamos a permitir.
El Gobierno tiene el derecho y la obligación de gobernar, ampliando derechos y libertades para cuantos más españoles y españolas mejor. Y lo va a seguir haciendo, conforme a las leyes y el interés general. Aunque le pese a Rivera y los suyos.