La mayoría formada por las tres derechas, Unidas Podemos y el independentismo más intransigente ha arrojado el país al bloqueo institucional, ha traicionado el interés general de los españoles y ha dado la espalda a la voluntad democrática de la ciudadanía, expresada de manera clara y recurrente entre el 28 de abril y el 26 de mayo.
Los españoles y las españolas no tienen hoy el Gobierno socialista que votaron, que necesitan y que merecen, por dos razones: por la ambición desmedida e irreal de Podemos por los cargos; y por la irresponsabilidad de la derecha, que ha vuelto a anteponer su interés por dañar al PSOE sobre su deber patriótico de posibilitar que haya Gobierno en España.
¿Y ahora? Ahora ya no hay candidato con encargo del Jefe del Estado. Pedro Sánchez dejó de ser candidato en la tarde del día 25. Ahora se abre el proceso institucional que establece el artículo 99 de la Constitución. Ya lo advertimos
En democracia, ante una sesión de investidura solo caben tres posiciones legítimas: votar al candidato propuesto por el Jefe del Estado; articular una alternativa; o hacerse a un lado, permitiendo que salga adelante la única alternativa posible. El bloqueo, la ingobernabilidad, el boicot a la decisión democrática de los ciudadanos, no es una opción legítima. Sin embargo, esta ha sido la opción elegida por las derechas y Unidas Podemos, lamentablemente.
Lo sucedido durante estos últimos días nos lleva a la conclusión de que Pablo Iglesias nunca tuvo voluntad de llegar a un acuerdo con el PSOE. Todo indica que, en realidad, siempre mantuvo la estrategia evidenciada en 2016, cuando también frustró la investidura de un Presidente progresista. Pareciera que el único propósito permanente de Iglesias es el de evitar un Gobierno presidido por un socialista, aunque la consecuencia sea el riesgo de un Gobierno conservador.
Llegamos a esta conclusión por dos motivos. En primer lugar, nunca quisieron negociar los contenidos de un programa de Gobierno, el “para qué”. Y, en segundo lugar, todos sus planteamientos para la configuración de los equipos de Gobierno eran desmesurados, desproporcionados e irreales. No se puede reclamar la gestión de más de la mitad del gasto social y todos los ingresos del Estado, cuando se es la cuarta fuerza política de la Cámara y no se aporta, ni tan siquiera, valor suficiente para conformar una mayoría absoluta.
No proponían asumir una parte “proporcional” del Gobierno. Al final, ni tan siquiera planteaban un co-gobierno. Querían el Gobierno entero, su columna vertebral. No era un planteamiento realista.
Descalificar como elementos decorativos algunas de las competencias ofertadas por el PSOE, constituye una falta de respeto a los socialistas y, sobre todo, a los españoles que necesitan de la buena gestión de esas competencias para mejorar su vida. Una vicepresidencia social o las políticas de vivienda, de sanidad, de igualdad, de economía social, de cultura, de agricultura, de cooperación exterior… no pueden despreciarse cuando se intenta negociar en serio un gobierno de coalición.
Primero nos reprocharon que las ofertas programáticas no eran lo suficientemente de izquierdas, y confirmamos nuestra disposición a subir el salario mínimo y derogar la reforma laboral. Después reclamaron colaborar en el Gobierno, y se les ofreció un Gobierno de cooperación. Más tarde pidieron que la cooperación se convirtiera en coalición, y se cedió para que fuera así. Exigieron una vicepresidencia para su portavoz parlamentaria, y también se respondió positivamente. Y, al final, se demostró que lo que querían era el Gobierno entero. Y ahí ya no se pudo ceder.
¿Y ahora? Ahora ya no hay candidato con encargo del Jefe del Estado. Pedro Sánchez dejó de ser candidato en la tarde del día 25. Ahora se abre el proceso institucional que establece el artículo 99 de la Constitución. Ya lo advertimos.
La situación es grave, pero hay salidas y vamos a trabajar duro para hacerlas realidad. El candidato ganador de las elecciones, Pedro Sánchez, se pondrá en contacto con los líderes de los otros tres grandes grupos parlamentarios del Congreso, para que asuman su responsabilidad y contribuyan a desbloquear la formación de Gobierno en España. La ciudadanía hizo su trabajo, votó y encargó al PSOE liderar un Gobierno progresista, coherente y eficaz. Ahora corresponde a los representantes políticos de esa ciudadanía cumplir con su parte.