Santiago González Vallejo |
La lucha contra el fraude fiscal es una actividad que todos los partidos y la sociedad reclaman. Todos estamos obligados a contribuir y debemos hacerlo en función de ingresos y riqueza. La Constitución lo dice y, sobre ese punto, nadie dice lo contrario. Los casos de fraude conocidos, afortunadamente, nos producen escándalo y nos sirven de acicate para mejorar las normas y los instrumentos dedicados a la lucha contra el fraude fiscal.
En este sentido, el actual Gobierno ha elaborado un proyecto de ley 121/033 que es, en parte, la puesta en nuestro ordenamiento jurídico de una directiva europea, mejoras del articulado impositivo tras sentencias judiciales que corrigen normas, nuevas disposiciones que recogen aportaciones internacionales sobre la elusión fiscal de las multinacionales y de personas y, finalmente, modificaciones en el articulado de varios tributos; pero que, conjuntamente, es un instrumento contra el fraude fiscal.
La Plataforma de la Justicia Fiscal ve positivo el proyecto de ley. Esto no obsta para considerar que este proyecto debería introducir ciertas propuestas que mejoraran la consecución del objetivo por todos deseado de reducir el fraude fiscal.
Por ejemplo, y teniendo cercano en el tiempo las consecuencias de la prescripción de delitos fiscales y la no correlación con las obligaciones administrativas, lo lógico sería que se igualasen los plazos de prescripción administrativa y penal a los 5 años con carácter general, ampliando dicho plazo a los 10 años en los supuestos equivalentes a los contemplados para el delito y el delito agravado contra la Hacienda Pública. Así se permitiría investigarlos y denunciarlos. Esto es relevante ante las situaciones reales de la utilización de organizaciones y grupos, asesores y entidades financieras especializadas en defraudar o el uso de entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o de territorios no cooperantes como suele ser corriente, como explicitan las listas Falciani, y los casos del Banco de Santander, BNP Paribas y HSBC, o los Papeles de la Castellana.
Pero esta ampliación del plazo de prescripción tendría que ir acompañada de otras medidas que la complementasen, también propuestas por la Plataforma por la Justicia Fiscal. Nos referimos a determinadas medidas organizativas y operativas de la Agencia Tributaria. Así, si consideramos que su servicio es esencial, su plantilla tendría que tener una tasa de reposición superior al 100%, durante varios años para recuperar la plantilla anterior a la crisis y compensar la alta edad media y las previsiones de jubilación existentes. Además, es necesaria la reorientación de las políticas de inspección hacia las mayores potencialidades de fraude y una ampliación de las competencias y las responsabilidades de inspección de su persona.
También es necesario, en nuestro Estado descentralizado y con competencias compartidas, coordinar y facilitar bases de datos accesibles a las diferentes administraciones tributarias y de registro, incluyendo las locales, para ser más eficientes y evitar errores y lagunas en la actividad de las administraciones tributarias.
Hay otras enmiendas referentes a diferentes activos como las SICAV o el régimen tributario de las sociedades patrimoniales o de la cantidad máxima de pagos en efectivo. También sobre la mejora del control interno del gasto público o la evaluación de la economía sumergida que facilitarían la toma de decisiones en los planes de inspección.
En todo caso, el proyecto de ley que incluye aspectos sobre la lucha contra el fraude es una oportunidad de consenso de los grupos parlamentarios para congraciarse con la ciudadanía y acercar las obligaciones tributarias a su cumplimiento.
Al fin y al cabo, los impuestos son los que marcan el volumen del estado de protección social y las inversiones para un futuro mejor de nuestra infancia.
Santiago González Vallejo | Economista. USO. Plataforma por la Justicia Fiscal