Con ese nuevo cambio de criterio, se genera otra vez incertidumbre, inquietud y desconfianza por parte de la ciudadanía con respecto a la Justicia
Incomprensible, desconcertante o, simplemente, “menuda cara”, son algunos de los calificativos que a casi todos se nos han venido a la cabeza al conocer el fallo del pleno del Tribunal Supremo, que llevaba dos días deliberando y que decidió recuperar la doctrina anterior a la sentencia del 18 de octubre y señalar que quien pagará el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) será la parte más débil (el cliente) y no los bancos o prestamistas. Y eso a pesar de que son las entidades financieras, quienes en la constitución de un préstamo con garantía hipotecaria, los interesados en elevarlo a escritura pública para así poder ejercitar la acción ejecutiva y préstamo.
Con ese nuevo cambio de criterio, se genera otra vez incertidumbre, inquietud y desconfianza por parte de la ciudadanía con respecto a la Justicia, muy devaluada desde hace tiempo. Razón por la que los ciudadanos y ciudadanas hemos mostrado su malestar frente a los juzgados, que han visto como por una supuesta razón de alarma económica esgrimida por el Supremo, se volvió a revisar la doctrina y la interpretación que el alto tribunal estaba haciendo sobre esta materia.
¿Alarma social y económica? ¿Acaso los desahucios no han provocado esa alarma? ¿O saber que la banca no devolverá los 60.000 millones prestados por todos los españoles? De nuevo un doble rasero y de nuevo la Justicia se ha vuelto ha poner del lado de los poderosos.
Rectificación
El Decreto del Gobierno viene normalizar la situación en el sentido de que se puedan seguir haciendo hipotecas y que pague quien tiene que pagar. Es un primer paso en la protección de los ciudadanos, pero que aún es insuficiente y se tiene que desarrollar en una nueva ley hipotecaria más garantista para la ciudadanía. Pero no supone que renunciemos a la retroactividad y que la hacienda pública devuelva a sus clientes el dinero cobrado indebidamente y que lo paguen las entidades financieras.
Hay a quien le parece poco pagar dos o tres mil euros por estas operaciones. Para muchos supone llegar a final de mes. Pero además es que es una cuestión de justicia, de que no lo tienen que pagar las ciudadanas y ciudadanos.
Y volviendo a la alarma económica que justifica que el pleno del Supremo se reuniera y finalmente cambiara su criterio, hay que recordar que la banca no tiene cara ni sufre. Sufren las personas. Como esas personas que han sido desahuciadas por estos mismos bancos a los que la justicia vuelve a “rescatar”.
Dada la escasa o nula eficacia de los actuales reguladores -Banco de España (increíblemente más preocupado de los efectos del aumento del SMI en el empleo) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (que siempre que interviene es para quitar de derechos y parece estar al servicio también de los poderosos-, y que prácticamente solo queda el penoso, largo y costoso recurso de los juzgados, vemos necesario también el hecho de que vaya a crear una “autoridad independiente” que vele por la protección, de manera ágil y eficaz, por los derechos de consumidores y usuarios financieros.
Porque todo apunta a que no podemos confiar (más bien lo contrario) que la banca no traslade este coste a los futuros clientes que vayan a pedir un préstamo hipotecario mediante la subida de tipos de interés o nuevas comisiones bancarias. Porque les da igual que incida o no en su imagen reputacional, ya de por sí depauperada. Porque la banca, como en los casinos, siempre gana. Y si miramos atrás a nuestros 40 años de democracia constitucional, parece que ha estado presidida muchas veces por una economía de casino en la que los ciudadanos y ciudadanas, especialmente los más débiles, siempre tienen las de perder.
Estaremos atentos a la tramitación del futuro Decreto en sede parlamentaria, confiando en que su contenido se mejore (no renunciamos a la posibilidad de efectos retroactivos) y que se incorpore su contenido a la futura Ley Hipotecaria, cuya tramitación en el Parlamento se ha estado demorando enormemente desde 2014 y sin más justificación, a la vista de los acontecimientos, que seguir protegiendo los intereses de las entidades financieras y sus accionistas frente a los derechos de la mayoría.