Antes de plantear reformas a la Constitución deberíamos esforzarnos por dar cumplimiento a lo que todavía falta por desarrollar
Hoy, la Constitución española cumple 40 años. No digo nada nuevo. Llevamos varios meses de celebraciones.
Pero si bien es un día de celebración, también tiene que ser una jornada de indignación. Indignación por el incumplimiento sistemático e muchos de sus preceptos. Rabia por ver como millones de mis conciudadanos y conciudadanas no se sienten amparados por nuestra Ley de leyes simplemente porque no se cumple. Pero más enojado aún porque ese sentimiento de desamparo se traduce en injusticia, pobreza, desigualdad… Hoy nuestra Constitución cumple 40 años, pero no podemos dejar pasar un día más sin exigir su absoluto cumplimiento.
Millones de españoles y españolas no tienen un empleo, ni una vivienda digna, ni acceso a la educación o la sanidad, o a una pensión.
Pero si es importante que se cumplan loa derechos constitucionales, lo es también que no nos quiten otros, como el derecho de reunión pacífica, condicionado gravemente por la que todos conocemos como la Ley mordaza; el derecho de huelga, criminalizado por campañas mediáticas y políticas y perseguido mediante el artículo 315.3 del código penal; el derecho a la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y los empresarios y la fuerza vinculante de los convenios colectivos, cuestionada por la Reforma Laboral; lo mismo se podría decir en relación con la reforma de las pensiones de 2013, que condiciona y limita el acceso a una pensión digna; o la vergonzante reforma del artículo 135 en 2011, de la que derivan los males posteriores, que limita el techo de gasto y que condicionan esos derechos sociales que se incumplen constantemente.
Y en este contexto no paramos de oír cantos de sirena a favor de reformar la Constitución. Pues para UGT también son necesarias reformas, como la derogación del artículo 135 de la Constitución –modificado en 2011- que impone un techo de gasto y condiciona el cumplimiento de los derechos sociales que ampara la propia Constitución, y blindar los servicios públicos y derechos sociales, en definitiva el Estado de Bienestar, fijando un suelo de gasto social que no se vea afectado por las reglas del déficit público. Y claro está, establecer los mecanismos necesarios para hacer cumplir la Constitución. Si se efectúan reformas, estas deberían ser refrendadas por la ciudadanía pero además, ésta debería poder reclamar el cumplimiento de su contenido.
Pero antes de plantear reformas a la Constitución (y ya veis que mi organización tiene algunas propuestas en este sentido) deberíamos esforzarnos por dar cumplimiento a lo que todavía falta por desarrollar.
Hoy es un día de celebración, pero debería ser fundamentalmente de indignación y reivindicación.