2018: el año en el que la ciudadanía volvió a tomar las calles

Foto: Prudencio Morales
Foto: Prudencio Morales

El hecho de que la ciudadanía volviera a tomar las calles para reclamar sus derechos ha supuesto la cuestión más relevante desde la perspectiva sociolaboral en este año 2018 que ahora acaba

A la hora de ponerle títulos a mi artículo sobre el balance del año, se me ocurren varios: el año del 130 aniversario de UGT, el del 40 aniversario de la Constitución, el del 30 aniversario de la Huelga General del 14D, el del IV AENC, el de las pensiones de mierda, el de la recuperación del diálogo social, el de la sentencia del “caso Gürtel”, el de la moción de censura, y, obviamente, el año del cambio de gobierno, entre un largo etcétera de propuestas que se me vienen la cabeza al repasar este ejercicio. Pero para mí, por su significado de conciencia colectiva, es el hecho de que la ciudadanía volviera a tomar las calles para reclamar sus derechos lo que creo que ha supuesto la cuestión más relevante desde la perspectiva sociolaboral en este año 2018 que ahora acaba.

La reivindicación de una sociedad más justa e igualitaria se volvió a demostrar el pasado 8 de marzo con las multitudinarias manifestaciones que se llevaron a cabo en toda España en favor de medidas que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, tanto a nivel laboral como social, y el éxito rotundo de la primera huelga general, de dos horas, por la igualdad laboral y salarial, convocada por UGT y CCOO.

Del mismo modo, las abrumadoras movilizaciones de los pensionistas, con UGT y CCOO al frente, contra la subida de “mierda” del 0,25% de las pensiones, exigiendo la revalorización de las mismas de acuerdo al IPC y la derogación de la reforma de pensiones de 2013, forzaron al anterior Gobierno a rectificar para que los pensionistas puedan empezar a recuperar aquello que les pertenece.

Expectativas con pocos avances

Un año más, habíamos comenzado 2018 con expectativas de acuerdos y avances en el ámbito social que finalmente apenas se han materializado. Un año marcado por dos semestres diferenciados, a raíz de la moción de censura presentada por el PSOE y que puso fin al mandato del Gobierno de Mariano Rajoy.

En el primer semestre de 2018, y tras el acuerdo de subida del SMI de diciembre de 2017, se avanzó muy poco en el marco del diálogo social, a excepción del acuerdo sobre empleados públicos 2018-2020, para mejorar salarios, recuperar empleo público y ampliar la negociación colectiva.

En el segundo semestre, el nuevo Gobierno socialista, ha emprendido un camino ilusionante, pero muy complejo. Ilusionante porque se ha mostrado abierto a deshacer políticas de recortes y austeridad y ha dado un importante impulso al Diálogo Social, pero complejo dada la situación parlamentaria: minoría del PSOE; una mesa del Congreso, controlada por el PP y Cs, que está bloqueando iniciativas de política social (sirva de ejemplo, la Iniciativa Legislativa Popular para una Prestación de Ingresos Mínimos, promovida por los sindicatos, y que ha sido vetada en 21 ocasiones); un Senado con mayoría absoluta del PP que está impidiendo la presentación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2019 más expansivos y justos, tal y como refleja el Plan de Estabilidad, aprobado recientemente por el Congreso de los Diputados.

El impulso al Diálogo Social apenas se ha materializado en medidas concretas, aunque importantes, como la notable subida del SMI, a 900 euros al mes por 14 pagas, el acuerdo alcanzado para mejorar la protección social de los autónomos, la nueva Convocatoria para relanzar la Formación para el Empleo, el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, la propia subida del sueldo de los funcionarios (aunque este acuerdo venía de atrás, pues se cerró con el anterior Gobierno del PP) o la revalorización de las pensiones conforme al IPC para 2019.

El crecimiento de la economía no se reparte justamente

En el último año se ha consolidado la situación de crecimiento de la economía española, que comenzó en 2014. Son ya cuatro años de expansión de la actividad, los tres últimos por encima del 3%, y también de creación de empleo y mejora de la posición fiscal y financiera de nuestro país. Todo ello es positivo, y se ha logrado esencialmente gracias al esfuerzo de la clase trabajadora, que ha soportado un durísimo ajuste de 2008 a 2013, al que ha respondido con una responsabilidad solidaria y con un esfuerzo colectivo ejemplares.

Ahora, la economía va bien, pero solo para una minoría, porque las familias trabajadoras ven cómo la recuperación no les llega. El PIB crece, y las empresas no solo obtienen beneficios superiores a los de antes de la crisis, sino que los aumentan a un ritmo récord; pero se niegan a trasladar esa situación de bonanza a las trabajadoras y a los trabajadores, que siguen sin percibir una mejora de su calidad de vida. Se les está negando lo que es suyo, porque es su trabajo el que está generando los beneficios de las empresas.

La precariedad laboral, en todas sus facetas, no deja de crecer, y los salarios no suben suficientemente, tras caer drásticamente desde 2009. La desigualdad y la pobreza han crecido hasta situar a España a la cabeza de Europa en tan deshonroso ranking, afectando de manera especialmente grave a la infancia. De hecho, España se sitúa entre los 9 países de la Unión Europea donde sus trabajadores se encuentran aún en una situación peor que antes de la crisis. La protección de las prestaciones y servicios públicos esenciales no deja de reducirse, pervirtiendo las bases de nuestro estado de bienestar. Y todo ello se acompaña de dos circunstancias que agravan la percepción (real) de la injusticia: de un lado, la deliberada y sistemática actuación en favor de grandes grupos empresariales y de determinados lobbies económicos (bancos, eléctricas, autopistas, empresas transnacionales), a las que se transfieren directa o indirectamente miles de millones de euros; de otro lado, la deriva autoritaria de la actuación del Estado, que ha llevado a criminalizar la legítima discrepancia y la protesta pacífica y a ejercer una represión desconocida en nuestra actual etapa democrática.

Un país precario

Precisamente, acabamos de conmemorar el nacimiento de la Constitución hace 40 años en un momento en el que uno de cada cinco españoles en edad de trabajar no puede hacerlo, en el que la mitad de los jóvenes está en el desempleo, en el que la mitad de los parados no cobra ningún tipo de prestación, en el que 700.000 familias no tienen ningún tipo de ingreso, en el que más de un millón hogares tiene a todos sus miembros en paro. Celebramos la Constitución de un país en el que uno de cada cuatro españoles está en riesgo de pobreza, en el que uno de cada tres españoles asalariados tiene ingresos anuales menores del SMI y en el que 3,6 millones de españoles vive con menos de la mitad del salario mínimo, en el que año a año los salarios han perdido valor y aún se niegan a los trabajadores aumentos salariales significativos en el que tener un trabajo ya no es sinónimo de no ser pobre, de vivir dignamente. Un país en el que las mujeres de media tendrían que trabajar dos meses más al año para poder cobrar lo mismo que sus compañeros hombres de la misma categoría laboral; un Estado en el que los trabajadores tienen derechos diferentes en función de si su contrato es temporal o indefinido, en el que el currículum académico ya no te garantiza el acceso a estudios universitarios salvo que tu familia tenga dinero para costearlos; el que la justicia ya no es igual para todos, porque quien tenga dinero podrá costear las tasas judiciales mientras que otros que no lo tiene no lo podrán hacer; en el que el derecho a la vivienda no sólo no está garantizado sino que hoy por hoy es un lujo alcance de unos pocos mientras se siguen expulsando a familias de sus casas al no poder afrontar el pago de sus alquileres o sus hipotecas y todavía se les condena a seguir pagando la deuda.

Y aunque mejora el empleo en términos cuantitativos, seguimos teniendo la segunda mayor tasa de paro de toda la UE (tras Grecia), más del doble de la media de la zona. Son más de 3 millones de personas, y la mitad llevan más de un año buscando empleo y casi 6 de cada 10 no cobran ninguna prestación. Y cualitativamente, el empleo no mejora, la precariedad laboral es también muy elevada, y está creciendo: uno de cada cuatro asalariados tiene un contrato temporal, y también uno de cada cuatro contratos temporales dura menos de una semana; la contratación a tiempo parcial es esencialmente involuntaria, y aumentan las nuevas formas de prestación de servicios aún más desprotegidas: empresas de multiservicios, plataformas digitales, etc. El empleo ya no saca a las personas de la pobreza: Eurostat dice que el 26,6% de la población en nuestro país sigue estando en situación de pobreza o exclusión social, el 31% de los menores de 16 años.

Sin olvidar dos cuestiones absolutamente acuciantes e injustas: que dos personas mueren cada día laborable en accidentes de trabajo y que un millón de trabajadores y trabajadoras se han accidentado en 2018; y que en España la brecha salarial es del 14,2%, según Eurostat, y triplicamos las tasas de Italia, Rumanía y Luxemburgo, por lo que las trabajadoras españolas trabajan gratis desde el 10 de noviembre de 2018 hasta final de año..

Y todo esto mientras vemos en los medios de comunicación casos de fraude, elusión y evasión fiscal, a la vez que se sigue sin dar una segunda oportunidad a miles de familias que sucumbieron a la crisis. Ante esto no podemos permanecer impasibles, no podemos conformarnos. Esta es la situación actual, y a ella estamos respondiendo desde UGT como siempre: con diálogo y propuestas, y con presión y movilización. Todo para mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora, y en especial a los grupos sociales más desprotegidos económica o socialmente: trabajadores precarios, jóvenes, mujeres, pensionistas, personas con discapacidad e inmigrantes.

Cambios necesarios

No pretendo ser catastrofista. Solo quiero describir la situación de nuestro país con toda su crudeza. Porque los cambios son necesarios y urgentes, y sí, esos cambios se pueden llevar a cabo. Porque las personas no pueden esperar más. Y el Gobierno no puede seguir dilatando el diálogo social y tiene que legislar en base a los consensos que vamos alcanzando en las mesas de negociación.

Los problemas económicos y sociales de nuestro país tienen ya raíces profundas, y no se pueden solventar sin actuaciones de calado, que permitan recuperar la esperanza arrebatada a millones de personas. La desigualdad creciente y la falta de perspectivas de vida son la carcoma de nuestro modelo democrático y de convivencia.