La tragedia hondureña. Como pequeño país en vías de desarrollo, la población hondureña padece dos grandes problemas. El primero es el empobrecimiento que llega ya al 80”%; después de Haití, Honduras es el segundo país más pobre de Latinoamérica. El segundo problema es la violencia; unos 18 ciudadanos son asesinados diariamente por el crimen organizado, lo que supone unas 6.600 víctimas al año; de ahí que junto con Guatemala y El Salvador, Honduras forma el triángulo norte de Centroamérica, donde la violencia viene a ser de las mayores del mundo.
Incapacidad oligárquica. Las oligarquías y clase hegemónica de otros países, aunque siempre han mantenido la explotación capitalista contra sus propios ciudadanos, se han preocupado por establecer un modelo de nación que progrese en el desarrollo integral, incluso como orgullo nacionalista y para sus propios beneficios.
Los dirigentes políticos y oligárquicos hondureños, desde la independencia, nunca han tenido interés en establecer un modelo de nación, acorde con las sociedades modernas; antes al contrario, han donado y mal vendido el país, sus tierras, sus riquezas y hasta sus aguas a los poderes políticos y económicos transnacionales. Jamás han tenido interés en proporcionar al pueblo una educación de calidad, base para el desarrollo integral del Estado y para elevar el nivel de vida de los hondureños. Da la impresión que se sienten felices manteniendo a su propio pueblo en la ignorancia y en la pobreza, al mismo tiempo que les gustan humillarse ante los poderes extranjeros e imperiales que tradicionalmente hacen y deshacen lo que quieren, a cambio de unas prebendas y privilegios personales.
Como nación caótica, aunque exista una constitución democrática, unas estructuras actualizadas y una legislación aceptable, no sirve de nada. Lo que impera en la clase dirigente es la cultura de la corrupción, de la violencia, de la impunidad y del menosprecio a la clase trabajadora. Honduras, aun las grandes cualidades de su pueblo, está al borde de ser un Estado fallido por la incapacidad de sus oligarcas y sus políticos.
Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). No es de extrañar que, en su más o menos medio milenio de historia, haya habido constantes dictaduras, golpes de fuerza armada y pronunciamientos militares, pero nunca sirvieron para mejorar al país.
El último golpe de Estado del 2009, es una muestra más de la incapacidad de los dirigentes políticos, pues además de perjudicar el lento desarrollo del país y a la débil democracia, ha favorecido la impunidad, la explotación y la violencia reinante.
Por ello, es bienvenido el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Al parecer, es más favorable para los intereses del gobierno nacionalista. Describe la incapacidad de los liberales para obrar con inteligencia política y evitar la división, en gran parte superficial pero muy aguda, de sus corrientes ideológicas.
La CVR resalta los errores tanto los del expresidente Zelaya, como los del golpista Micheletti y los suyos. Asimismo observa fallos de los otros grupos políticos que apoyaron el golpe. Veladamente habla de la actitud inconveniente a favor del Golpe de Estado de los militares y del empresariado nacional y extranjero; así como las escasamente jurídicas medidas de los tribunales de justicia. No le faltan palabras para las inconvenientes declaraciones de religiosos. La CVR, es crítica con los medios de comunicación que en vez de informar objetivamente se pusieron de parte de los golpistas, en líneas generales. En la síntesis del informe que circula en los medios de comunicación, no se dice nada sobre el papel protagónico de la embajada y administración de Estados Unidos. En general el golpe de Estado más pareció una lucha partidaria entre bandos al margen de las leyes de la nación.
Recomendaciones. En principio parecen que favorecería al fortalecimiento de la democracia. Entre las más de 80 recomendaciones, destacan algunas: la figura del juicio político que evite otro golpe de Estado; la falta de atribuciones constitucionales del Congreso para destituir al presidente; la necesaria supresión de la Constitución de cualquier uso de los militares en cuestiones políticas. También la CVR se pronuncia a favor de la revisión del Estado de sitio, en lo referente a garantizar los derechos humanos. Por último, es evidente la necesaria investigación, procesamiento y condena de todas las violaciones a los derechos humanos durante el periodo del gobierno de facto de Micheletti.
¿Qué va a ocurrir ahora? Nada. Seguirán la impunidad, la corrupción, el saqueo transnacional de las riquezas hondureñas, la explotación de los trabajadores y campesinos y la violencia del crimen organizado; incluso, de vez en cuando, algún que otro asesinato político de dirigentes populares, periodistas comprometidos o abogados coherentes. También amenazas a muerte, como las sufridas por el padre Fausto Millas que le han obligado a salir del país.