Durante décadas, la desconfianza hacia el Poder Judicial en España ha sido moneda corriente en amplios sectores de la sociedad, desde el comienzo de la transición se consideró que los jueces en demasiadas ocasiones por su identificación mayoritaria con la dictadura, que se desvelaba una y otra vez en sus sentencias y resoluciones se constituían en un verdadero obstáculo para la conquista de la libertad y la democracia.
Mientras que otros sectores enquistados del mismo modo en el aparato político del Movimiento evolucionaron con mayor, menor o nula convicción hacia formas y comportamientos democráticos y constitucionales, militares y fuerzas de orden público, sin ir más lejos.
Entre tanto, el Poder Judicial atrincherado en una carrera profesional que impedía cualquier fórmula de renovación, ponían en peligro o directamente arrumbaban, aun podemos ver algún ejemplo de aquel comportamiento, avances y conquistas sociales conseguidas con enorme esfuerzo por el conjunto de la sociedad española.
Este resquemor se ha mantenido hasta hace bien poco, no olvidemos el caso Dívar por ejemplo, que llevó al Poder Judicial a su cota más baja de popularidad desde que el CIS proporciona estadísticas sobre el grado de aceptación de los ciudadanos de las distintas Instituciones del Estado.
Sin embargo, recientemente razones hay para ello, cunde entre muchos españoles la sensación de que es precisamente el poder judicial el valedor del sistema democrático en estos momentos. Una sensación que se globaliza al comprobar que también fuera de aquí, Portugal, Estrasburgo, la justicia es el único asidero para el respeto de los derechos de ciudadanía.
No solo los casos NOOS, GURTEL ó ERES, donde se percibe con claridad que los jueces son el único muro de contención de la corrupción y de la impunidad del poder político y económico. También en la reforma laboral y en los recortes generalizados, se convierten en muro de contención, advirtiendo al gobierno del Partido Popular de que su mayoría absoluta no puede bajo ningún concepto convertirse en una patente de corso para destrozar derechos básicos de los ciudadanos, especialmente el derecho a la tutela judicial.
Pero es especialmente valeroso, en momentos de un vacío de poder escandaloso como el que estamos viviendo, su comportamiento decidido y decisivo en los desahucios y en las preferentes, no solo impulsando iniciativas para la protección de nuevo de derechos básicos de ciudadanía como la vivienda y el ahorro, sino también convirtiéndose en cauces para la protesta y manifestándose abiertamente partidarios del derecho de manifestación para hacerla efectiva, al tiempo que rechazan por principio que son delincuentes quienes lo practican.
Es claramente una anormalidad democrática, que el Poder Judicial asuma casi en exclusiva la defensa del interés general, en circunstancias de normalidad democrática tan solo deberían ser guardianes e intérpretes. Pero hay claros síntomas de que las democracias del sur de Europa están, digámoslo tecnocráticamente, en comisión de servicio.
Lo cierto es que cada mañana estamos mucho más pendientes de los autos y las resoluciones judiciales, que de las miles de estúpidas declaraciones políticas que los medios se siguen empeñando en elevar a la categoría de noticias.
En estos momentos no es de ninguna manera relevante lo que opinen los líderes políticos de turno de nuestro comportamiento, no están precisamente para dar ninguna lección, ni de legitimidad y mucho menos de moralidad. Nuestro interés ha de centrarse en cómo mantener viva la protesta y en ampliarla. Las protestas sociales no son pacíficas o violentas, son mayoritarias o minoritarias. Hay signos esperanzadores de que la estratégica del miedo es insuficiente para acallarla. La legitimidad que le están otorgando jueces y fiscales a lo largo y ancho del Estado es crucial para todos.
Como dijo Sartre, no es necesario tener esperanzas para actuar.