La labor de oposición al gobierno de Pedro Sánchez desde que anunciara que este sería de coalición con Unidas Podemos está siendo una labor ampliamente compartida por el poder mediático, el poder judicial y el poder político. Su objetivo derribar ese gobierno. Las razones que justifican ese empeño, hasta la fecha inconfesadas.
La estrategia es sostenida y está soportada en el resentimiento, la sospecha y la provocación.
El resentimiento en los medios encuentra su terreno mejor abonado en las tertulias, esa especie de contenedor de residuos tóxicos, de punto limpio, donde terminan depositados los cachivaches a los que solo les queda ser reciclados.
Valgan como muestra las palabras de Eduardo Madina que en una de estas tertulias, hace tan solo unos días afirmaba que la gestión que el gobierno de España había hecho de la pandemia era la peor del mudo.
Miles de ejemplos como este dan cuenta de la toxicidad de las tertulias y del resentimiento de muchos de sus participantes.
Así como el resentimiento campa a sus anchas en las tertulias, la sospecha lo hace en los informativos con el mayor descaro. Cualquiera mínimamente informado ha podido seguir la secuencia de los anuncios que con relación a la vacuna el ministro Salvador Illa ha venido realizando. Cuando declaró que la vacuna sería una realidad antes de final de año, un medio tras otro a través de sus boletines y sus editoriales se apresuraron a levantar un manto de sospecha sobre su afirmación y le acusaron de pretender desviar la atención de su gestión con este anuncio. Cuando días más tarde afirmó que durante el primer semestre de 2021 el proceso de vacunación estaría ya muy avanzado en España en el conjunto de la población, se redoblaron la sospechas de los medios, algunos le acusaron directamente de mentir con la complicidad de un buen número de expertos que no concedieron ninguna credibilidad a sus palabras y, cuando más recientemente ha anunciado que ese proceso daría comienzo en los primeros días de enero, los medios lejos de retractarse de la irresponsabilidad por la desconfianza que habían generado, vuelven a enarbolar la bandera de la sospecha acusando al gobierno de falta de transparencia en el plan de vacunación acordado.
Afirmar que ese resentimiento se respira en algunas de las recientes resoluciones judiciales es muy aventurado y además es arriesgado, pero cunde la percepción de que no pocas de ellas, seguro que por mor de la casualidad, impactan de manera excesiva en el resto de los poderes del Estado. Una percepción en la que el Tribunal Supremo parece haberse especializado.
El Tribunal Supremo viene dando muestras reiteradas desde el juicio del procés de su obsesión por devolver a la política cada hecho juzgado. Bastó con leer la sentencia, aquella joya de la pedagogía jurídica, para que emergiera la sensación de que nada tenía que ver las condenas con el relato de los hechos probados.
Esta obsesión por aleccionar a la política parece haberse instalado en las resoluciones del Alto Tribunal; cerrar cualquier vía jurídica a la modificación de las condiciones penitenciarias de los condenados y, recientemente ordenar a La Audiencia Nacional la repetición del juicio contra Arnaldo Otegui por el caso Bateragune, después de que el tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbara por falta de imparcialidad las sentencias de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y hasta del Tribunal Constitucional. No suena bien el intento de repetición del juicio, no tiene nada de reparador, ni para la justicia, ni para el injustamente condenado.
El aparente pulso del poder judicial a este gobierno no puede convertirse en una constante fuga hacia adelante que obligue a acudir por sistema al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para buscar el amparo.
Si seguir el rastro del resentimiento en las resoluciones es muy delicado, no lo es tanto advertirlo en el comportamiento del poder judicial como poder del Estado. La última rebeldía corporativa ha sido reclamar para sí mismos el derecho de informar al Parlamento sobre una ley que no parece de su agrado. No es informar lo que les toca sino acatar lo aprobado y vigilar con esmero presuntas prevaricaciones de su Órgano y de sus representados. Para informar ya tiene el Parlamento sus propios letrados.
Y de la constante leal provocación de la derecha, ni hablamos, el catálogo es muy variado.
Valga esta muestra. Supongamos que vives en Madrid y decides para verlo iluminado dar un paseo por el centro a última hora de la noche de un día de diario intentando evitar los contagios¿Qué te encontrarás? un Paseo del Prado desierto, festoneado con una gran bandera de España iluminada y sin entender nada, quedarás desolado. Cuando consigues recomponerte piensas si es que ha llegado la Yihad a delimitar un territorio conquistado.
Solo la provocación puede guiar una decisión de esa naturaleza, no hay nada que justifique pervertir de ese modo unas fiestas tan populares.
Terminando estas líneas asisto a la indignidad del alcalde Almeida y de la presidenta Ayuso regocijándose y saludando las protestas de un grupo de ciudadanos contra el ministro de Sanidad durante la celebración de un acto de homenaje a los sanitarios.
Bochorno para rato.