Desde que Thatcher y Reagan llegaron al poder la única política económica que se ha aplicado en la Unión Europea ha sido la ultraconservadora elaborada por Adam Smith, desarrollada por los economistas de la Escuela de Viena y reinventada por Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Son ya más de cuarenta años y los resultados no pueden ser más calamitosos. Según la doctrina oficial de la destrucción, el Estado no tiene que intervenir en los asuntos económicos, es decir no ha de inmiscuirse en nada porque económicos son todos los asuntos, salvo en las cuestiones relativas al orden público interno y externo para reprimir a los disidentes, a los que se oponen a un orden injusto basado en que el pez grande se coma al chico. El Estado ha de convertirse en el guardián de la granja de gallinas en la que de vez en cuando se mete a un zorro para que desarrolle sus habilidades, si en algún momento un gallo levanta la cabeza y planta cara debe ser reprimido y si persiste en su actitud, sacrificado.
Se nos habla constantemente del déficit, que en verdad debe ser controlado pero dentro de unos límites: Cualquier familia normal que compra un piso se endeuda en más de diez veces su producto interior y no pasa nada. Se trata, como en el caso del coranavirus, de tenernos asustados, atemorizados, despistados para que estemos siempre pensando en la catástrofe que está a punto de caer sobre nuestros lomos cuando la verdadera tragedia la estamos viviendo día a día. Precios de alquileres impagables para la mayoría, jornadas laborales interminables y pésimamente pagadas, sustitución de mano de obra por máquinas, imposibilidad de pagar los gastos corrientes, desindustrialización progresiva, economía especulativa y abandono masivo del campo por la acción de los intermediarios y las grandes superficies que compran por debajo del coste de producción.
El libre cambio sacrosanto, intocable en inmarcesible nos está llevando al caos, que es el lugar donde nadie se siente seguro porque ni aún trabajando como mulos tiene garantizado los mínimos ingresos para subsistir
Durante las últimas semanas hemos visto como miles de agricultores, la mayoría mayores de cincuenta años, se echaban a las calles para protestar por esta situación injusta e insoportable. Ha habido polémica porque algunos de los protestantes son terratenientes que reciben subvenciones millonarias de la UE y practican una agricultura intensiva insostenible. Pero no han sido, ni mucho menos, mayoría: La mayor parte de los agricultores que están al borde de la ruina por la continua bajada de precios impuesta por los distribuidores y por la nefasta política agraria de la UE que impide poner precios mínimos son personas que trabajan de sol a sol en pequeñas explotaciones que han de modernizar y transformar cada vez que un producto deja de ser rentable, cosa que ocurre cotidianamente porque siempre habrá un país en el que se produzca más barato por las condiciones laborales de sus trabajadores y el nivel del país exportador con el que se han firmado convenios preferenciales. Y así no se puede seguir, es como si en el fútbol a un equipo se le permitiera cometer penaltis a mansalva y al otro se le pitaran por mirar de reojo al contrario.
El libre cambio sacrosanto, intocable en inmarcesible nos está llevando al caos, que es el lugar donde nadie se siente seguro porque ni aún trabajando como mulos tiene garantizado los mínimos ingresos para subsistir. Pasa en la industria, pasa en las minas y en la agricultura y no es porque exista un salario mínimo -es vergonzoso que un socialista diga que la subida del mismo ha influido en el aumento del paro en Extremadura, ¿quiere que trabajen gratis?-, sino porque el libre mercado ha propiciado la aparición de grandes grupos de distribución que imponen precios inasumibles, amenanzando con comprar en otro país si no venden al precio por ellos decidido. Esa es la cuestión y no otra. Cobrar 950 euros al mes por coger limones y dejarte las manos y los brazos en las pinchas de sus ramas, por recolectar fresas o arándanos arrodillado o en cuclillas durante diez horas al día, por recoger cerezas sobre una escalera sin rozarlas, por trabajar en un invernadero lleno de insenticidas y a cincuenta grados es tan vergonzoso como que el Presidente del BBVA o de Iberdrola cobren lo que cobran por joder al país entero.
La Unión Europea ha estado muy condicionada durante años por las políticas económicas del Reino Unido, llamado en los próximos años a convertirse definitvamente en una colonia de Estados Unidos. Ahora que ese país que nunca debió entrar en la UE ha decidido que su futuro está del lado del Tío Sam y haciendo la vida imposible a la Europa continental es llegada la hora de cambiar de ciclo, de acabar con el salvajismo y la destrucción que han provocado cuarenta años de neoliberalismo. El mantenimiento de una agricultura nacional es capital para cualquier economía por dos razones: Mientras que el clima lo permita ningún país puede renunciar a la soberanía alimentaria, es decir a producir en condiciones óptimas todo aquellos que necesita y a compra fuera aquello que no puede producir o produce de manera deficiente. Bajo ningún concepto es tolerable que entren naranjas de países que no respetan los mínimos derechos laborales mientras las de aquí se pudren en el suelo o se las llevan las grandes distribuidoras a precios insultantes. Ya está bien del siempre más barato porque eso nos lleva a todos a la indigencia. Por otra parte, dadas la condiciones climáticas que la acción humana ha provocado, hacer que el campo sea atractivo para los jóvenes porque sea posible vivir en, con y de él será condición indispensable para recuperar la España vaciada y los ecosistemas amenazados.
Para que ello sea posible es necesario que la UE, y si ella no lo hace tendrá que ser el Estado español, fije unos precios de mínimos de venta por producto; reducir vía impuestos los márgenes descomunales de los intermediarios y distribuidores, propiciar la agrupación de los agricultores para que creen sus propias distribuidoras y puntos de venta directa por todo el país, crear una oficina central de planificación -sí, he dicho planificación- e información que ponga en conocimiento de los agricultores que producción está más o menos saturada, lo que impediría que se produzca de una cosa mucho más de lo que se puede vender. Y en casos tan particulares y tan vitales para comunidades como la andaluza como el aceite de oliva, crear almacenes de retirada que estabilicen su precio.
La Unión Europea, tampoco el Gobierno español, puede permanecer impasible ante el abandono masivo del campo que se está produciendo desde hace años. Si no se dan soluciones positivas a cuestiones tan graves como esta, las instituciones europeas y españolas sólo estarán abonando el camino para que triunfe la extrema derecha.