La revolución democrática conlleva indefectiblemente la supresión de privilegios en todos los órdenes de la vida pública y privada
Decía Eugenio D'Ors, poeta, periodista, ensayista y filósofo, catalanista y, luego, franquista, que “todo lo que no es tradición es plagio”. Se refería D'Ors a la creación artística, donde sin duda es imprescindible conocer y estudiar todo aquello que nos ha precedido para poder crear con originalidad. Hace muchos años acudí a una exposición de Tapies junto a unos amigos. Personalmente soy incondicional del pintor informalista catalán desde que lo conocí, pero inevitablemente vino el debate sobre el arte abstracto, alegando algunos de mis amigos que las pinturas de Tapies -en este caso construidas en torno a un número, a una fecha- podía hacerlas cualquiera. Evidentemente sí, cualquiera que hubiese tenido los conocimientos de arte y la capacidad para sintetizarlos que tenía Tapies, cualquiera que con la genialidad de Tapies hubiese ido creciendo desde el realismo de sus primeros años, al surrealismo, al dadaísmo y a todas las corrientes pictóricas de las vanguardias del siglo XX. Sin embargo, en política, la tradición mal entendida puede derivar en situaciones inmovilistas y retardatarias que lastren durante décadas, incluso siglos, el normal desenvolvimiento de los países. En política, es menester conocer la tradición, es decir saber del pasado y estudiarlo, pero ese pasado no puede condicionar el presente y el futuro de modo inefable y eterno.
Contra la tradición, que políticamente significaba el dominio de los más poderosos sobre el resto de los mortales, se creó el antídoto de la revolución, que en el mundo tuvo dos caminos principales: el francés, mediante la insurrección popular contra la monaraquía, el orden establecido y los modos y costumbres de las élites; y el anglosajón, que también partió del ajusticiamiento de un rey y que fue conformándose a través del tiempo con soluciones pactistas a las que Margaret Thatcher apuñaló por la espalda causándole daños de pronóstico reservado. En uno y otro proceso, una clase social nueva, la burguesa, terminó por controlar todos los resortes del poder, cediendo a lo largo del siglo XX muchas prerrogativas a las exigencias del Movimiento Obrero. Sin embargo, en España -que como dije en otro artículo, tuvo una de las primeras constituciones liberales del continente- la revolución democrática no culminó nunca. No lo hizo durante el Sexenio, en el periodo comprendido entre la Gloriosa y la entrada del general Pavía en las Cortes porque las fuerzas de la tradición, en este caso oscurantismo reaccionario, católico y egoísta, tenían mucho más poder que la modesta pequeña-burguesía y el incipiente movimiento obrero.
La Restauración monárquica que siguió a ese periodo de esperanza simuló una democracia para perpetuar en el poder a los gentiles-hombres del rey y a su clase social, produciéndose durante esos años un hecho de enorme trascendencia: La mezcla de la aristocracia tradicional con la alta burguesía, dinero y títulos nobiliarios, todo ello bendecido por la Santa Iglesia católica, apostólica y romana, y por un sector mayoritario del ejército que sentía tanta devoción por la monarquía como por acrecer sus fortunas personales. Hablamos de trascendencia, porque sería en torno a ese núcleo, a esa nueva-vieja clase social que a lo largo del primer tercio del siglo XX se iría conformando la respuesta del tradicionalismo inmovilista a cualquier ambición de progreso que surgiera dentro de España, de modo que proyectos tan ilusionantes como los que traía la II República fueron triturados sin piedad pese a la enorme puerta de progreso, libertad y justicia que abrían a nuestro país. Luego, con el tradicionalismo salvaje en el poder tras la guerra civil y la feroz represión, habría otra oportunidad, la que se fraguó tras la muerte del dictador. Era esa una posibilidad menos esperanzadora, menos nítida, más atada al pasado como hemos podido comprobar durante los últimos años. No se trató durante la Transición de pactar con las fuerzas del Antiguo Régimen como en el caso inglés, sino con los herederos de una dictadura criminal que en ningún momento cedieron en sus privilegios, ni en sus costumbres, ni en el control de los medios de producción más importantes.
Al no producirse durante los dos últimos siglos el triunfo de la revolución democrática, es decir el relevo en los poderes de los representantes de la “Tradición”, por los de las clases más dinámicas, innovadoras, abiertas, solidarias y preparadas, nos encontramos con una situación tan dramática y “pintoresca” como la que hoy vivimos. La revolución democrática conlleva indefectiblemente la supresión de privilegios en todos los órdenes de la vida pública y privada, lo que habría supuesto el final del presupuesto de Culto y Clero, que es hoy el mayor de la historia, la creación de una policía y una judicatura sin ataduras ni devociones ultramontanas y la anulación de los privilegios territoriales. De haberse producido, hoy, desde luego, nadie estaría hablando del cupo vasco ni de personajes como Torra, Puigdemont y otros elementos del pasado idílico que jamás existió. Es decir, que además de ser un país muy montañoso, lleno de personas orgullosas de su ignorancia, donde llueve poco y mal, donde sigue estando en pie el más grande monumento conocido al fascismo, en el que no duele votar a ladrones, explotadores y falangitos, tenemos que aguantar que quienes más tienen sean quienes más piden y exigen, reclamando pretendidos derechos históricos que jamás fueron como les han contado y que aunque lo hubiesen sido habrían tenido -como sucedió en Francia- que ser abolidos en virtud de los principios fundamentales de Libertad, Igualdad y Fraternidad.
Digo todo esto, porque me alegro muchísimo de que Rajoy y sus colegas hayan sido expulsados del poder político gracias a una moción de censura intachablemente democrática, pero también porque -creo que todos somos conscientes de ello- todas esas fuerzas cuya pervivencia fue auspiciada por la derrota secular de la revolución democrática, siguen gozando de fuerza descomunal entre nosotros y tienen una capacidad de movilización social tan solo equiparable a la que detentan los grandes equipos de balompié, Cárdenas y Sálvame de Luxe; porque independientemente del buen o mal talante de Pedro Sánchez -que ha formado un gobierno pensando en no molestar demasiado a quienes tienen el poder de verdad sin hacer guiños a quienes posibilitaron de forma muy visible el triunfo de la moción sin ser de su partido- el exiguo grupo parlamentario que le apoya no podrá -aunque quisiera- hacer lo que no hizo Felipe González con doscientos dos diputados en 1982, porque las fuerzas de la “Tradición”, entre las que están los partidos nacionalistas españoles -PP y C's- y los partidos nacionalistas periféricos -PNV, Bildu, ERC, PdCat, CUP- van a gritar con más fuerza que nunca y sólo una habilidad negociadora no vista desde tiempos anteriores al nacimiento de Cristo, podría sacar adelante medidas tan imprescindibles democráticamente como la supresión íntegra de la Ley Mordaza y de los artículos calamitosos del Código Penal, la anulación de la reforma laboral que ha empobrecido a la mayoría de trabajadores españoles, la derogación de la Ley Wert, la desaparición del presupuesto de Culto y Clero, el retorno de los científicos que Rajoy envió a otros países con sus políticas suicidas, el ingreso en prisión y la incautación de todos los bienes de quienes hayan metido la mano en el Erario, la democratización de la justicia o la conversión de RTVE en un medio creíble al servicio del interés general. No es mucho pedir, pero la “Tradición” sigue mandando, esperemos que por poco tiempo.